La crisis del gobierno andaluz “de izquierdas”

(publicado en la Carta Semanal 469)

Carta-469El pasado 6 de abril, en Sevilla, domingo, a primera hora de la mañana, en una operación policial aparatosa, que parecía destinada a capturar a un comando del Al Qaida en lugar de a desalojar a 20 familias trabajadoras, la Policía Nacional, por orden de la Delegación del Gobierno en Andalucía, y cumpliendo una sentencia de desalojo instada por Ibercaja, desalojaba a las familias que desde hace dos años ocupaban un edificio de pisos vacío, propiedad del banco, constituyendo la “Corrala la Utopía”.

Ante la impotencia de los cientos de personas que, convocadas apresuradamente, se concentraban ante el edificio, las familias fueron desalojadas. Intentaron entonces encerrarse en la catedral de Sevilla, de donde de nuevo les echó la policía a instancias del Arzobispo. Finalmente acamparon ante el Ayuntamiento de Sevilla, para exigir al alcalde, Juan Antonio Zoido, del PP, que les facilitara unas viviendas de las más de 500 que el consistorio tiene vacías. Ante la negativa de Zoido, el miércoles 9 de abril, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en manos de IU, dictó órdenes de realojo para 17 familias al entender que se trataba de una acción de emergencia. Pero esta decisión de IU desencadenó una crisis en el gobierno de coalición PSOE-IU de la Junta de Andalucía.

La cuestión es el respeto a la propiedad privada de los Bancos

Una pregunta corría el día 6, entre el centenar de personas que estábamos concentrados tratando de impedir el desalojo: ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy, domingo, cuando mañana, lunes, está prevista una reunión para intentar realojar a esta gente? Un respuesta se impuso: el Gobierno Rajoy trataba, precisamente, de evitar una solución negociada que, a los ojos de la gente, y especialmente de los miles que están perdiendo sus viviendas, pudiera estimular la idea de que ocupando una vivienda se puede llegar a un acuerdo. Había que imponer la línea de “mano dura” para desanimar la lucha por una vivienda.

Cabía esperar que por encima de otras diferencias la Junta de Andalucía se enfrentase a la escandalosa intervención del Gobierno. En lugar de eso, la presidenta Susana Díaz se opuso a que la Junta tomase medidas de emergencia para que las familias desalojadas no quedasen en la calle.

El día 9, al abrirse la crisis en el gobierno de la Junta, otros muchos preguntaban: ¿todo este jaleo, incluyendo la amenaza de ruptura de la coalición de gobierno, por 20 viviendas? La respuesta es que “todo este jaleo” sirve para garantizar a los bancos, propietarios de miles de viviendas vacías, que la Junta está de su lado.

Así, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, declaraba que “quien ocupa ilegalmente una vivienda no puede tener más derechos que quien pacientemente cumple con la Ley, aunque a veces lo pase realmente mal”. Unas declaraciones confusionistas y divisoras que contraponían demagógicamente el realojo de emergencia a los derechos de 10.000 sevillanos a los que la Junta no ha resuelto el problema de la vivienda. Y exigían a los trabajadores que sean pacientes y resignados y aguanten sin sublevarse la injusticia de los especuladores aunque les hunda la existencia. Proteger la propiedad de los especuladores era el objetivo fundamental de esas declaraciones, más propias del PP, que se hacían –no es casualidad– en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, lobby al servicio de los grandes grupos empresariales de España (prácticamente todos los valores que cotizan en el Ibex-35 forman parte de esta organización de “carácter privado, independiente y no partidista”).

Susana Díaz lo tiene muy claro: la Junta de Andalucía debe buscar la alianza con los banqueros. Así, el pasado 16 enero, anunciaba un acuerdo de financiación con el Banco Santander, junto con el Presidente de éste, Emilio Botín. Agradeció entonces a Botín la apuesta por Andalucía, una comunidad “solvente, fiable y atractiva para invertir”, y añadía que el acuerdo firmado era un “símbolo de la alianza con el primer banco de España” y Andalucía, que representa “un factor de estabilidad política y económica” para el conjunto del país. Susana Díaz añadió que el acuerdo era muestra de que el Banco Santander compartía “la certeza de que merece la pena invertir en Andalucía”.

Por su parte, Emilio Botín anunciaba que había “compartido plenamente” con la Junta sus prioridades en materia de “empleo, mejora de la competitividad de las empresas, simplificación administrativa y mejora de prestación de servicios a los ciudadanos”, y felicitaba a Díaz por la iniciativa de impulsar una Ley para reducir trabas administrativas “que permita aumentar la inversión y la confianza empresarial en esta gran región, que también beneficiará a la creación de empleo”.

PSOE e IU reparan el acuerdo de gobierno

Naturalmente, todas estas garantías de estabilidad y respeto por los bancos inversores chocaban directamente con la imagen de que la Junta de Andalucía cedía ante unos okupas –para colmo, de viviendas de un banco– y les facilitaba viviendas. Por eso Susana Díaz retiró de inmediato por decreto las competencias de entrega de viviendas a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, y obligaba, tras unos días de conversaciones, a IU a dar marcha atrás, dejar sin casa a la mitad de las familias de la Corrala Utopía y entregar viviendas provisionalmente sólo a ocho familias. Provisionalmente –repetimos– porque, según el comunicado difundido por la Junta tras el acuerdo que cerraron PSOE e IU, “revisadas pormenorizadamente las circunstancias particulares de todos y cada uno de ellos, se ha concluido que ocho de estas familias pueden permanecer provisionalmente en los inmuebles en los que han sido realojados de forma transitoria”. Pero se añade que, “con carácter urgente”, los servicios sociales comunitarios –es decir, los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla, controlado por el PP– deberán ratificar su situación y acreditar “fehacientemente el riesgo de exclusión social”. Las demás familias entrarán en la lista de espera normal para una vivienda social.

Para contentar a las bases de IU, y a la inmensa mayoría de los militantes socialistas, muy descontentas con este arreglo que les permitía seguir en el gobierno de la Junta, se ha esparcido el rumor –no confirmado por ningún dato– de que la Junta iba a pagar un alquiler a las demás familias de la Corrala.

A todo esto, lo sucedido con la Corrala demuestra la patética inutilidad de la medida “estrella” del “gobierno de izquierdas”, la que justificaba todas las demás concesiones, los recortes sociales efectuados por el gobierno Díaz-Valderas: la famosa Ley Antidesahucios, aprobada por el Parlamento andaluz el 25 de septiembre de 2013, y pronto suspendida por el Tribunal Constitucional. Esa ley, que prevé expropiar en determinados casos individuales a los bancos el uso de algunas viviendas durante tres años, ha dejado intacto el problema social de la vivienda.

A partir de aquí, hay un reparto de papeles. La consejera de Fomento y un sector de IU se han dedicado a jalear las ocupaciones individuales y los movimientos que propugnan la dación en pago, es decir, quitar las peores aristas de los desahucios. Son el “ala combativa”, mientras otros sectores de la Junta se desmarcan de la “agitación populista”. Pero la política común de toda la Junta es no tocar las decenas de miles de pisos que los bancos tienen vacíos en Andalucía, no levantar al pueblo andaluz contra esa injusticia. El gobierno bipartito, en lugar de dar una solución socialista a ese grave problema social ocupando masivamente los pisos vacíos desde el gobierno andaluz, desde el BOJA, legitima la política del gobierno Rajoy que protege a los banqueros, que frenan el abaratamiento de las viviendas, niegan el crédito y además expropian con un auténtico terrorismo.

Seamos claros: cuando una familia, abandonada por los poderes públicos, se lanza a ocupar un piso para sobrevivir, está reclamando que los que gobiernan en nombre de la mayoría legislen y tomen medidas para defender el derecho de todos a la vivienda, resolviendo el problema de miles y miles de familias. No es de recibo que un gobernante aplauda las ocupaciones individuales para cubrir su política antisocial. No digamos ya si el mismo gobierno tiende la otra mano al PP que machaca a los ocupas.

Esta política de aplicar los recortes en la sanidad y la enseñanza y no ponerse siquiera a la cabeza del movimiento de los jornaleros o de los que reclaman el derecho a la vivienda es una política que no es propia de un gobierno de izquierdas, sostiene al gobierno Rajoy y allana el camino para que el PP se adueñe del propio gobierno andaluz.

La derecha no se contenta con lo que hasta ahora ha hecho la Junta bipartita, exige más y más capitulaciones, y Susana Díaz –línea directa con Rajoy– está dispuesta a llevar al PSOE y a IU a ello. En particular, a los sectores de IU que tratan de estar en el gobierno y a la vez aparecer en la oposición les exige que corten el juego.

Es la línea de Susana, que, en otro terreno, ha demostrado que está dispuesta a apoyar la campaña judicial contra los sindicatos poniendo contra las cuerdas a UGT. En última instancia, es la garantía de que el gobierno de coalición IU-PSOE puede ser fiable para los inversores atacando las organizaciones de los trabajadores y no sólo aplicando los recortes sociales “por imperativo leal” como decía cínicamente el vicepresidente de IU de la Junta, Diego Valderas, o incluso llegando más allá (la Consejera de Hacienda de la Junta presumía de que no sólo había cumplido en 2013 las exigencias de recorte del déficit, sino que las había superado).

Tras Susana Díaz se asoma la sombra de su mentor, Felipe González, quien, el 2 de abril, declaraba, a propósito de una posible “gran coalición” a la alemana que el Ejecutivo de Mariano Rajoy sabe que está “disponible para echar una mano”, y que hay que superar las “arrogancias, se tengan o no mayorías” e intentar dialogar “y pactar y pactar”. Pocos días después ,el 8 de abril se escenificaba el primer pacto contra natura, el voto del PSOE con el PP contra la consulta en Cataluña en el Congreso de los diputados. Una decisión en la que ha intervenido activamente Susana Díaz para que el PSOE hiciera piña con el PP en contra del derecho a decidir de Cataluña (y, que, al posicionarse contra los derechos del pueblo catalán, lo hace contra los derechos de todos los pueblos, incluido el andaluz). Ahora, su discípula Susana, ha demostrado que está dispuesta a ir más lejos en el acercamiento y el sometimiento al PP.

González añadió que no  ve “viable” un Gobierno de coalición PSOE-IU, salvo que la federación de izquierdas cambie su discurso “y algunas de las utopías regresivas”, aunque dijo que en el caso de Andalucía estas utopías “se han abandonado bastante”.

¿Para que nos sirve un gobierno de izquierdas?

Los trabajadores y trabajadoras de Andalucía dieron, al mismo tiempo que se preparaban para la Huelga General contra la reforma laboral de Rajoy, una mayoría al PSOE y a IU para que defendieran los mismos derechos y reivindicaciones que iban a defender con esa huelga.

El gobierno de coalición “de izquierdas” se levantó en contra de ese mandato popular, para aplicar los recortes que imponen la Troika y Rajoy “por imperativo legal”. Hoy, de nuevo, ese gobierno se levanta contra el derecho a la vivienda y a favor de los derechos de los bancos. Pero esa decisión del gobierno es contraria a la voluntad de la inmensa mayoría de trabajadores y jóvenes de Andalucía. Hay que cambiar ese curso antes de que sea demasiado tarde y el desengaño y la división de los trabajadores hayan creado condiciones para que el PP tome el gobierno andaluz, con unos u otros apoyos. Hay que unir fuerzas entre los trabajadores y en todas sus organizaciones para exigir al PSOE y a IU ese cambio, sobre la vivienda, sobre la sanidad, la enseñanza o la cuestión agraria.

Después del 25 de marzo del 2012, en que una mayoría de diputados del PSOE e IU fue elegida, una Carta firmada por 1700 trabajadores se dirigía a ellos para decir en particular: ”Compañeros: tenéis una responsabilidad importante. El mandato electoral del pueblo andaluz os obliga  a defender los servicios públicos, sin aceptar los recortes que pretende imponer Rajoy para contentar a Bruselas  y los mercados financieros. Que hagáis una política socialista, una política de izquierdas que no acepte las imposiciones de los mercados. Ese mandato no puede ser traicionado”

Quien puede cuestionar la actualidad de esta exigencia?

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