(Publicado en la Carta Semanal 660)
El sistema autonómico es producto de los pactos de la Transición, que implicaba constituir 17 regiones y transferir a estas una serie de competencias cuya financiación ha sido siempre fuente de conflictos; hoy la situación ha llegado a un limite en el que todas las fuerzas políticas, incluido el PP, hablan de reformar el sistema.
Cuando se discute la reforma del sistema de financiación autonómica, basado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de 1980 (LOFCA) y sus sucesivas modificaciones, uno de los expertos en la materia, Francisco Pérez, de la Universidad de Valencia, concluye al respecto: “la situación actual es insostenible porque cuestiona la viabilidad financiera del Estado del Bienestar y del Estado de las Autonomías”.
En otro terreno, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, afirmaba el mes de octubre de 2017 en Nueva Economía Fórum que “la recentralización del Gobierno Rajoy, la infrafinanciación y el mal trato en la distribución de inversiones han llevado al agotamiento del Estado de las Autonomías”. De igual forma, Miquel Iceta, proponía para salvar al Estado autonómico en la reciente campaña electoral en Cataluña, “una condonación por parte del Estado de una parte de la deuda y una reestructuración en algunos casos”. La propuesta no se ceñía a Cataluña. Desde la entrada en vigor del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2012, el conjunto de las CC AA adeudan al Estado 157.087 millones.
¿Existe en este marco alguna salida a la situación de la que puedan beneficiarse trabajadores y pueblos? La última reforma del sistema de financiación autonómica data de diciembre de 2009 (con vigencia para 5 años, pero que todavía no ha sido revisado), tenía entre sus objetivos declarados “el incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas”. ¿Cuál ha sido la realidad?
17 autonomías que recortan al mismo son
Un estudio de la Fundación BBVA-Ivie (Esenciales nº 15/2017), que analiza la inversión pública en España desde 2009, concluye que “la inversión pública de 2016 es en términos reales un 58 % inferior a la de 2009”, y que “la reducción de la inversión pública ha sido generalizada en todas las comunidades autónomas, pero, en algunas, la caída ha sido tan intensa que la inversión realizada ha sido inferior a la necesaria para hacer frente al deterioro del capital público, de forma que se ha reducido el stock disponible”; dicho de otra forma, ha habido un proceso de desmantelamiento. Esto en lo relativo al capital productivo duradero (infraestructuras, edificios, maquinaria, equipos informáticos, etc.).
Las CC AA tienen transferidas las competencias en materia de educación, sanidad, transportes y atención a la dependencia, que supone en la actualidad el 70 % de su gasto total. En otro informe de la misma Fundación BBVA-Ivie (Esenciales nº 22/2017) se expone que “la inversión en sanidad ha experimentado un retroceso del 37 % desde 2009 (…). La inversión en infraestructuras educativas se ha resentido en mayor medida (-55 %)”. Y, como en el caso anterior, señala que se trata de un proceso de desmantelamiento: “esta caída de las inversiones públicas ha tenido consecuencias sobre el capital acumulado en infraestructuras educativas y sanitarias del que dispone cada región. En algunas de ellas, el descenso de la inversión pública en los años recientes ha sido tan intenso que ni siquiera ha logrado cubrir la depreciación de los capitales acumulados. De esta forma, se ha producido un deterioro de las dotaciones de infraestructuras educativas y sanitarias disponibles, que afecta a la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos”.
Y en ambos casos los informes señalan que, parejo al desmantelamiento de infraestructuras, se produce un aumento de las desigualdades entre regiones. Se entiende por qué la mayoría de los expertos en la materia consideran que el sistema de financiación de las CC AA está falto de equidad, que no proporciona financiación suficiente para las necesidades de la población; además de ser calificado de complejo y poco transparente.
¿Va a mejorar la financiación de los servicios públicos?
El Gobierno, con el fin de retrasar más la reforma del sistema de financiación de las CC AA que éstas le exigen y aumentar así su dependencia respecto del Ministerio de Hacienda, se comprometió en julio a aportar 4.230 millones más en 2018 a la financiación de las CC AA. Ahora, en enero, cuando los presupuestos autonómicos se han elaborado previendo esos ingresos, el ministro de Hacienda se niega a ingresar esos cuatro mil millones suplementarios a las diferentes CC AA con la excusa de que no están aprobados los PGE para 2018 (lo que no deja de ser un chantaje al PSOE para que le vote a favor los presupuestos y al nuevo gobierno catalán, al que se le quitan 780 millones). Este es el funcionamiento habitual, extremado ahora, del sistema autonómico. Hacienda prevé que le corresponderá tanto dinero a la autonomía, es una cifra provisional, que no se cierra hasta transcurridos dos años, y encima el Gobierno juega con hacer o no entregas a cuenta.
Para empezar, ese incremento de la financiación sólo supone el 25 % de los 16.000 millones adicionales que estiman necesarios los expertos designados por el propio Ministerio de Hacienda. Además, esos 4.230 millones suponen incluso un descenso respecto a la financiación recibida por las CC AA en 2007 en términos reales (el IPC ha subido desde entonces un 13,4 % y el presupuesto para las CC AA será un 11,5 % superior al de 2007). Pero esto no es todo, el desplome del mercado inmobiliario ha hundido la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, uno de los impuestos cedidos a las CC AA. Si a esto añadimos la importante disminución del Fondo de Compensación Interterritorial y la progresiva reducción de los fondos europeos, resulta que las comunidades autónomas serán incapaces de hacer frente a sus gastos sociales; es decir, lo que se anuncia es la continuidad, acelerada, del desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas, ni hablar de los servicios sociales para la dependencia que aún no se han puesto en marcha.
Un entramado contra los derechos de los pueblos
Así pues, el sistema autonómico en su conjunto se ha mostrado como un entramado institucional antidemocrático, integrado y sometido a la Monarquía centralista y a la Unión Europea. En los hechos, resulta incompatible con la soberanía y el derecho de los pueblos a la autodeterminación (no es otro el problema político de fondo en Cataluña hoy). Pero el nombre de “autonómico” es falso: requiere que los ayuntamientos y cualquier instancia elegida funcione con autonomía, con su dinero y sus prerrogativas. Los gobiernos autonómicos carecen de autonomía porque se encuentran regidos por el principio de subsidiariedad propio de la Unión Europea: todo está decidido por la Comisión Europea y el Gobierno, y ellos gestionan las competencias que se les han asignado. Y esto permite someterlos fácilmente a las exigencias de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos.
Sobre este engranaje para el expolio de trabajadores y pueblos se levanta el Estado monárquico parasitario y corrupto. No se trata de Cataluña, Valencia o Andalucía. Se trata de la descomposición política del llamado Estado de las Autonomías que, si en 1978 pudo servir para preservar buena parte de las instituciones franquistas y negar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, hoy aparece como fuente de agravios y enfrentamientos entre pueblos hermanos e, incluso para parte de sus defensores, como inviable. Su reforma no deja de ser un callejón sin salida en el que tratar de encerrar las reivindicaciones nacionales y sociales de trabajadores y pueblos. Desde el punto de vista del movimiento obrero y democrático solo cabe una salida a la situación: el desmantelamiento de todas las instituciones heredadas del franquismo y de su reforma, y la lucha por la proclamación de la República, una república basada en el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos. Republica que concentra las exigencias sociales y democráticas de los trabajadores y los pueblos.