Cuatro años y medio de gobierno Rajoy: el balance de la represión

(Publicado en la Carta Semanal 584)

Carta-584En la Carta Semanal anterior hacíamos un balance de lo que ha supuesto el gobierno Rajoy y las consecuencias que tendría su perpetuación. Algunos lectores de esa carta han llamando nuestra atención sobre un aspecto importante de la actuación de este gobierno: el ataque a las libertades y derechos democráticos, la represión contra el movimiento obrero y sus organizaciones, contra los jóvenes y contra los partidarios de los derechos de los pueblos. Dedicamos esta carta a esa cuestión.

Una conspiración de Estado

En plena campaña electoral, alguien filtró a un medio de comunicación grabaciones de varias conversaciones mantenidas en octubre de 2014 por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el entonces presidente de la Agencia Antifraude catalana, el magistrado Daniel de Alfonso, considerado próximo a Unión Democrática.

En esas conversaciones conspiraban para sacar a la luz trapos sucios (y fabricarlos) de dirigentes de Convergencia, del gobierno catalán, de ERC. Una operación política contra el sector “independentista”. Se ponían de acuerdo para utilizar al efecto a policías, fiscales, a la propia agencia Antifraude… Es decir, el Estado, el aparato de Estado franquista y sus adherencias “democráticas” eran utilizados para una operación política de descrédito de personajes y cargos políticos por parte del PP y sus amigos de la derecha.

Lo más grave de todo es que Fernández Díaz sigue siendo ministro y fue quien organizó las elecciones del 26J.

Esto sería difícilmente concebible en países de tradición democrática, pero el régimen monárquico es el régimen de los herederos de Franco, su aparato represivo (policial y judicial) es el mismo de la dictadura, buena parte del entramado empresarial y financiero es el que sostuvo a la dictadura y el PP es precisamente la representación política de todos ellos.

La intensa actuación represiva y regresiva de cerca de 5 años de gobierno del PP ha hecho aflorar la matriz franquista del régimen.

La represión forma parte de una estrategia de ataques

Para imponer su política de recortes de derechos y conquistas sociales, el gobierno necesitaba atacar a la capacidad de resistencia del movimiento obrero, y en particular de sus organizacio­nes, sobre todo los sindicatos. Una estrategia que se he llevado a cabo en distintos campos.

En primer lugar, mediante el recorte de recursos económicos y humanos. Los diferentes gobiernos han reducido el número de horas sindicales y de representantes sindicales, incumpliendo en la mayoría de los casos acuerdos previos. También se han recortado drásticamente las subvenciones y, con la excusa del fraude, se ha expulsado a los sindicatos de la gestión de los fondos de formación, que quedarán en manos de empresas privadas (cuando hasta ahora ha sido en esas empresas donde se ha concentrado la inmensa mayoría del fraude detectado).

En segundo lugar, con la campaña mediática, en la que se han comprometido casi todos los medios, tanto de “derechas” como de “izquierdas”.

En tercer lugar, mediante los ataques judiciales a las organizaciones (cuyo culmen fue la toma policial de los locales de UGT Andalucía en diciembre de 2013, con la excusa de irregularidades en la gestión de fondos de formación)

Y, finalmente, la represión pura y dura contra los sindicalistas y los activistas, que se ha centrado en dos vías: la Ley-Mordaza y la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal contra piquetes de huelga.

La Ley Mordaza

En marzo de 2015, el gobierno Rajoy impuso, con su mayoría absoluta y con el voto en contra de todos los demás partidos, su nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida, con razón como Ley Mordaza, que imponía sanciones administrativas para toda una serie de conductas, que quedaban así fuera del ámbito judicial.

La ley entró en vigor el 1 de julio de 2015, y, sólo hasta el 28 de enero de 2016, poco más de seis meses, había supuesto la imposición de 40.000 sanciones, lo que supone una media de 29,4 sanciones al día. El total de las multas impuestas superó los 18 millones de euros. Y eso sin contar las impuestas por la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra. Por tanto, los datos de Cataluña y País Vasco están infrarrepresentados.

La principal causa de esas sanciones fue el consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, que acumula 18.000 sanciones. Los Tribunales habían dictaminado que no era delito, pero la Ley-Mordaza lo recupera como falta con sanción administrativa, persiguiendo de nuevo a los consumidores.

La segunda causa de sanción han sido “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”, motivo por el cual se han tramitado 6.217 sanciones, con un total de 906.000 euros (con multas de entre 100 y 600 euros, una media de 145 euros por sanción). La discrecionalidad de este supuesto, que no necesita ser probado, es absoluta, pues el artículo 52 de la ley establece que la “denuncia” del agente constituirá “base probatoria suficiente”. Valga como ejemplo el caso de un vecino de Málaga que fue multado por utilizar la palabra “colega” para dirigirse a los agentes de seguridad el 5 de julio de 2015, durante una prueba de alcoholemia. La conducta del hombre fue descrita en la citada multa como “despectiva y desconsiderada”, y le costó 300 euros de multa.

“Ahora el Gobierno es juez y parte sobre una serie de infracciones que antes estaban en manos de jueces independientes”, explica Joaquín Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia. “En el ámbito judicial la palabra del agente no es suficiente, hay que probarlo”, añade. “Ahora las sanciones no son resueltas por un juez imparcial sino por un Gobierno que puede tener intereses políticos ante protestas sobre su gestión”.

La tercera causa de multas fue la “desobediencia o resistencia a la autoridad”, que supuso 3699 sanciones, con un total de 2.363.190 euros en multas (casi 640 euros cada una). Este artículo de la ley está redactado de manera tan ambigua que permite sancionar conductas de resistencia pasiva, por ejemplo, en sentadas de protesta.

Le siguen las multas por “desórdenes públicos”, que fueron un total de 2027, con 1.260.000 euros en multas (620 € de media).

Los destinatarios de esas multas han sido en primer lugar jóvenes, con cualquier pretexto, sindicalistas, periodistas, activistas sociales y políticos. El PP quisiera volver a los tiempos de la dictadura.

Artículo 315.3 del Código Penal. Los 300 procesados

En el caso de los sindicalistas, el primer instrumento represivo es el franquista artículo 315.3 del Código Penal, dirigido contra los piquetes de huelga. Amparados en este artículo, policías y fiscales –ambos sometidos jerárquicamente al gobierno– han organizado una verdadera persecución contra los sindicalistas, que busca, en última instancia, la ilegalización de los piquetes de huelga.

En cada acusación, se puede comprobar la colusión de los fiscales y la policía, con la colaboración de los jueces, para incriminar a los sindicalistas. Cómo eligen siempre que pueden acusar a los dirigentes sindicales y cómo se ponen de acuerdo para identificarles como los “culpables” y para ofrecer testimonios concordantes y a menudo inverosímiles (por ejemplo, la acusación a un dirigente sindical de haberle fracturado un dedo a un policía con el palo de una bandera , que es de plástico).

O el caso de Andrés Bódalo, sindicalista del SAT, que esté en prisión cumpliendo una condena de tres años. En este caso, el juez convirtió un mero juicio de faltas en un proceso por “atentado a la autoridad” por agresión a un concejal. Luego, le ha condenado haciendo caso omiso de los testimonios de la Guardia Civil, que le exculpaban, y negándose a aceptar como prueba el video de los hechos grabado por la propia Guardia Civil que también le exculpaba. O la provocación judicial contra Alfon, a quien, acusado de tenencia de material explosivo, se le aplica en prisión un régimen penitenciario durísimo.

Ya hay varios compañeros más condenados, como los ugetistas de Arcelor, condenados a más de cinco años de prisión. En este caso, el juez, que se negó a escuchar a todos los testigos de la defensa, ha procesado por falso testimonio a los pocos que dejó declarar. Pepe Álvarez ha anunciado que recurrirán al Tribunal de Estrasburgo. No es asunto nuestro cuestionar la estrategia jurídica de defensa, pero nos preguntamos ¿No debe ser el movimiento obrero, con sus propios métodos, quien salve de la prisión a estos compañeros?

Sigue la guerra sucia contra los nacionalistas

La conspiración de Fernández Díaz y Alfonso contra dirigentes ‘independentistas’ no es algo accidental. Desde 2012 se ha recrudecido la guerra sucia del Estado en Cataluña, como parte de la política de imponer por la fuerza la supuesta unidad de España. Una política que ha incluido el desplazamiento masivo de tanquetas y agentes policiales y más recientemente el traslado de 100 tanques del ejército a Cataluña.

Por ejemplo, la propaganda del Estado amañó la especie de que el ex alcalde de Barcelona, Trías, tenía cuentas en el extranjero, acusación que tuvieron que retirar. Era un invento.

Hay que tener en cuenta que la propaganda masiva de ABC, El Mundo, La Razón, RTVE, la televisiones privadas, las editoriales, contra el pueblo catalán, sus representantes, sus instituciones, absorbe cantidades milmillonarias (mucho más que la considerable propaganda independentista) para crear un clima de enfrentamiento entre los pueblos.

Hay que decir que, vergonzosamente, algunos prohombres “de la izquierda” e intelectua­les afines se permiten colaborar en esta nueva cruzada.

Una sola salida, derrotar a Rajoy, impedirle gobernar

Durante meses, los principales dirigentes de UGT y CCOO aseguraron que tenían un acuerdo con el gobierno para derogar el artículo 315.3 y para que se concedieran indultos a todos los condenados. Nada de eso se produjo.

También pusieron sus esperanzas, como muchos trabajadores y trabajadoras, en un “cambio de ciclo político” que permitiera formar un gobierno que derogara todo el arsenal represivo del régimen.

Ahora, resignarse a un nuevo gobierno Rajoy tendría graves consecuencias. Si se forma un nuevo gobierno Rajoy, el futuro es negro para los procesados y condenados. Por eso, los dirigentes de las principales organizaciones políticas y sindicales que hablan en nombre de la clase trabajadora y de los pueblos tienen un deber ineludible: ponerse de acuerdo para evitar que Rajoy forme gobierno, y para combatir, unidos, por la derogación de todas las contrarreformas y en especial de las leyes represivas.

Sirva de símbolo la situación de las víctimas del franquismo cuando falta una semana para que se cumplan 80 años del alzamiento fascista de julio de 1936. Más de dos mil fosas y cunetas, unos 150.000 cadáveres estimados siguen esperando el reconocimiento, la justicia y la reparación. Como muchas otras víctimas. Los limitadísimos pasos del gobierno Zapatero fueron anulados drásticamente por Rajoy, que cortó los escasos fondos destinados a apoyar exhumaciones, y lo ha justificado ante la ONU alegando la crisis económica.

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