(Publicado en la Carta Semanal 591)

Como se esperaba, las dos votaciones que pretendían la investidura de Rajoy como presidente del gobierno han sido fallidas.

Durante ese debate, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, llamó a abrir un diálogo entre las “fuerzas del cambio”. Al acabar el mismo, Albert Rivera, de Ciudadanos, anunció que daba por acabado el pacto de investidura con el PP y que ese partido debería pensar en cambiar de candidato a la presidencia del gobierno y presentar uno “con una investidura viable”. El PCE, fuerza mayoritaria en Izquierda Unida, hacía público un comunicado en el que llamaba a “sumar una mayoría parlamentaria en torno a un programa de mínimos, un programa que permita formar un Gobierno de progreso tal y como ya ocurrió en Portugal”, para lo cual sería preciso que “todas las fuerzas, tendríamos que dejar aparcados puntos de sus programas, estamos dispuestos a ello en la medida que se reviertan políticas de recortes y austeridad, y en la medida que se recuperen libertades públicas que han sido anuladas por el PP, y que se abra una etapa de regeneración de la vida pública…”. En público, los dirigentes de las principales fuerzas representadas en el Parlamento empiezan a hablar de unas terceras elecciones.

En esta situación, es lógico preguntarse si se puede hablar de un simple bloqueo parlamentario o de una verdadera crisis de régimen, como hacía el comentarista Enrique Gil Calvo en El País, cuando ya a primeros de agosto hablaba de la “catastrófica agonía del Régimen de la Transición”.

Y es que la razón del bloqueo es muy sencilla: al derribar a Rajoy la gran mayoría de la población ha expresado unas exigencias (desde la derogación de la Reforma Laboral hasta la solución democrática de las cuestiones “territoriales” y, en Cataluña, el derecho de autodeterminación) que son incompatibles con el mandato del capital financiero y del aparato de Estado (nueva reforma laboral y de pensiones, enfrentamiento entre los pueblos)

Los trabajadores no pueden permitir un “gobierno de las 150 medidas”

Tiene razón Pedro Sánchez cuando en el debate de investidura ha dicho una y otra vez que no puede apoyarse un mal gobierno con tal de que haya gobierno. Al hacerlo, y mantener el voto no a la investidura, no ha hecho sino expresar la voluntad de la inmensa mayoría de militantes socialistas y de sus votantes. Esta posición, mantenida hasta ahora pese a las presiones del aparato de Estado que transmiten “barones regionales” como Fernández Varas y prebostes como Felipe González, es un punto de apoyo para todos los trabajadores y pueblos. Otra cosa es hasta cuándo va resistir la dirección del PSOE esas presiones.

Porque una cosa está clara: dar paso a un gobierno basado en las “150 medidas” pactadas por el PP y Ciudadanos sería abrir camino a mantener todos los ataques a derechos y conquistas sociales y abrir paso a otros nuevos. Sería apoyar el mantenimiento de la LOMCE, de la Ley Mordaza, de la Reforma Laboral, del artículo 135.3 del Código Penal (lo que llevaría impepinablemente a cientos de sindicalistas a prisión), etc.

En ese sentido, cientos de militantes y responsables se han dirigido a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, reclamándoles que no permitan un nuevo gobierno de Rajoy…y han pedido que sean recibidas delegaciones de los y las firmantes. No, podemos sino apoyar esta iniciativa que va en el sentido de forjar la Alianza necesaria para cambiar la situación en beneficio de los trabajadores, de la juventud, de la inmensa mayoría. Un cambio que sólo puede ser real y duradero si se orienta a acabar con la monarquía y abrir un proceso constituyente republicano.

Si analizamos esas 150 medidas que configurarían el programa del gobierno PP-Cs, nos encontramos con un concentrado de la política del capital financiero con la particularidad española, que no es otra que la defensa del marco político, los privilegios y la función de las instituciones heredadas del franquismo y particularmente contra los trabajadores y los pueblos (de entrada, contra el pueblo catalán).

En esas 150 medidas, la relación con la Unión Europea, promotora de todos los recortes y garante de la Monarquía, está afirmada desde el principio. Y ello a pesar de la creciente dislocación de este entramado antidemocrático y la oposición creciente a las instituciones del capital financiero entre la población.

Nadie puede predecir si la dirección del PSOE va a mantener su negativa a dar paso a un gobierno Rajoy o por cuánto tiempo. En todo caso, la oposición basada en el voto NO es tan necesaria como insuficiente. Porque para forjar una mayoría alternativa, el Partido Socialista tendría que apoyarse en las fuerzas que defienden el derecho a decidir de los pueblos, y aquí tropieza con una contradicción insalvable: su apuesta por la defensa del régimen que se expresa con especial crudeza en la negativa a asumir los derechos de los pueblos (como hacía el PSOE hasta 1976, cuando defendía en su programa el derecho de autodeterminación, y con una actitud más o menos conciliadora hasta estos últimos años).

La cuestión del régimen

Si volvemos la vista atrás, el movimiento obrero sólo ha podido actuar con todas sus fuerzas cuando se ha basado en la alianza de las reivindicaciones de la clase trabajadora y las de los pueblos de todo el Estado. Así fue entre 1931 y 1936, en la lucha contra el golpe militar del 18 de julio y en la lucha contra el franquismo. Las mejores tradiciones del movimiento obrero se basan en esa alianza. El bloqueo de una alternativa a Rajoy confirma esa cuestión.

No puede haber unidad de los trabajadores y mayoría de cambio sin reconocer los derechos de los pueblos, y no puede haber defensa de los derechos sociales, arrebatados por el gobierno Rajoy, sin defender los derechos nacionales. La negativa al derecho a decidir no es un hecho aislado. Es la expresión de cómo la defensa del régimen y sus privilegios se convierte en un peso muerto para las organizaciones que hablan en nombre de los trabajadores y trabajadoras.

Por eso llama la atención que incluso una organización como el PCE, que dice defender la ruptura con el régimen, la apertura de un proceso constituyente y la República, se sigan moviendo en el callejón sin salida de una “salida progresista” a la crisis del régimen, que se antoja cada vez más imposible.

Hay que levantar acta de que, llegados a un momento político en que las exigencias de la gran mayoría de población chocan de frente con el régimen, en el debate de investidura ninguno de los partidos ha mencionado siquiera la posibilidad de establecer la República, o abrir un proceso constituyente. Con la única excepción de Esquerra Republicana de Cataluña, que en su día rechazó la Constitución.

Más que nunca, hoy es preciso trabajar por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos, para hacer frente a su enemigo común, el capital financiero, que se parapeta tras el régimen monárquico establecido en 1975-78, el cerrojo que hay que romper.