Unión Europea: la reforma imposible

(publicado en la Carta Semanal 471)

Carta-471“La confianza en la UE se desploma”, se titulaba un artículo publicado el pasado 9 de marzo, en el diario El País, que explicaba cómo “en 2007, dos de cada tres españoles decía confiar en la UE; en la última encuesta desconfía el 72%. Cifras parecidas se dan en toda la periferia. Pero también en el corazón de la UE, en Alemania y Francia”.

Este creciente rechazo alarma a todos los defensores de la Unión Europea, que, temen que se exprese en las próximas elecciones, bajo la forma de una abstención masiva o de voto a quienquiera que aparezca como enemigo de esa “Europa”. Por ello, desde los “europeístas” de izquierda se apresuran a presentar programas electorales que, bajo la forma de propuestas de reforma de la UE, fomenten la ilusión de que dentro de la Unión Europea es posible otra política, es posible gobernar en beneficio de los trabajadores y los pueblos. Reformas de las instituciones, de los tratados, de la deuda, etc., etc., etc.

El Partido Socialista aún no ha hecho público su programa electoral, aunque ha publicado una Declaración Política de su Comité Federal y difundido algunas propuestas, cuyo eje central parece ser un “Plan Marshal” para Europa. Analizaremos tanto esto como los programas presentados por Izquierda Unida y PODEMOS..

Los  programas europeos

Todos son conscientes del enorme rechazo de los trabajadores y de la juventud ante la UE. El PSOE dice que “muchos ciudadanos perciben las políticas europeas como ineficaces para hacer frente a los duros efectos que la crisis ha ocasionado en sus vidas. Es más, una amplia mayoría ha sentido sus decisiones como interferencias externas, imposiciones o exigencias inapelables”. Ante lo cual, buscan animar al voto diciendo que “con su voto, los europeos van a tener la ocasión de impulsar un cambio radical a la política que en los últimos años ha impulsado la derecha europea”. Algo que, como veremos, no es cierto. El voto de los ciudadanos no puede decidir nada porque por encima de él, como veremos, están las normas y tratados europeos

Izquierda Unida recoge en su programa: “la respuesta conservadora a la crisis europea ha puesto en cuestión el propio proyecto político europeo (…). Por primera vez en la historia de la democracia española, las personas llegan a la conclusión que hoy pertenecer a la UE perjudica más que beneficia”. Pero en lugar de que ello les lleve a la conclusión más obvia, apoyarse en esa mayoría para defender la ruptura con la UE, presentan un programa de 80 páginas, que recoge muchas medidas progresivas, pero que, desgraciadamente, no caben en el marco de la Unión Europea.

¿Cómo solucionar esa contradicción? El programa nos dice que “no será posible un proyecto alternativo si no se inicia un verdadero proceso constituyente, una refundación de la UE y de las instituciones del sistema político español (…) Este proceso constituyente supondría como mínimo la convocatoria de una Asamblea Constituyente Europea elegida por sufragio universal para determinar una arquitectura democrática de las instituciones europeas”. Podemos viene a hacer la misma propuesta: “Derogación del Tratado de Lisboa (…) del mismo modo que todos aquellos que han construido la Europa neoliberal y antidemocrática; apertura de un proceso que camine hacia una refundación de las instituciones de la UE a través de una asamblea constituyente”.

Ahora bien, como dice IU, y esta es la clave del programa, “mientras avanzamos hacia ese proceso Constituyente, proponemos algunas medidas de democratización” de las cuales la más importante es dar “más poder al Parlamento Europeo, al ser la única estructura elegida democráticamente por la ciudadanía europea”. Y, ¿por qué ese “mientras”? Porque para reformar los tratados europeos, habría que recurrir al procedimiento establecido en el  artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, que exige la ratificación por todos los Estados Miembros. O sea, que da derecho de veto frente a la propuesta de IU a todos y cada uno de los 27 miembros de la UE.

Es decir, “mientras” se consigue esa mayoría imposible en los 27 países, trabajemos en la reforma democrática de la Unión Europea y, como dice el programa de IU, “trabajaremos en el Parlamento Europeo para que las instituciones europeas que forman parte de la troika (Comisión y BCE) no puedan imponer medidas de recorte y austeridad en el gasto en servicios públicos”.

Por su parte, el PSOE dice que “el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deben conservar su soberanía e implicarse por completo en el ejercicio del control democrático sobre dichas políticas. El legado de la Troika en este sentido refleja un claro fracaso (…) es necesario establecer otro modelo, en el marco de los Tratados de la UE, que sea democrático, socialmente responsable y creíble”. Pero, como veremos más abajo, precisamente lo que establecen los tratados europeos es el control de la Comisión Europea sobre los parlamentos nacionales, es decir, todo lo contrario.

El PSOE también propone “promover las reformas necesarias para que el Parlamento Europeo cuente con poderes de iniciativa legislativa al mismo nivel que la Comisión Europea, asimismo promoveremos la ampliación de las competencias del Parlamento Europeo en el ámbito económico y monetario…”. Una propuesta que desvela, de entrada, el carácter vacío de un Parlamento sin iniciativa legislativa ni competencias económicas, y que requeriría, de nuevo, una reforma de los Tratados europeos que, como hemos visto, es imposible.

El Banco Central Europeo, ¿al servicio del empleo?

IU nos propone “un nuevo papel para el BCE”, que debe ser un instrumento al servicio de los trabajadores (…) Las diferentes economías nacionales deben tener el respaldo de un banco central para que puedan poner en marcha políticas a favor de los trabajadores, y que funcione como prestamista de última instancia (…) En su nuevo papel, el BCE debe quedar bajo control del Parlamento Europeo, que supervisará su actividad y nombrará su dirección”.

PODEMOS nos propone la “conversión del BCE en una institución democrática para el desarrollo económico de los países. Creación de mecanismos de control democrático y parlamentario sobre el Banco Central Europeo (…)  Modificación de sus estatutos e incorporación como objetivos prioritarios la creación de empleo decente en el conjunto de la UE…”

¿Es esto posible? Habría que recordar a los redactores de ambos programas lo que dice el artículo 107 del Tratado de Maastricht: “ni el BCE ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones u organismos comunitarios, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano. Las instituciones y organismos comunitarios, así como los Gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del BCE y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones”.

La cuestión de la deuda

El pago de la deuda externa y de sus intereses estrangula a los pueblos de Europa y justifica todos los recortes. El Estado español debe hoy un 97% de su PIB y pagará en 2014 38.000 millones de euros sólo en intereses.

El programa de IU dice sobre esta cuestión: “Consideramos necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos para poder identificar qué contratos pueden considerarse “odiosos”. El objetivo de la auditoría (…)  es identificar la deuda odiosa y rechazar su pago”. Por su parte, PODEMOS dice: “Auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago. Reestructuraciones del resto de la deuda”.

Por tanto, ambos programas proponen aceptar la deuda y pagar una parte de la misma, sacrificando, por tanto, inversiones y servicios públicos para ello. Y para ello los dos insisten en derogar el artículo 135 de la Constitución, que consagra el pago de la deuda y sus intereses por encima de cualquier otro gasto del Estado. Pero de nuevo esas propuestas chocan con el marco de la Unión Europea. ¿Hemos de recordar a los redactores de estos programas lo que dice el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria? Este tratado, conocido como “Pacto fiscal europeo”, que entró en vigor el pasado 2 de marzo, establece precisamente una disciplina fiscal reforzada y varias “reglas de oro”, entre ellas una que limita el déficit estructural anual al 0,5 % del PIB y otra que obliga a priorizar al pago de deuda y sus intereses por encima de todo. Como dice expresamente este tratado, “esta norma se introducirá además en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, integrándola en la Constitución o en una norma de nivel equivalente”. Que es lo que hicieron ZP y Rajoy al modificar el antes citado artículo 135. Y es que si no lo hubieran hecho –o si se modificara ahora– el mismo tratado dice que “reconocemos la competencia del Tribunal de Justicia para verificar la incorporación de esta norma al ordenamiento jurídico nacional”.

Este Tratado permite, además, a la Comisión Europea la “supervisión y evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y la corrección del déficit excesivo y, por otra, el refuerzo de la vigilancia económica y presupuestaria de los Estados miembros…”  O sea, que la Comisión Europea, institución no elegida y que no responde ante los ciudadanos, tiene derecho de revisión de los proyectos de presupuestos de los parlamentos nacionales, de modo que “si la Comisión determina la existencia de incumplimientos particularmente graves del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, solicitará una revisión del proyecto de plan presupuestario”.

Más propuestas imposibles

Empeñados en negar la realidad, que no es otra que el marco estricto de sumisión al capital financiero y sus intereses que establecen todos los tratados de la Unión, ambos programas desgranan una serie de propuestas más o menos interesantes, pero… imposibles de llevar a cabo si no se proclama la insumisión ante la Unión Europea y sus normas.

El PSOE nos dice: “Para crear empleo, nos comprometemos a impulsar una nueva política industrial con el objetivo de elevar del 15% al 20% el peso del PIB de la industria europea, consolidando la pequeña y mediana industria y fomentando las reconversiones industriales en los sectores estratégicos de la UE”. IU propone “garantizar la titularidad pública en sectores como energía, infraestructuras, pensiones, educación y salud, junto a un parque público de viviendas suficiente para asegurar el derecho constitucional. Todos los servicios declarados de primera necesidad deben ser 100% públicos”.

¿Cómo es posible tener una política de protección de la industria o garantizar titularidades públicas cuando los tratados europeos establecen que “el mercado interior tal como se define en el artículo 3 del Tratado de la UE incluye un sistema que garantiza que no se falsea la competencia” y que “a estos efectos, la Unión tomará, en caso necesario, medidas en el marco de las disposiciones de los Tratados” (protocolo anexo al Tratado de Lisboa)? Porque, hasta ahora, la Comisión Europea y el Tribunal de la UE han establecido con claridad que esto significa que está prohibida cualquier medida que limite esa “libre competencia”. Ahí tenemos el ejemplo reciente de Alstom, gran empresa de maquinaria tecnológica francesa, que está en proceso de ser comprada por su principal competidora, la norteamericana General Electric, que tendría en sus manos desmantelarla si así le conviene.

PODEMOS, cuyo programa se sitúa –en este aspecto como en muchos otros, a la derecha del de IU– propone la “recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal”.  Una propuesta que no sólo supone que compremos a precio de oro lo que fue público y privatizado, sino que además choca con las directivas comunitarias que imponen la libre competencia y la apertura a la iniciativa privada de sectores como el correo, las telecomunicaciones, el transporte ferroviario, etc.

Respeto al poder de la Banca

Sometidos a las reglas de la Europa de Maastricht, ambos programas se ven obligados a respetar la sacrosanta propiedad de los bancos, rechazan toda propuesta de nacionalización y tan sólo proponen algunas medidas mínimas de supuesto “control”. El programa de IU propone que la “nacionalización proporcional del sistema financiero debe ser la condición necesaria para recibir ayudas del sector público. Además, debe ser una decisión que no tenga marcha atrás, esto es, que esté prohibida su privatización posterior”. En cuanto a PODEMOS,  la cosa no pasa de una propuesta que recuerda las mil y una veces prometidas por el G-8: “Diferenciación de la normativa para la banca comercial y la banca de inversión, regulando las actividades especulativas a esta última. Reorientación del sistema financiero para consolidar una banca al servicio del ciudadano. Aprobación de medidas destinadas a democratizar la dirección de las entidades bancarias y cajas de ahorros”. Y, respetando a los grandes bancos, “creación de una banca pública con gestión democrática bajo control social efectivo, a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público”.

¡Ruptura con la Unión Europea!

El programa de IU reconoce que “el objetivo principal de las instituciones europeas ha de ser la creación de puestos de trabajo, y eso es incompatible con la camisa de fuerza que imponen los tratados y normativa jurídica desarrollada en los últimos años”. Si la creación de puestos de trabajo, si la nacionalización de la Banca y de los sectores económicos fundamentales, si librarnos de la deuda que nos estrangula, si la democracia son incompatibles con “la camisa de fuerza que imponen los tratados y normativas” de la Unión Europea, ¿no debía concluir cualquier programa que defienda los intereses de los trabajadores, en una cuestión elemental, la ruptura con la Unión Europea?

No hacerlo condena a esas izquierdas a repetir una y otra vez la traición de ZP y de Hollande, o la aplicación de los recortes por parte de la Junta de Andalucía bipartita. Y en definitiva a ser socios y comparsas de Merkel o del PP.

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