Tras la sentencia europea, redoblamos la exigencia: ¡libertad para los republicanos catalanes!

(Publicado en la Carta Semanal 761ver en catalán)

El 3 de octubre de 2018, dos días después del referéndum catalán, que la policía y la guardia civil intentaron en vano impedir con la represión, el jefe del Estado, el rey Felipe VI, heredero de la corrupta dinastía borbónica y del dictador Franco, pronunció un discurso televisado en el que llamó a todas las fuerzas del Estado a combatir por todos los medios contra el deseo del pueblo catalán de decidir libremente su futuro y a perseguir a los dirigentes republicanos catalanes.

En obediencia de ese mandato, el Tribunal Supremo inició el proceso contra los dirigentes catalanes, un proceso trucado presidido por el juez Llarena, en el que, como han denunciado eminentes juristas, como el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, la acusación de rebelión, absurda a todas luces, tenía la misión de evitar que el juicio se celebrara en un tribunal de Cataluña. Una demostración de que el papel del poder judicial de la Monarquía no tiene otro fin que defender los intereses del capital financiero, y de sus instituciones, corruptas, machistas y xenófobas. No en vano se trata de un aparato judicial heredado del franquismo sin depuración alguna.

Presidía el tribunal el juez Pablo Llarena, expresidente de la asociación de los jueces franquistas, y con una larga trayectoria de colaboración con el Partido Popular (es participante habitual en las actividades de la FAES). Un juez cuyo nombramiento para el Supremo fue muy contestado (de hecho, Jueces para la Democracia presentó un recurso en los tribunales contra ese nombramiento).

En ese juicio, en el que se condenó a los dirigentes catalanes a largas penas de prisión por el mero de hecho de haber intentado cumplir el mandato que les habían dado sus electores, se pisotearon los derechos de los acusados, muchos de ellos parlamentarios. Ahora, el 19 de diciembre el Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la UE ha dictado sentencia sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en relación con la inmunidad de Oriol Junqueras, eurodiputado electo.

Recordemos que Oriol Junqueras, entonces en prisión preventiva, fue elegido eurodiputado y proclamado como tal en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, los denostados tribunales que no tuvieron más remedio que permitirle presentarse y le proclamaron eurodiputado, no le permitieron recoger el acta ni viajar al Europarlamento, para poder mantenerlo en prisión preventiva.

Es más, el Tribunal Supremo, auténtica cabeza del franquismo judicial, que, para cubrir las apariencias, había solicitado una pregunta sobre esta cuestión a los tribunales de la UE, no esperó a la respuesta y siguió adelante con el juicio y la sentencia.

El tribunal europeo concluye que:

El artículo 9 del Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que: – goza de inmunidad en virtud del párrafo segundo de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión; – esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo protocolo”.

No nos engañemos. La Unión Europea no es una institución democrática ni de lejos. La UE se ha alineado con el Estado español en cada paso contra el pueblo catalán. Pero la UE no puede, sin dejar caer su máscara “democrática”, avalar las aberraciones judiciales. De hecho, hay que recordar que el Tribunal Supremo no ha conseguido que ningún país, ya sea de la UE o no, como el caso de Suiza, avale las acusaciones de sedición y rebelión, por las que han sido sentenciados Oriol Junqueras y los demás presos políticos.

Ahora todos los defensores de las sentencias del procès vienen a decir que “bueno, ha habido un error pero no pasa nada”. El caso es que sí pasa y mucho. Cualquier juez medianamente imparcial declararía nula la sentencia porque no se ha permitido tomar posesión a Junqueras y al haber tomado posesión deberían hacer solicitado un suplicatorio al Parlamento Europeo.

Además esta sentencia facilita el acceso al Parlamento Europeo y a la inmunidad de Puigdemont y Comin, eurodiputados electos en las listas del PDCAT. De hecho ya les han retirado la prohibición de entrar en el Parlamento Europeo y pronto pueden conseguir el acta. La Fiscalía y el Supremo están preparando ya el suplicatorio al Parlamento Europeo para juzgar a Puigdemont y Comín. Son bastante esclarecedoras las declaraciones de diversos constitucionalistas sobre este tema. Y cómo los defensores del Régimen se han alarmado por la sentencia. El cambio es patente entre los “comentaristas” de distintos medios, que empiezan a hablar, olvidándose de lo que decían hace incluso pocos días, de “conflicto político” y de que “no se debió judicializar”.

Si en España hubiese una justicia independiente, ya se estaría hablando de procesar a Llarena y a los demás jueces y fiscales del Supremo implicados por prevaricación.

La única solución. Libertad y democracia

En este nuevo escenario la única solución, que venimos reiterando desde que entraron en prisión es la inmediata libertad de todos los detenidos.

Además, hay que remover el obstáculo que supone para la democracia, para los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los pueblos, el poder judicial franquista, lo que reclama con urgencia la República. Empezando por eliminar la Audiencia Nacional y todos los tribunales especiales y el procesamiento de todos los jueces implicados en esta persecución. De ahí la actualidad de la lucha por la democracia, por la República.

Un gobierno pendiente

Aún no se ha formado gobierno. Pero una cosa está clara, responder a las reivindicaciones de los trabajadores y las exigencias democráticas de los pueblos, y en particular el catalán, exige derogar las contrarreformas, poner fin a los recortes, dar satisfacción a las reivindicaciones, liberar a los presos. En función de esto será juzgado el gobierno que se anuncia con la abstención probable de ERC.

Los que somos partidarios de la unidad de los trabajadores y la autodeterminación de los pueblos, los partidarios de la Unión libre de repúblicas del estado español exigimos:

¡Libertad para Oriol Junqueras y demás dirigentes republicanos!

¡Libertad de los presos políticos!

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