¿Se pueden defender las pensiones sin plantear la derogación inmediata de las reformas laborales y las reformas de pensiones?

(Publicado en la Carta Semanal 662)

1.- El Pacto del Toledo es el terreno en el que las propuestas y necesidades del capital financiero respecto a la Seguridad Social se adaptan y acomodan al objetivo de asociar a las direcciones que hablan en nombre de la clase obrera a las políticas de recortes. Por ello no debe sorprender que el documento de la C.E. Federal del Partido Socialista sobre el sistema de pensiones, hecho público el 8 de enero último, comience con el obligado peaje de llamar al Pacto de Toledo “mecanismo de defensa de un sistema de Seguridad Social”.

Hueca alabanza para la Ponencia de la Comisión de Presupuestos creada en 1994 a iniciativa de CiU, que en su exposición de motivos, de entrada, señalaba ya como enemigo al sistema de reparto. Decía, que las problemáticas de la Seguridad Social y su evolución, además de a causa del envejecimiento de la población y el paro, “se agravarían a causa de la estructura financiera del sistema de la Seguridad Social española fundamentada en un régimen de reparto“. También entre sus recomendaciones originarias, la recomendación nº 8, manifestaba que la Ponencia “hace suya las recomendaciones contenidas en el “Libro Blanco de Delors”, relativas a la reducción de las cotizaciones sociales, como elementos dinamizador del empleo.

Siguiendo esas orientaciones Michel Rocard, primer ministro socialista francés, instituye en 1991 la contribución social generalizada (CSG) para reemplazar cotizaciones por impuestos. No está de más recordar que frente al rechazo de las centrales sindicales más importantes del país vecino, y contra la mayoría del parlamento, para aprobar la CSG tuvo que recurrir al artículo 49.3 de la constitución gaullista, que, como privilegio antidemocrático del ejecutivo, permite adoptar textos legislativos sin tener votos suficientes. Algo parecido a lo que utiliza el gobierno minoritario de Rajoy para oponerse a las propuestas de la mayoría de diputados.

El PP ha lanzado como globo sonda la propuesta de CSG, después la retiró, y dejó que fuera el Partido Socialista su valedor. Así, como dice Pedro Sánchez, “El PSOE gobierna desde la oposición“.

2.- El punto de partida de la crisis actual, según el documento del PSOE, que repite hasta el hartazgo, es el “déficit” aparecido en los últimos años, que eleva a la categoría de “déficits estructurales“; e incluso “déficits crónicos“. Entre las causas del mismo que se citan, el paro, la devaluación salarial, las reducciones de cotizaciones a los empresarios imputadas al presupuesto de la Seguridad Social. Pero se oculta la mayor, que el sistema de pensiones español está, por ley, garantizado por el Estado, lo que incluye la obligación del gobierno de complementar con transferencias o aportaciones desde el Presupuesto del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social los recursos necesarios para completar los ingresos por cotizaciones menguados por las reformas laborales.

El déficit forzado aparece porque no se previó ni presupuestó la correspondiente aportación del Estado.

Lo afirmado en las primeras líneas del documento del Partido Socialista señala que el sistema de Seguridad Social “descansa en las cotizaciones sociales, complementadas por aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social“. Cierto, eso es lo que establece el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Pero calla que el tan pregonado “déficit” está causado precisamente porque el gobierno, el de Rajoy y los anteriores, incumplieron la ley al no realizar las correspondientes aportaciones, sustituyéndolas por simples préstamos a la Seguridad Social. Se trata de los préstamos de 10.192 y 15.500 millones de euros, en 2017 y 2018, respectivamente, que se añaden a los 17.168,65 millones de euros de deudas que se arrastran desde los años 90, en los que Solbes inventó esta práctica fraudulenta, ahora retomada por el PP. De esta manera, el gobierno consigue fraudulentamente trasladar parte de su déficit a la Seguridad Social, presentándola falsamente endeudada. Lo que tampoco le viene mal para ofrecer una imagen del sistema de reparto en quiebra, endeudado y con déficits estructurales y crónicos, y así justificar las reformas en marcha de las pensiones.

Hay que destacar que esta presión no ha conseguido anular posiciones independientes en sectores sindicales, desde donde se ha denunciado, a veces sin continuidad, pero que expresan resistencias sólidas. Según UGT el gobierno “vulnera la LGSS, que dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe cubrir mediante transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que hacen es endeudar más a la Seguridad Social“. Igualmente desde CCOO se propone “equilibrar el actual desfase entre ingresos y gastos del sistema [de Seguridad Social]. Por medio de los aportes procedentes de los Presupuestos del Estado, algo que hasta ahora no se ha producido“.

3.- Las múltiples soluciones que en los últimos meses se avanzan desde todos los sectores sociales han logrado crear una espesa cortina que oculta la acción lenta y corrosiva de las reformas aprobadas en 2011, por Zapatero1, y en 2013, por el Gobierno de Rajoy. Sus efectos sistemáticos sobre la rebaja de pensiones conducen el sistema hacia un régimen de pensiones asistenciales, dejando espacio libre al mercado de los fondos de pensiones. Estas son las reformas que hoy en la práctica está impulsando desde 2013 el PP y que conducirá, efectivamente, a una reducción sistemática del gasto en pensiones.

Por eso las centrales sindicales han exigido la derogación de la reforma de las pensiones aprobada por el PP. Exigir la derogación de las reformas de pensiones –incluyendo la de 2011– es una obligación democrática de cualquiera que diga querer representar los intereses de los trabajadores.

El documento de la C.E. del PSOE no se pronuncia por la derogación de las reformas de pensiones ni por la de las reformas laborales. La solución estrella que propone como solución es la creación de impuestos finalistas, “una cesta de nuevos impuestos dirigidos de modo finalista y extraordinario a aumentar los ingresos del sistema de Seguridad Social“, asimilable al CSG instaurado por Rocard en Francia en 1991. Pedro Sánchez avanzó la propuesta de dos de esos impuestos, sobre transacciones financieras y sobre los beneficios de la banca, cuya recaudación se destinaría a minorar el “déficit” de la Seguridad Social. Las propuestas han nacido muertas, por la contradicción, entre otras cosas, de su adscripción finalista y la naturaleza de los impuestos, no vinculables a fines concretos.

No obstante, se intenta entrar en el camino ya diseñado de sustituir cotizaciones por impuestos, desvincular la Seguridad Social de los salarios, y consecuentemente de los sindicatos. Los mentores del Pacto de Toledo recordaban recientemente el contenido preciso que marcó sus inicios. Carles Campuzano, diputado del PDeCAT (antigua CiU), su representante en el Pacto de Toledo escribe que “la clave de la sostenibilidad del sistema va a ser establecer más impuestos y menos cotizaciones . En esa línea de combate la CEOE y CPYME proponen a las centrales sindicales negociar la reducción de las cotizaciones sociales y la eliminación de la cotización por horas extras. Es decir la reducción del coste del trabajo, la reducción del salario.

Llegados a este punto hay preguntas que exigen respuestas:

¿Qué explicación darle a que la derogación de las reformas de pensiones aprobadas no se planteen como el requisito inmediato para detener los planes del gobierno del PP de conducir la Seguridad Social a un régimen de pensiones asistenciales?

Si nuestro sistema de Seguridad Social descansa en la financiación por cotizaciones y complementariamente en aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, ¿qué sentido tiene abandonar esta obligación legal del Estado y sustituirla por la creación de impuestos finalistas?

¿Qué sentido tiene no denunciar que el gobierno del PP haga préstamos en vez de simples aportaciones al Presupuesto de la Seguridad Social, endeudándola fraudulentamente?

No puede haber pacto de silencio sobre estas cuestiones. ¿Acaso este es el contenido del nuevo invento de gobernar desde la oposición?

4.- En España, un motivo de atención preferente es la defensa de la unidad de la caja única de la Seguridad Social debido a los conflictos competenciales siempre vivos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La defensa de la caja única de la Seguridad Social supone mucho más que la centralización de los recursos, bienes y disponibilidades, la unidad normativa de su funcionamiento, la igualdad de prestación para todos los trabajadores, la posibilidad de hacer solidaridad entre regímenes de protección y territorios. Además de lo anterior, permite que la Seguridad Social articule todas las conquistas de la clase obrera en torno, precisamente, de la defensa del sistema de reparto, es decir, del salario diferido. La Seguridad Social como conquista es la pieza central de la constitución de la clase obrera en clase, unificada como clase en torno a sus conquistas y derechos sociales. Los propios sindicatos, que se crearon junto a las primeras organizaciones de previsión, las sociedades de socorros mutuos, encuentran en la defensa del salario diferido una parte importante su razón de ser. Y crean la vía a la posibilidad de unir a todos los sectores de la clase obrera y la juventud, machacados por las pérdidas de derechos, y encontrar la necesaria centralización contra la desreglamentación y la “uberización” de la sociedad. La unidad de la caja de la Seguridad Social fortalece a la clase obrera que es la garante de los derechos sociales y democráticos de los trabajadores y de los pueblos.

Los acuerdos del Partido Socialista Vasco y el PNV exigiendo la gestión del régimen económico de la Seguridad Social es la agresión más potente que puede recibir la Seguridad Social y la unidad de la clase obrera y de sus organizaciones: “avanzar la siguiente relación de transferencias pendientes: – Prestaciones por desempleo – Instituto Nacional de la Seguridad Social – Instituto Social de la Marina – Gestión del régimen económico de la Seguridad Social conforme a los convenios que dispone el Estatuto en su Disposición Transitoria quinta – Bienes inmuebles adscritos al INSALUD e INSERSO con titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social. – Centros de investigación y asistencia técnica (CIAT). Seguridad e higiene en el trabajo – Fondo de Garantía Salarial (FOGASA”).

También el acuerdo se extiende al ámbito de las privatizaciones: ” Reforzaremos la gestión pública del sistema y mantendremos la titularidad pública de los centros y servicios sanitarios, sin perjuicio del papel complementario que pueda jugar el sector privado.” (El subrayado es nuestro).

5.- Muchas de las anteriores son las cuestiones que han tenido bloqueado el Pacto de Toledo durante más de un año, bloqueo tras el que se proyecta la sombra de la resistencia de la clase obrera al desguace de su Seguridad Social. El rechazo al desguace y desmembración de la Seguridad Social va tomando cuerpo, se expresa en todos los ámbitos, la resistencia se organiza en los ámbitos sindicales y en múltiples iniciativas de defensa de las pensiones, e incluso en movilizaciones espontáneas. Es vital abrir camino a las verdaderas reivindicaciones y a la acción unida de la clase a escala estatal. Desde los centros de trabajo, las instancias sindicales y la calle. En el centro de ese movimiento de rechazo a los planes del gobierno y el capital financiero se inscribe el llamamiento de alarma firmado por más de 200 sindicalistas para la celebración de una conferencia estatal que ayude a organizar la defensa del sistema de pensiones.


(1) La reforma de pensiones de 2011 es el resultado del Acuerdo Social y Económico, firmado el 2 de febrero de 2011 por los dirigentes de UGT y CCOO, la CEOE y la CEPYME y el Gobierno Zapatero. Con respecto a la Seguridad Social los elementos fundamentales fueron:
– El incremento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años, que se completará en 2027, excepto para quienes tengan 35 años cotizados (que aumentan progresivamente hasta 38 años y medio), que lo podrán hacer a los 65. En paralelo se incrementa la edad mínima para la jubilación anticipada y parcial anticipada.
– Aumento progresivo del período de cómputo para calcular la pensión, de los 15 años a los últimos 25 años de la vida laboral

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