Reflexiones después de las manifestaciones del 18 de febrero

(publicado en la Carta Semanal 513)

Carta-513La convocatoria de las manifestaciones del pasado día 18 en defensa de las libertades y del derecho de huelga por su contenido marcaba un hito. Por primera vez desde la conquista de la libertad sindical en 1978 los sindicatos salían a la calle exigiendo libertades, derechos sindicales elementales, lo que ponía en entredicho no solo al Gobierno sino la evolución de un régimen con el que CCOO y UGT –más allá de reticencias– se han comprometido a fondo, más de lo que debieran, según algunos.

Sin embargo, esas manifestaciones han tenido una asistencia bastante pobre: sin entrar en guerras de cifras, escasos miles en Madrid, tal vez menos en Barcelona y cifras proporcionales en Sevilla, Valencia, etc. Y eso que lo más inmediato que hay en juego no es moco de pavo: 300 sindicalistas procesados, algunos de ellos ya pendientes de ingreso en prisión o amenazados con importantes penas de cárcel.

Es una espada de Damocles que pesa desde hace algún tiempo sobre el sindicalismo en el Estado español. Al fin, fueron condenados cinco sindicalistas de Arcelor (a 5 y 3,5 años) y hubo una vista oral previa a juicio para los 8 de Airbus. A la salida de la vista, ante las decenas de compañeros que acompañaban a los 8 de AIRBUS, Ignacio F. Toxo explicaba: vamos a ver en este tiempo si las promesas del Gobierno y de los diputados dan lugar a una modificación del artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza los piquetes de huelga. Debíamos estar, pues, a la espera de que el Diálogo Social diese sus frutos. El resultado ha sido que el Gobierno y el Congreso han mantenido la criminalización del derecho de huelga, con el citado 315.3, como se ha visto en la aprobación del código penal en el Congreso.

Fue entonces cuando los sindicatos elaboraron la convocatoria de manifestación para el 18 de febrero, sin darla a conocer masivamente de momento, ni siquiera a sus bases. ¿Era la última presión en la mesa del Diálogo Social? En todo caso, el Gobierno no cambió. Pero los dirigentes sindicales no se lanzaron a organizar una inmensa movilización para cambiar las cosas. Organizaron para el 18F un mero gesto de protesta que en muchas provincias se limitó a parte de los delegados al convocar por la mañana, que en todas partes careció de cortejos y del dispositivo de las grandes movilizaciones.

¿Por qué esa contención? Tenemos que pensar que los máximos dirigentes sindicales no quieren poner en dificultades al Gobierno, sabiendo que este se aguanta solo porque los dirigentes políticos y sindicales han decidido sostenerle hasta fin de año. Una actitud que proyecta una mala sombra sobre la negociación del pacto salarial.

Preguntamos de nuevo. ¿Para qué? Después de lo sucedido, ¿qué pueden esperar los trabajadores y los sindicatos del Diálogo Social? ¿Osarán Toxo y Méndez volver a sentarse a la mesa de la Moncloa si decenas de sindicalistas de la UGT y CCOO vuelven a pudrirse en las cárceles?

¿Acaso los sindicatos ya no pueden movilizar?

Llevamos varios años de intensa campaña antisindical por parte de todas las instituciones del capital, de los jueces, los cuerpos policiales y el conjunto de los medios de comunicación. Por parte también de sectores alternativos que no tienen empacho en hacer una y otra vez la pinza con la más negra reacción contra las organizaciones levantadas por los trabajadores. Una campaña que amalgama todo tipo de hechos y de invenciones. Que mezcla a los sindicatos con los partidos de izquierda. Y sobre todo pone en el centro la “corrupción”. Cualquier forastero que aterrice por aquí sin conocer la realidad pensaría que sindicalismo = corrupción.

Esta campaña, en conjunto, está lejos de conseguir sus objetivos.

Su primer objetivo era dinamitar la afiliación. Sin duda los millones gastados por los corruptores en denigrar y calumniar a las organizaciones obreras habrán tenido algún efecto, pero la pérdida de afiliación, importante pero limitada, se explica por las causas económicas y por la política sindical.

El segundo objetivo era debilitar la representación de CCOO y UGT y eventualmente hacer hueco para sindicatos “más modernos”. Las elecciones sindicales, más allá de las variaciones que puedan registrar, han dado ya un profundo mentís a esa pretensión.

Las confederaciones sindicales de CCOO y UGT siguen teniendo profundas raíces en el conjunto de la clase obrera del Estado español.

¿Cuál es la contradicción real de los sindicatos?

No cabe duda de que hay una creciente desafección de los trabajadores y trabajadoras, de buena parte de la afiliación y de los propios delegados hacia las direcciones de UGT y CCOO. La clase utiliza sus sindicatos para defenderse y organizar sus luchas, como en Coca-Cola o los barrenderos de Madrid o en Extruperfil en Sevilla. En miles de empresas y poblaciones todos los días los trabajadores recurren fundamentalmente a CCOO y UGT para defenderse. Y el voto en las elecciones sindicales no deja de ser una expresión de esto, deformada por el carácter de los comités de empresa y por la masiva injerencia patronal. Pero parece indudable que hay una creciente desconfianza en las direcciones. Y no solo porque son tiempos duros, que desgastan, sino por cómo se les hace frente.

En marzo hará un año, los dirigentes de CCOO y UGT, anunciaban, sonrientes junto a Rajoy, la apertura de un nuevo periodo de “diálogo social”.

De ese “diálogo”, que mantiene aún una docena de “mesas” abiertas, los dirigentes de UGT y CCOO sólo pueden exhibir un menguado trofeo: el acuerdo que permite cobrar 426 euros durante seis meses a un porcentaje de parados sin subsidio. Con nueva foto con Rajoy incluida.

A cambio, el Gobierno ha podido, en este tiempo, desarrollar la Ley Wert, completándola ahora con el proyecto 3+2 en la Universidad, la reforma de la Administración Local (que pone en peligro cientos de servicios municipales y miles de empleos), tramitar la Ley-Mordaza, la reforma del Código Penal (que mantiene la prisión para los piquetes de huelga), seguir adelante con los procesos a los sindicalistas, mantener y profundizar la reforma laboral y sus efectos, enrocarse en su negativa a reconocer los derechos del pueblo catalán y de todo los pueblos… y, sobre todo, mantenerse en pie como gobierno pese al rechazo del conjunto de la sociedad.

Y el precio de esa política de “diálogo social” es ante todo que desde hace dos años y medio las confederaciones obreras han renunciado a la huelga general y a cualquier gran movilización de los trabajadores. La última prueba, el 18F.

Los millones de trabajadores que en estos años se han movilizado, han salido a las calles, han ido a la huelga, y siguen yendo, se han visto privados de su arma fundamental para echar atrás los ataques, la movilización unida de la clase trabajadora. Y esto ha sido y es el principal activo del gobierno más liquidador y antiobrero, ha sido y es el principal activo de la patronal, lo que hincha los resultados de las bolsas, y ha agravado enormemente el terrible coste que estos años han tenido para los trabajadores.

La política de diálogo social desarma y desmoviliza a la clase trabajadora, debilita a las organizaciones hasta ponerlas en peligro y permite al gobierno Rajoy seguir actuando. En el año que le quedaría hasta las elecciones generales, esta tregua, junto con los pactos firmados por Méndez, Toxo y Pedro Sánchez, este gobierno aún puede hacer mucho daño.

Los corruptores se lanzan sobre las organizaciones así debilitadas

En los últimos meses la población trabajadora ha asistido, atónita, al escándalo de las tarjetas black de CajaMadrid. Ha conocido que dirigentes designados por las direcciones de UGT y CCOO para el Consejo de Administración de esas cajas utilizaban su cargo para gastar sin control decenas de miles de euros de esas tarjetas. Muchos y muchas se preguntan, inquietos, qué sucede en otros consejos de administración donde también se sientan representantes de los sindicatos y se preguntan, también, qué demonios pintan esos sindicalistas en los consejos de administración.

Y ahora el escándalo de COMFIA. No sólo los enormes sobresueldos –que superan toda posible compensación por gastos– y los gastos suntuarios en restaurantes (especialmente escandalosos cuando, a la vez, se despide por medio de un ERE a 17 trabajadores de la Federación). También se ha hecho pública la financiación a cargo de las empresas y las patronales, y el uso del sindicato para la promoción profesional, o para el ascenso dentro de la empresa. Y encima, las declaraciones del secretario de la federación en El Intermedio en La Sexta, donde este señor explicó como si nada que hay que dar sobresueldos para que no se vayan los delegados, o por tener una gran dedicación.

Todo esto demuestra que un sector de la burocracia sindical se ha hecho totalmente ajeno a lo que piensan y a lo que sienten los trabajadores y a la inmensa mayoría de los delegados que se baten el cobre en las empresas para defender a su clase. De ahí el eco de la iniciativa que, rechazando estas prácticas, pide a la dirección confederal de CCOO que actúe. Y de otras iniciativas que, con mejor o peor fortuna, buscan un cambio en CCOO.

Sin duda la prensa ha hecho sangre de estos hechos y ha mezclado churras con merinas para alimentar su propia campaña contra los sindicatos. Como señala el texto de la iniciativa que antes citamos, “en un momento histórico en que se busca rebajar salarios y pensiones, recortar los servicios públicos y las libertades democráticas, romper la solidaridad entre los pueblos del Estado Español, los ataques a los sindicatos de clase forman, necesariamente, parte de esa ofensiva contra la clase trabajadora y sus conquistas”.

Pero no nos engañemos, la principal causa de desafección de la clase hacia las direcciones de UGT y CCOO no parte de estos hechos, sino de la política general que imponen a las organizaciones.

¿Qué podemos hacer?

Esa es la pregunta que se hacen cientos de cuadros sindicales. Algunos, al borde de la desesperación, empiezan a pensar en romper con su sindicato. Otros se resisten a arrojar al bebé junto con el agua sucia de la bañera, porque no quieren dar por perdida su dedicación de años. Algunos se dejan llevar por la reacción emocional del “que se vayan todos”.

Las organizaciones sindicales tienen sus mecanismos internos para defenderse. Los militantes del POSI que somos afiliados respetamos estos mecanismos y planteamos si es necesario que se modifiquen o que se tomen medidas extraordinarias con el mayor respeto de la democracia sindical para evitar estas situaciones.

Nosotros partimos de una cuestión elemental: la clase obrera necesita hoy más que nunca, a sus organizaciones para hacer frente a los gravísimos ataques que sufre Por tanto, hay que defender a las organizaciones frente a la campaña del aparato de estado y de los medios de prensa del capital, y defender, en primer lugar, a los 300 sindicalistas perseguidos por la fiscalía y los jueces.

Pero esa defensa de las organizaciones no puede confundirse con la defensa de los corruptos o de la política de diálogo social. Todo lo contrario, porque esa política y esas prácticas constituyen hoy el principal peligro para las organizaciones, y alimentan todas las campañas de descrédito que acaban por calar en sectores de la clase trabajadora.

Sólo combatiendo por la independencia política y económica de las organizaciones sindicales pueden defenderse éstas. Hay que buscar la unidad de todos los que luchan por un cambio en los sindicatos para organizar este combate, el único del que pueden surgir nuevos dirigentes que renueven las organizaciones.

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