Carta Semanal 857 en catalán

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El pasado 16 de octubre, decenas de miles de pensionistas se manifestaban en Madrid, venidos de todos los rincones del Estado, en defensa del sistema público de pensiones basado en el reparto.

Su exigencia concreta, la de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, expresa el combate contra todos los intentos de “reformar” las pensiones para recortarlas, escudándose en un falso déficit de la Seguridad Social. Intentos que tratan de camuflar la realidad: la única urgencia por reformar el sistema de reparto es la del capital financiero, que quiere meter mano en los miles de millones de euros del sistema de jubilación para especular con ellos en sus fondos privados de pensión (bajo los diferentes nombres y formas que esos fondos adoptan).

No era fácil para los pensionistas ir a Madrid, pasando horas de incómodo viaje en autobuses, pagándose el billete con cargo a menguadas pensiones. Pero la presencia de decenas de miles demuestra su determinación a no ceder, a luchar hasta el fin por una de las principales conquistas de la clase trabajadora, el derecho a la jubilación. Una determinación que es sólo un aspecto de la determinación del conjunto de la clase trabajadora de no renunciar a una sola conquista, de defender todas las reivindicaciones, de recuperar los derechos arrebatados.

Para conseguir llegar al 16 ha habido que vencer muchos obstáculos, los intentos de división interna, la oposición de quienes rechazan una movilización estatal porque no casa con su objetivo de romper la caja única de la Seguridad Social. Pero la fracción pensionista de la clase obrera ha impuesto la unidad en defensa de las reivindicaciones, como sin duda logrará la clase trabajadora en su conjunto.  La unidad sobre la base de un principio claro: gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden.

La movilización de los pensionistas constituye, en sí misma, un llamamiento a todos los sectores a movilizarse por sus reivindicaciones, arrastrando a sus organizaciones o pasando por encima de ellas, en una situación en la que se dan cada vez más elementos para una explosión social.  

El llamamiento de sindicalistas

En la manifestación del día 16 se repartieron ejemplares del llamamiento, firmado por más de 400 sindicalistas, la inmensa mayoría militantes de UGT y de CCOO, en defensa de la exigencia de auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y en apoyo a la propia movilización.

Un manifiesto que se apoya en las resoluciones a favor de la auditoría aprobadas en numerosos congresos de ambas confederaciones, y que expresa la voluntad de otros muchos miles de sindicalistas de CCOO y de UGT de luchar, junto con las organizaciones de pensionistas, en defensa del sistema público de pensiones. Una voluntad que contrasta con la línea de algunos dirigentes confederales de llegar a acuerdos para, según dicen, “salvar la Seguridad Social”, aceptando nuevos recortes de pensiones.

La exigencia de auditoría es más que oportuna, porque su realización permitiría poner de manifiesto que la Seguridad Social es financieramente viable, que no hace falta hacer ninguna concesión para mantenerla. Bastaría con que el Estado devolviera los más de 500.000 millones de euros que –según un estudio de CCOO- han salido de su caja para “gastos impropios”, que no eran el pago de pensiones.  Y con que se cumpliera el artículo 109 de la Ley de Seguridad Social, que compromete al Estado a hacer frente a cualquier posible diferencia entre ingreso y gastos del sistema público de pensiones, con aportaciones a cargo de los PGE. Y no con préstamos.

Tras el 16 de octubre, los promotores del llamamiento han manifestado su voluntad de continuar la campaña, reuniendo a los firmantes, organizando delegaciones a las direcciones confederales.

Reivindicaciones o consenso

Poco antes de la manifestación, el 12 de octubre,  se hizo público un acuerdo entre las direcciones del PSOE y del PP para renovar los principales “órganos constitucionales”. De inmediato, cuatro instituciones importantes, en particular el Tribunal Constitucional y el Tribunal de cuentas, abriendo las puertas a una posible renovación del CGPJ. Acuerdo de consenso que expresa un consenso más profundo, basado en la defensa del Régimen, de todas sus instituciones y, en primer lugar, de la Monarquía, puesta en entredicho cada día por las revelaciones sobre los manejos económicos del llamado “emérito”. Título cada día más impropio para referirse al Borbón ladrón: en la antigua Roma, de donde proviene, designaba al soldado que “había cumplido su tiempo de servicio y disfrutaba la recompensa debida a sus méritos”.

Mientras PP y PSOE proclamaban su consenso en defensa de las instituciones del régimen de la Monarquía, éstas continuaban su trabajo: la fiscalía hacía pública su intención de exonerar a Juan Carlos de Borbón de toda acusación judicial, el Supremo condenaba sin pruebas al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, y el Tribunal de Cuentas se negaba a aceptar la fianza de los republicanos catalanes, exigiendo que paguen con todos su bienes sus supuestas responsabilidades. Como reclama casi 10 millones a UGT por su participación en acuerdos sobre los ERE en Andalucía.

El consenso entre PP y PSOE se complementa con otro consenso, letal para la clase trabajadora: el del “diálogo social” entre gobierno, sindicatos y patronal, en nombre del cual se aplaza una y otra vez toda modificación de las reformas laborales (y con cada aplazamiento, se nos propone una modificación siempre más descafeinada que la propuesta hasta entonces), en nombre del cual se prepara una nueva reforma-recorte de pensiones. No hay que olvidar que el recorte de pensiones de la reforma de 2011, con su retraso de la edad de jubilación a los 67 años y su aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, se basó en el ASE, acuerdo firmado por las direcciones de UGT y CCOO, que pesa como una losa en la consideración de los pensionistas y sus organizaciones hacia las grandes confederaciones.

Defensa del sistema público de pensiones, basado en el reparto, o consenso en el Pacto de Toledo, abriendo paso a los fondos de pensiones privados. Gobierno para la inmensa mayoría trabajadora o consenso con los franquistas. Defensa de las reivindicaciones o diálogo social. No se puede, como dice el refrán, poner una vela a dios y otra al diablo.

De aquí se deprende que el combate de los revolucionarios pasa por plantear, partiendo de las reivindicaciones concretas, la necesaria independencia de las organizaciones. Y relacionar esas reivindicaciones con la lucha contra el régimen monárquico, parapeto del capital financiero y enemigo, como él, de los trabajadores y los pueblos. El consenso es la política que busca salvar al régimen, que quiere hacer pagar a los trabajadores y los pueblos su crisis, qué es la crisis del sistema capitalista.