Un aparato judicial contra la democracia

(Publicado en la Carta Semanal 661)

El 12 de enero, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde ha dictado un auto por el cual deniega a Oriol Junqueras y otros diputados electos del Parlament de Cataluña su derecho a salir de la cárcel para intervenir en los plenos del parlamento para el que han sido elegidos por casi dos millones de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, y les permite -como mucho- ejercer su voto por delegación, pero no intervenir ni participar en los debates parlamentarios. Para ello, el juez se apoya en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. Constatemos, por el momento que la “lucha contra el terrorismo” (con la coletilla, añadida a los terroristas, de los “rebeldes”) sirve una vez más para recortar los derechos democráticos.

El verdadero objetivo: cambiar el resultado de las elecciones catalanas

El 27 de octubre, el Senado decidía, en aplicación del artículo 155 de la Constitución monárquica, deponer al Govern de la Generalitat, disolver el parlamento de Cataluña, y convocar elecciones a ese parlamento. El objetivo era claro: apoyándose en la movilización de un sector de la población de Cataluña contra la Declaración de Independencia, ganar las elecciones para el llamado “bloque constitucional”, es decir, los que defienden la aplicación del artículo 155. El problema es que las cuentas no salieron y los independentistas volvieron a ganar por mayoría absoluta.

Tras las elecciones catalanas, una idea se abre paso en un sector del aparato de Estado: aprovechar que entre los diputados independentistas hay tres que están en prisión y cinco huidos a Bélgica para evitar la prisión para, impidiéndoles participar en las sesiones del Parlament, dar la vuelta al resultado de las elecciones del 21 de diciembre e imponer, por la fuerza y contra la voluntad de los electores, una mayoría de los partidarios del 155, a no ser que aquellos dimitan y dejen su puesto a otros. Y ello por más que, hipócritamente, el auto del juez diga que “cualquier limitación derivada de la privación de libertad en la que se encuentran los investigados, no puede suponer la modificación de la aritmética parlamentaria configurada por la voluntad de las urnas”. En cualquier caso, lo que se pretende es amedrentar, hacer que éstos u otros que puedan sustituirlos abdiquen de sus objetivos políticos. De la misma manera que con el procesamiento de más de 300 sindicalistas por ejercer el derecho de huelga, lo que se pretendía era acabar con los piquetes.

Por otro lado, el mero hecho de mantener en prisión a los diputados electos supone violentar la voluntad popular. El auto del juez insiste en que “la rebaja de las cautelas no puede precipitarse bajo el argumento de que los investigados hayan asumido su participación como candidatos en unos comicios democráticos. El riesgo de reiteración delictiva va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran”. Y, sin embargo, ¿qué duda cabe de que, precisamente, la exigencia de libertad para los presos catalanes formaba parte de la intención de quienes les han votado y elegido como sus representantes?

Como el gobierno del PP no ha conseguido derrotar a la expresión política de una parte importante del pueblo catalán en las elecciones convocadas con esas sola intención, le toca al aparato judicial heredado del franquismo coger el relevo. Y saca pecho por ello. Como señalaba el 12 de enero un articulista en ABC – periódico particularmente ligado a la Casa Real- “si el Estado (no pondremos apellidos) hubiera actuado antes – lo sabemos también con solo comprobar el efecto de un día de cárcel – esto no se hubiera producido”. Precisamente el aparato judicial era uno de los principales destinatarios del discurso del Rey del 3 de octubre.

Y, además, poner freno a las movilizaciones en defensa de los presos

Del mismo modo, se trata de evitar nuevas movilizaciones por la libertad de los presos catalanes. El propio auto del juez lo reconoce sin tapujos: “debe destacarse la finalidad constitucional que justificó la adopción de su prisión provisional, que no es otra que evitar el riesgo de una reiteración delictiva que venía marcada, precisamente, por el mantenimiento de las funciones de representación (…) y por la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia”. No pasaremos sin señalar que el auto se refiere a movilizaciones “violentas”, a pesar de que todas las movilizaciones multitudinarias en Cataluña han sido pacíficas. No es por casualidad: para justificar sus medidas, y el propio procesamiento de los afectados, el juez debe insistir una y otra vez en la “violencia”.

El auto del juez no se recata en insistir una y otra vez en la necesidad de impedir movilizaciones populares, cuando dice que “afrontar unas conducciones de salida y de retorno del centro penitenciario, en fecha y horas determinadas, con un punto de destino y de regreso bien conocido, y hacerlo con la garantía de que se desarrollarán despejadas del grave enfrentamiento ciudadano que puede impulsarse o brotar con ocasión del traslado de unos presos que suscitan su apoyo incondicional, es algo que este instructor no percibe con la garantía que reclama el mantenimiento de la pacífica convivencia que precisamente justificó la adopción de la medida cautelar”. Como se ve, vuelve una y otra vez a hablar del “grave enfrentamiento ciudadano” (que al parecer sólo existe cuando se manifiestan quienes defienden la libertad de los presos, y no cuando lo hacen los que enarbolan la bandera rojigualda).

Precisamente, para el juez, lo que agrava la condición de Junqueras y los Jordis es el apoyo popular con el que cuentan. Como dice el auto, “el sustrato de riesgo subsiste hoy, se visualiza tanto por un extendido apoyo social a los investigados que han huido del ejercicio jurisdiccional de este instructor, como por haberse impulsado movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos que rechazan explícitamente las medidas cautelares adoptadas en este proceso”.

Ya en su auto del día 4 de diciembre, el mismo juez sugería a Junqueras que, si quería salir de prisión, se pensara abandonar la acción política. En el caso de los Jordis, Sànchez y Cuixart, un medio de prensa sugería que “para demostrar que han abandonado su capacidad e intención de continuar con esas movilizaciones, probablemente su destino pasaría por renunciar a la presidencia de las asociaciones y no tener ningún papel relevante o decisorio en los movimientos pro independentistas”.

El juez retuerce las leyes y el reglamento del Parlamento de Cataluña

El auto del juez Llarena decide permitir que los electos presos participen en las votaciones del Parlament por delegación de su voto en otro diputado. Ahora bien, es más que discutible que legalmente pueda decidir tal cosa. El reglamento del Parlament prevé, en su artículo 93, que “los diputados pueden delegar su voto en los supuestos de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas”. Es evidente que, en este contexto, la “incapacidad” se refiere a incapacidad por enfermedad. Para justificar su decisión, el juez se inventa un supuesto, la “incapacidad legal”, y decide “declarar la incapacidad legal prolongada de estos investigados para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña, por lo que, si los investigados lo solicitaran, corresponde a la Mesa del Parlamento arbitrar (…) el procedimiento para que deleguen sus votos en otro diputado, mientras subsista su situación de prisión provisional”. Además, el juez excluye explícitamente la posibilidad -que admite el reglamento– de voto telemático. Es decir, no sólo retuerce el reglamento sino que se permite dar instrucciones al Parlament de cómo se puede conjugar el “derecho de representación de manera prolongada e indefinida” de los tres diputados electos con la “incapacidad legal” que les supone estar en prisión.

Recordemos que el precepto legal que invoca el juez para mantener a los políticos catalanes en prisión es el antes citado artículo 384 bis de la LECRIM, que habla de suspender a un cargo público en los casos en que sea “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”, lo que no sucede en el caso de Junqueras y los Jordis. El juez Llarena lo sabe y se ve obligado a retorcer los argumentos. El auto del juez dice que “el propio precepto evidencia que no puede suspenderse a quien, por más que se encuentre en prisión provisional por uno de estos delitos, no ha sido procesado, sino que se muestra como mero investigado”. Pero, hecha la Ley, hecha la trampa: “es evidente que no procede la suspensión de los derechos de representación de un parlamentario preso que no ha sido procesado, pero lo que se suscita es si en el estado procesal actual, puede fijarse una restricción a su derecho de representación de menor rigor que la suspensión”, y a partir de ahí el juez se inventa la decisión de no dejarles salir de prisión, pero permitir el voto por delegación.

No sólo eso. El juez se permite decir en el auto que “otros” (que no se sabe por qué figuran en el auto, puesto que no son parte del recurso sobre el que el juez dictamina) no tendrán derecho a delegar su voto. Una decisión que invade las competencias del Mesa del Parlament, ya que según el art. 93.2, del Reglamento del mismo, es a la Mesa del Parlamento a la que concierne “establecer los criterios generales para delimitar los supuestos que permiten la delegación” .

¿Quién manda aquí?

Esa es la cuestión, quién manda aquí: el pueblo que elige a sus representantes o unos jueces a quienes nadie ha elegido y cuya legitimidad emana del franquismo, por tratarse de un aparato judicial creado bajo la dictadura, depurado en 1936-39 de todo juez demócrata y mantenido en la llamada “transición” sin depuración alguna.

La respuesta es clara: hoy por hoy mandan instituciones que nadie ha elegido con la avanzadilla judicial actuando como ariete y en concomitancia con el gobierno del PP, para preservar el orden constitucional al precio que sea. Si queremos la democracia, es decir, el respeto de la voluntad popular, hay que acabar con quien la anula, y en especial, con ese aparato judicial Acabar, por tanto, con el régimen, imponer la República que se base en los derechos de los pueblos. Lo que no se opone, todo lo contrario, a hacer campaña, desde ahora mismo, por la libertad de todos los presos políticos. Si queremos la democracia, es decir, el respeto de la voluntad popular, hay que acabar con ese aparato judicial. Acabar, por tanto, con el régimen, imponer la República que se base en los derechos de los pueblos. Un combate que exige abordar, de inmediato la lucha por las exigencias de libertad incondicional para todos los presos políticos, y el fin de las persecuciones judiciales, el restablecimiento, en definitiva de los derechos democráticos más elementales.

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