El alcalde de Cádiz y las fragatas para Arabia Saudí

(Publicado en la Carta Semanal 617)

Las declaraciones del alcalde de Cádiz, José María González, “Kichi” en el programa de televisión “Salvados” han levantado una importante polémica. En esa entrevista, Kichi justificaba su apoyo y el de su coalición “Por Cádiz Sí Se Puede” a las gestiones de Felipe VI ante la Monarquía Saudí para que se contrate la fabricación de cuatro corbetas para Arabia Saudí en los astilleros de Navantia. El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, también de Podemos, también ha apoyado ese contrato, declarando que lo importante es el empleo, venga de Arabia, Venezuela o Alemania”

La venta de material militar a Arabia Saudí tiene una gran importancia. De un lado, ese país es una de las puntas de lanza de la intervención imperialista contra Siria (donde arma a grupos fundamentalistas islámicos), contra Yemen y contra las movilizaciones populares en los países del Golfo. En segundo lugar, es un país donde no se respetan ni los derechos humanos ni las libertades más elementales. No hay derechos sindicales, no se puede fundar partidos políticos, no hay libertad de culto, las mujeres no tiene ningún derecho… y la clase trabajadora, inmigrante en su inmensa mayoría, tampoco tiene derechos.

Qué duda cabe de que la pregunta tenía trampa, que introducía la división entre los trabajadores. Los obreros de las fábricas de armas, los del astillero de Navantia en la bahía de Cádiz no son responsables de la política militar e industrial del gobierno del PP. Y el alcalde de Cádiz tampoco, pero ¿por qué se mete en ese jardín, que acaba llevándole a apoyar, “por necesidad” la política del gobierno?

Kichi dijo que “nadie que puede amar a Cádiz puede oponerse” a contratos que dan trabajo a sus ciudadanos como el de Navantia con Arabia Saudí. Aunque es posible que lo que inspirara sus palabras sea lo que dijo más tarde: “nadie que se oponga a contratos como el de Navantia y Arabia Saudí gane las elecciones en Cádiz”.

El grupo pacifista Utopía Contagiosa no tardó en contestarle: “este apoyo a la SEPI y a Navantia para fabricar corbetas, buques de guerra de la clase Avante 2200, corbetas destinadas a un país criminal que las empleará, como se está viendo, en su lucha expansiva y por el control regional de una de las zonas más sensibles del planeta, es un verdadero baño de realidad (…) Parece que optas por ser uno más, uno de ellos, uno de los que callan ante el atropello del militarismo y prefiere el cálculo electoral a la dignidad”

Cualquiera puede tener un lapsus en una entrevista en directo, pero no es el caso. Antes de la entrevista, la Diputación de Cádiz había aprobado, el 16 de febrero, con los votos a favor de PP, PSOE, PP, Partido Andalucista, IU y Por Cádiz Sí Se Puede (representado por el propio Kichi), una moción presentada por el PSOE que decía que: “no cabe duda, que para Navantia, y por ende para la Bahía de Cádiz, la firma del contrato con la Armada de Arabia Saudí supondría el salvavidas que garantizaría la viabilidad de sus astilleros, de su industria auxiliar y despejaría el futuro a corto y medio plazo, ya que, además de generar una ocupación, permitiría una continuidad en el trabajo para la mayor parte de su plantilla”. En esa votación, sólo hubo una abstención: la de Ganemos Jerez. Bien es cierto que el movimiento obrero no debe aceptar el chantaje del PP: apoyo a la guerra imperialista o el paro, pero ¿por qué hay que votar junto con el PP, promotor de la política de sumisión al imperialismo USA, que incluye el suministro de armas a Arabia Saudí, una moción de este tipo?

¿Y quién le mandaba al alcalde Kichi y al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital gaditana pronunciarse, como hizo tras esa votación, “por cualquier tipo de iniciativa que aumente la carga de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz de forma inminente”. Con exigir al Gobierno los puestos de trabajo basta y sobra. ¿Quién les mete a apoyar los tratos del PP con los jeques?

Y poco después de la entrevista en Salvados, Kichi publica en la edición andaluza del diario El País un largo artículo de opinión en el que justifica su apoyo a la construcción de las fragatas, atribuyendo al pueblo de Cádiz sus complejos. Explica que “Cádiz es la provincia con más paro de toda Europa. (…) la consecuencia más trágica de eso es que (…) no somos un pueblo libre. Somos rehenes. Y a quién es rehén no se le puede pedir más que que responda con lo que le permita permanecer vivo. Somos rehenes de un secuestro que se sustenta en un chantaje permanente: o el paro o la emigración, (…), o el paro o la precariedad, (…), o el empleo o la salud (…) y ahora para este caso, una terrible y mezquina trinchera moral: o el empleo o los Derechos Humanos”.

Sabios argumentos… que nos llevarían a consecuencias inaceptables. Porque si los gaditanos deben, según Kichi, optar por las fragatas y no por los derechos humanos, ¿deberían, entonces los trabajadores gaditanos –y sus sindicatos- defender la precariedad como solución al paro, o renunciar a la protección de su salud laboral para conservar el empleo? Porque la cuestión no es lo que pueda hacer un trabajador individual frente al chantaje de su patrón, sino lo que deben defender las organizaciones creadas por los trabajadores para defenderse del capital, como los sindicatos… o Anticapitalistas.

Ante ese dilema, Kichi se limita a una justificación “moral”, y dice que asume que “es una contradicción al fin y al cabo. La asumo con toda la honestidad moral de la que soy capaz de armarme. Como alcalde de Cádiz, pero también como militante revolucionario y antimilitarista”.

¿Revolucionario y antimilitarista?

José Manuel González es –no podemos dejar de referirnos a ello– militante de “Anticapitalistas”, sección en España del Secretariado Unificado que se denomina a sí mismo, “Cuarta Internacional”. Por tanto, su defensa del contrato militar con Arabia Saudí se cubre o pretende cubrirse con la bandera del marxismo y de León Trotski.

Contrariamente a lo que defiende Kichi, la IV Internacional no tiene miedo a defender sus principios. Como dice su programa fundacional: Mirar la realidad cara a cara, no buscar la línea de la menor resistencia, llamar a las cosas por su nombre, decir la verdad a las masas por amarga que ella sea, no temer los obstáculos, ser fiel en las pequeñas y en las grandes cosas, ser audaz cuando llegue la hora de la acción, tales son las reglas de la IV Internacional”.

Los verdaderos revolucionarios y antimilitaristas no se guían por la búsqueda de un puñado de votos. Tal vez porque no creen que la vía electoral permita solucionar los problemas de la clase trabajadora y la Humanidad. Por eso son revolucionarios, porque piensan que sólo la revolución, destruyendo el orden económico, social y político basado en la propiedad privada de los medios de producción, puede crear un nuevo orden social basado en la justicia. Y no dudan en enfrentarse a la opinión de la mayoría para defender sus principios. En 1914 un tal Carlos Liebknecht no dudó en votar, uno solo contra 110 diputados de su propio partido, contra la guerra imperialista. Ese es un verdadero ejemplo de revolucionario y antimilitarista, que no teme a las consecuencias de sus actos (que no fueron perder un puñado de votos o una alcaldía, sino ser expulsado de su partido –el Partido Socialdemócrata, en el que militaban entonces todos los socialistas– y acabar en la cárcel).

El ejemplo de Liebknecht no parece valerle a Kichi. En su artículo en El País, por el contrario, escribe que está “convencido de que las cosas no las cambian minorías intelectuales, por más razón que tengan en sus planteamientos, sino la mayoría social de las clases populares, por más contradicciones con las que tengan que bregar; mi lugar está junto a los trabajadores, nunca frente a ellos”. Precisamente, la Historia demostró que quien estaba de verdad con “la mayoría social” no eran los 110 que votaron a favor de la guerra, sino el único que votó en contra.

El pronunciamiento de Kichi no es, además, una decisión puntual, sino que forma parte de una línea de actuación. De la Base Militar de los EE.UU. en Rota –en la que no se sabe ni se puede saber si hay no armas nucleares- a Cádiz hay menos de 10 kilómetros en línea recta, una distancia que supone que cualquier incidente militar en esa base pone en peligro a la población de Cádiz. Y sin embargo, en la “marcha a Rota” por el cierre de la base no hubo presencia ni de Kichi, ni de Teresa Rodríguez, presidente de Podemos-Andalucía y también “anticapitalista”, ni de su organización. Como no la hay en ninguna movilización contra las Bases USA. El Ayuntamiento de Cádiz, los demás ayuntamientos, las organizaciones andaluzas de los trabajadores tienen una responsabilidad particular en organizar el combate por acabar con la colaboración entre los gobiernos imperialistas que machacan el Oriente Medio y África.

Tras la caída de la URSS, el Secretariado Unificado, organización de la que forma parte Anticapitalistas, declaró que el ciclo abierto por la Revolución de Octubre se había cerrado. Parecía un eco del “fin de la Historia” que proclamaba Francis Fukuyama. Pero si la era de la revolución proletaria se ha cerrado, no queda sino adaptarse al capitalismo, tal vez con la idea de buscar “un sistema más humano” o “reducir la desigualdad”. Contra esa línea oportunista se fundó la Cuarta Internacional, cuyo programa de fundación lo deja muy claro: “El objetivo estratégico de la IV Internacional no consiste en reformar el capitalismo, sino en derribarlo”.

Para derribar el capitalismo no hay que ganar elecciones, pero si uno se propone “cambiarlo desde dentro”, ganarlas puede parecer lo más importante… aunque haya que dejar los “principios antimilitaristas y revolucionarios” guardados en el cajón.

Una política concreta

Hace dos años que José María González fue nombrado alcalde de Cádiz. Y las críticas a su gestión no se limitan a su defensa del contrato de las corbetas.

En noviembre de 2016 se hacía público un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre el gasto social de los 350 municipios con más de 20.000 habitantes que hay en España. Ese estudio ponía de manifiesto que Cádiz había reducido su presupuesto social un 20% desde que la gestiona  Kichi. El gobierno municipal se apresuró a desmentir esa información… y a modificar por vía de urgencia el proyecto de presupuestos para 2017 para pasar dinero de otras partidas a gasto social. Una operación que la oposición municipal definió como la respuesta del equipo de gobierno a la publicación de ese estudio.

De lo que sí presume el Ayuntamiento de Cádiz es de haber reducido la deuda municipal (un objetivo en consonancia con la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP). Según se anuncia en la página web del Consistorio, ha reducido su deuda 27 millones de euros durante el primer año de legislatura de la coalición de gobierno formada por Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz (el interventor del Ayuntamiento de Cádiz se apresuró a corregir ese dato y a cifrar la reducción real en 16 millones). Ahora bien, lo que no explica la web municipal es que esa línea no es sino la continuidad de lo que había hecho Teófila Martínez, del PP, puesto que el nuevo alcalde se benefició a finales de 2015 de una operación que ya había programado Teófila Martínez como fue la venta por diez millones de euros a Zona Franca de los bajos del estadio Carranza.  Una política que el nuevo ayuntamiento parece querer continuar, puesto que el Jefe de Gabinete de la Alcaldía, José Vicente Barcia, adelantó como posibles fórmulas para hacer caja la venta de suelo municipal y la venta parcial de la Empresa Municipal de Aparcamientos (EMASA) o la enajenación de alguno de sus parkings. A eso se le llama privatizar.

Constatamos que la política que consiste en regenerar las instituciones de la Monarquía -sean ayuntamientos o parlamentos- se estrella con la dura realidad que impone el capital financiero. Pero, ¿significa eso que no es posible hacer nada en los ayuntamientos a favor de los trabajadores? Sin duda que sí es posible, pero sólo si el punto de partida es la defensa de los derechos de los trabajadores, de los servicios públicos, de los derechos democráticos, sin oponer unos a otros. Y esta contradicción sólo tiene salida en la lucha de clases, en la movilización unida. Todo el que considere que la vía de las instituciones conduce al paraíso, tendrá en el comportamiento político de los llamados “anticapitalistas” su más claro desmentido.

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