Cierre de filas en defensa de la Monarquía

Carta Semanal 815 en catalán

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Es difícil encontrar un país en que el discurso navideño del Jefe del Estado tenga a las principales fuerzas políticas y sociales y a los medios de comunicación tan en vilo. Parecería una anomalía si no se apreciara exactamente el papel de la institución monárquica como clave de bóveda de todas las instituciones del Estado y como representante del aparato de Estado heredado del franquismo. Como sabemos y no debemos dejar de repetir el Estado y sus instituciones no son neutrales o no están al servicio del conjunto de la ciudadanía. Estas instituciones son producto de las relaciones contradictorias entre las clases sociales y representan los intereses de una minoría -en concreto, del gran capital- al tiempo que preservan los privilegios de la herencia franquista.

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Los trabajadores ante el debate actual sobre los impuestos

Carta Semanal 814 en catalán

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Gabriel Rufián anunció un acuerdo con el Gobierno contra el ‘paraíso fiscal de Madrid’, y el debate que ha seguido ha llamado la atención sobre un cambio de impuestos que el Gobierno está fraguando para cumplir las condiciones impuestas por la Unión Europea para recibir sus ‘ayudas’.

El 16 de diciembre el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre, entre otras cosas,  el marco presupuestario y los fondos “de recuperación”. Incluye entre sus bases un acuerdo europeo sobre “la cooperación en materia presupuestaria”. Las instituciones de la UE asumirán más tareas de control de las medidas de “recuperación” de cada país. En particular sobre la aplicación de la ‘estrategia europea de crecimiento’ basada en la competencia sin trabas. (Resolución B9-0428/2020 del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2020).

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El derecho democrático a la educación exige la derogación de los conciertos y la salida de la religión de la escuela

Carta Semanal 813 en catalán

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El derecho a la educación, que sólo puede asegurarse con la enseñanza pública gratuita y de calidad (luego científica y por tanto laica), forma parte de las reivindicaciones del movimiento obrero desde sus inicios. Por ejemplo, en el programa fundacional del PSOE en 1888, “entre los medios inmediatos para realizar su aspiración” emancipatoria se incluye la “creación de escuelas profesionales y de primera y segunda enseñanza gratuita y laica”.

En las sociedades capitalistas los derechos sólo pueden lograrse de forma parcial, siempre que no comprometan la rentabilidad del capital y su dominación, necesaria para mantener sus privilegios. Esto no significa rebajar la importancia de las conquistas, por limitadas que sean, y por tanto la lucha por arrancarlas. Son importantes porque alivian las condiciones de vida de la clase trabajadora y porque demuestran que sólo mediante la organización y la movilización se pueden conseguir avances. Pero todas las conquistas obreras y democráticas en el capitalismo son precarias, la burguesía siempre las tiene en el punto de mira de sus ataques. Y cada vez más por la destructiva huida hacia delante, hacia más y más barbarie, que implica la supervivencia del capitalismo en su estadio imperialista y las políticas que la acompañan, a las que obedece la magnitud de la pandemia y todos sus efectos sociales que caracterizan este terrible año 2020.

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¡Alto al desmantelamiento de la sanidad pública!

Carta Semanal 812 en catalán

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Descarga del Manifiesto en defensa de la Sanidad Pública

En muchos municipios del Estado español se están cerrando puntos de atención continuada, consultas, centros de salud, las citas en primaria tienen una demora de 15 días por lo general; las consultas médicas son telefónicas como norma; los oncólogos afirman que han dejado de diagnosticarse precozmente un 25 % de los cánceres y, al menos desde marzo, existe una sobremortalidad no justificada; los geriátricos se han convertido en residencias de contagio y muerte. Los gerentes de los hospitales tratan de sustituir la falta de personal con contratos precarios que tienen los días contados; se ha recurrido al ejército para suplir la falta de rastreadores y de personal, y para dirigir el estado de alarma; se impone la movilidad funcional y geográfica a médicos y enfermeras, el personal sanitario está agotado y todos los derechos de los trabajadores de la sanidad son pisoteados, incluyendo el derecho de reunión, los derechos sindicales. Todo en nombre de combatir la pandemia por SARS-CoV-2. Y, ante la indignación y la rabia de los profesionales, el gobierno central y los autonómicos pretenden compensarlo con una paga que no llega para todos, creando más desconcierto y malestar entre los trabajadores de la sanidad. Mejor sería que devolvieran ya el 8 % del poder de compra perdido estos años. Sigue leyendo

Ante la ofensiva de desindustrialización, organizar la lucha contra los despidos

Carta Semanal 811 en catalán

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En abril de este año publicábamos una Carta Semanal con el título “Cuando pase esto van a cambiar muchas cosas”, en la que señalábamos cómo la lógica del capitalismo y las normas de la Unión Europea se oponían a las promesas de recuperar la industria y poner fin a los recortes.

Los hechos han confirmado lo que decíamos entonces. Estamos viviendo, aprovechando la pandemia, una oleada de desindustrialización, sólo comparable a la emprendida por el gobierno de Felipe González para preparar la entrada en la Unión Europea. González y su ministro Solchaga que declaraba que era positivo que España se convirtiera en un país de «servicios» en nombre de la entrada en el MCE (Mercado Común europeo hoy Unión Europea) en 1986. Esta nueva desindustrialización afecta a todos los sectores. Esta oleada hoy, se desarrolla en paralelo al desmantelamiento de los servicios públicos, las «ayudas» para su privatización, y a un nuevo plan de destrucción de empleo en la banca que supone la pérdida de entre 15.000 y 20.000 empleos. Por ejemplo la supuesta ayuda a la sanidad con fondos europeos ,que aconseja el FMI se intenta orientar a la “colaboración público-privado”, o sea, a la Sanidad privada.

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La crisis (artificial) migratoria

Carta Semanal 810 en catalán

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Cuando escribimos esta carta, ha llegado a haber cerca de 2500 inmigrantes  hacinados, durmiendo en el suelo y al aire libre, en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), adonde las patrulleras de la Guardia Civil conducen a los inmigrantes que intentan llegar en pateras a Canarias. El lunes pasado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decía en una entrevista en Antena 3 que en el muelle de Arguineguín [los migrantes] no están nunca más de 72 horas porque pasan al régimen de acogida”, una afirmación que se han apresurado a desmentir la alcaldesa de Mogán, Analia Bueno; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; la presidenta en Europa de la organización Human Rights Watch, Judith Sunderland; el  Colegio de Abogados de Las Palmas y el propio juez del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), Arcadio Díaz, que explica el caso de siete migrantes que estuvieron 24 días en el muelle “con la misma ropa”. La alarma se instala en la población, porque actualmente hay casi la misma gente en el muelle de Arguineguín que en todo el pueblo.

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El gobierno quiere prorrogar un año el tratado que regula las bases de Rota y Morón

Carta Semanal 809 para descargar en PDF

Carta Semanal 809 en catalán

En El País del 11 de noviembre, Miguel González nos explica que, aunque el “convenio de Defensa” con los EE.UU. vence el próximo 21 de mayo, tras ocho años de vigencia, el Gobierno español ya ha decidido prorrogarlo por un año, “para dar tiempo a que la nueva Administración demócrata, presidida por Joe Biden, se forme y defina sus líneas políticas”.  Ese “convenio de defensa” permite la cesión de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) a los EE.UU., sin ningún control por parte del gobierno español sobre la equipación de esas bases. Ni siquiera se puede saber si albergan o no armas nucleares. Comenta el artículo que “tampoco el Gobierno tenía otra alternativa pues, de haber llegado al 22 de mayo sin un convenio en vigor, se habría iniciado el plazo de un año para que EE UU retirase sus tropas de España”. Una situación que, sin duda, habría añadido presión a los EEUU en la renegociación del convenio, pero que el gobierno ha decidido evitar.

Nadie espera que la administración Biden vaya a cambiar su política con respecto a las bases militares ni a la exigencia de que los “aliados” incrementen su gasto militar. De hecho, el proyecto de PGE incluye un aumento del 5% en el gasto militar, como señalábamos en la Carta Semanal de la semana pasada.

La política exterior de un gobierno es una buena muestra de su política en general; hay una relación estrecha entre este «regalo» al «nuevo » presidente americano y la tonalidad general de los presupuestos, que no responden a los intereses de la mayoría(ver anterior carta). A nosotros NO nos guía otro interés que el de la mayoría social, y en ningún caso creemos que «cuanto peor, mejor». Todo aspecto positivo merece el apoyo de los trabajadores, por tanto el nuestro. Pero cómo es posible dar la espalda a lo que ha sido tradicionalmente una de las mejores tradiciones de los trabajadores y los jóvenes de nuestro país, la lucha contra la guerra. Estamos convencidos de que coincidimos en esto con la inmensa mayoría de los compañeros del PSOE y de Podemos, con IU, cuestión que sin duda les llevará a reflexión. Sigue leyendo

Ante la gravedad de la situación, ¿estos presupuestos son los que necesita la mayoría?

Carta Semanal 808 para descargar en PDF

Carta Semanal 808 en catalán

El pasado 28 de octubre el gobierno presentó, en el Congreso, la propuesta de presupuestos para el año 2021. Con toda pompa los calificó de “históricos” y Sánchez en particular declaró que “son unos presupuestos progresistas y son los presupuestos que nuestro país necesita”. Se trata de meras declaraciones cuya credibilidad es muy débil a los ojos de los trabajadores, después de las numerosas promesas incumplidas, así como su falta a la verdad en anuncios como el de marzo, de que habían prohibido los despidos. Y lo que importa son los hechos, de modo que vamos a ellos.

Caratula_808Ninguna medida de política económica puede evaluarse seriamente de forma desconectada del marco en el que tiene lugar. Por eso, para evaluar el alcance y significado de estos presupuestos debe considerarse, antes de nada, el contexto social actual. Como hemos explicado numerosas veces en nuestras publicaciones, la pandemia, su brutal magnitud, no cae del cielo, no es un hecho externo a la grave crisis capitalista que se arrastra por mucho tiempo, por más que permaneciera más o menos latente en los últimos años. Al contrario, la pandemia en toda su extensión es el resultado de esta crisis y las políticas que la acompañan: privatización y desmantelamiento de los servicios públicos, precarización laboral, investigación no orientada a las necesidades de la mayoría sino al interés de los negocios privados, etc. Por eso un simple patógeno respiratorio provoca la barbarie que padecemos y que hace aflorar la crisis latente, disparándola. Y ni siquiera ante esta situación tan grave el gobierno central y los autonómicos han revertido los recortes con un verdadero plan de choque adecuadamente financiado.

Unos presupuestos que vienen en un momento dramático

Para resumir muy brevemente la situación, digamos que los muertos se cuentan por decenas de miles y los desempleados por millones.
En el terreno sanitario es el resultado de esas políticas que, por ejemplo, reducen el 8% las camas hospitalarias entre 2005 y 2019 (de 365 por cada 100 000 habitantes a 337). En la Comunidad de Madrid se cerraron casi 3 000 camas y se despidió a 3 200 trabajadores de la sanidad pública, además de disparar la precariedad laboral. Más de la mitad del gasto sanitario se ha desviado a empresas privadas -tanto conciertos como hospitales privatizados-, en donde anida la financiación ilegal del PP. A escala estatal sólo en el periodo 2010-2013 se redujo el presupuesto sanitario en un 12%. Al mismo tiempo, la pandemia ha evidenciado enormes déficits en la enseñanza y el transporte público. Sigue leyendo

Sobre las elecciones de Bolivia

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Carta Semanal 807 en catalán

Publicamos este documento elaborado por camaradas latinoamericanos en que se establece un análisis claro de cómo se enmarca la situación de Bolivia en el contexto continental en vísperas de las elecciones en los EEUU.


La resistencia de las masas al golpe vuelve a llevar el MAS al poder

Hace un año, después de acciones violentas de la derecha y motines de policías contra un pretendido “fraude” en las elecciones que daban la victoria a Evo Morales para un cuarto mandato en Bolivia, el alto mando de las FFAA “sugirió” la renuncia del presidente y de su vicepresidente, Álvaro Garcia Linera, para evitar un “baño de sangre”.

Vale recordar que también la dirección de la COB (Central Obrera Boliviana) pidió al “compañero Evo” que renunciara para evitar la “guerra civil”. La OEA, una agencia del imperialismo de EEUU, llamada a supervisar las elecciones por Evo, tuvo un papel decisivo al publicar un relato indicando “irregularidades” en las mismas. Evo Morales y García Linera renunciaron y salieron de Bolivia rumbo a México, mientras en El Alto y otras regiones del país, las movilizaciones de indígenas y trabajadores se enfrentaban con una brutal represión con decenas de muertes, coreando “Evo, no estás solo”.

Desde el exilio mexicano y después desde Buenos Aires, Evo y Linera siguieron dirigiendo el MAS, denunciando el rol de la OEA en el golpe. La senadora derechista Jeanine Añez asumió la presidencia interina, violando la Constitución (emanada del primer mandato presidencial de Evo) y con la omisión de diputados y senadores del MAS, que tenía mayoría en las dos cámaras del parlamento.

Evo y Linera siempre orientaron el MAS y su base popular a “tener paciencia” y esperar nuevas elecciones, aceptando la prohibición de los golpistas de que ellos fuesen candidatos. Cambiando inclusive el  primer candidato anunciado por el MAS –un joven cocalero de Chapare (bastión de Evo)– por Luis Arce, su “moderado” ministro de Economía, teniendo como vicepresidente a David Choquehuanca (excanciller de Evo, que fue el único presidente “progresista” que acudió a la toma de posesión de Bolsonaro en Brasil).

El hecho indiscutible es que las masas populares y la clase obrera –a pesar de su posición inicial, la COB  participa en la resistencia al golpe– derrotaron en las urnas, en primera vuelta (55% de los votos para Arce) a Carlos Mesa  (29%, centroderecha), Luis Fernando Camacho (el “Bolsonaro boliviano”, 14% votos), con la retirada de otros dos candidatos que apoyaron el golpe, Dorian Medina y Tuto Quiroga, contra Evo y el MAS.

La victoria electoral de Luis Arce es debida no a la “táctica genial” de Evo –como dicen los miembros del Foro de São Paulo, al cual pertenece el MAS– ni tampoco a las teorías de “capitalismo andino” y “plurinacionalidad” de Linera. Fue la resistencia de las masas populares y trabajadoras de Bolivia, resistencia abandonada por sus líderes principales en el momento del golpe, pero que se mantuvo,  incluso durante la pandemia. Se debe a los indígenas, mineros, fabriles, maestros que no aceptaron el golpe promovido por  una oligarquía racista –menos del 20% de la población boliviana es “blanca”, privilegiada con la propiedad de las minas y el agronegocio, apoyada por los milicos y el imperialismo de EEUU.

La victoria en la primera vuelta de Arce se explica también por la división de las candidaturas de derechas –cada una representaba intereses oligárquicos regionales, solo unidas en la sumisión al imperialismo– y por la crisis del sistema y del gobierno Trump en EEUU, acelerada por la explosión social en medio de la pandemia (“Black lives matter”) y en vísperas de las elecciones del 3 de noviembre.

Un detalle, que puede tener consecuencias, si recordamos la inminencia de secesión que hubo en el primer gobierno Evo (2006-09): Carlos Mesa ganó en dos departamentos de los 9 de Bolivia, Tarija y Beni, mientras que Camacho ganó en Santa Cruz, importante por el agronegocio e históricamente separatista (cambas X collas[1]) respecto del altiplano occidental. Santa Cruz tiene hoy un estatuto de autonomía –negociado con el MAS en la Asamblea Constituyente (2009)– muy amplio.

 ¿Y ahora?

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