(Publicado en la Carta Semanal 600)

La semana pasada esta Carta se dedicaba, en buen medida, a la cuestión de las pensiones. Algunos compañeros que la reciben nos han pedido profundizar en el debate, y creemos necesario responder a esa petición.

Recordemos que el sistema público de pensiones, tal como lo hemos conocido, no hace otra cosa que organizar el cobro de un salario diferido de los trabajadores y trabajadoras. Así lo explicábamos en la Carta Semanal 586 publicada el mes de julio pasado.

Desde hace décadas, los capitalistas, que buscan en todas partes reducir el coste de la fuerza de trabajo, pugnan por recortar o eliminar este salario diferido, que pagan ellos bajo la forma de “cotización patronal a la Seguridad Social”. Las organizaciones patronales se quejan una y otra vez de las “altos costos” que suponen estas cotizaciones que cínicamente califican como “un impuesto al trabajo”. La propuesta de financiar todo o parte de las pensiones con cargo a impuestos -que hoy defienden algunos dirigentes sindicales- es una vieja propuesta patronal, que permitiría reducir las cotizaciones. Es el caso de Francia, donde en 1991 se introdujo un nuevo impuesto, la Contribución Social Generalizada, cuyo monto ha ido aumentando de un 1,1 a un 7,5%, y que ha permitido reducir sensiblemente las cotizaciones que pagan los empresarios.

¿Las pensiones, en manos de los especuladores?

Al mismo tiempo, el capital financiero pugna por desviar los cuantiosos fondos que suponen las pensiones hacia los circuitos especulativos. Del mismo modo que se esfuerza por meter la mano en negocios como la sanidad. Ese intento pasa por establecer los fondos de pensiones privados. Recordemos que si se confiara el pago de las pensiones a estos fondos, estaríamos hablando de alrededor de 100.000 millones de euros al año.

Eso, sin ir más lejos, es lo que hizo la dictadura de Pinochet en Chile, que eliminó las pensiones públicas y las sustituyó por un sistema en que los ciudadanos depositan sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas del sector financiero, conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Bajo ese sistema, las pensiones reales han ido descendiendo cada año. Hoy, una inmensa movilización recorre Chile exigiendo acabar con las AFP y volver a un sistema público de pensiones.

¿Cómo abrir paso a un sistema privado que supone rebajar las pensiones? Es evidente que no es fácil, pero que uno de los pasos que más pueden facilitar estas medidas es llevar las pensiones a la quiebra o, al menos, reducir significativamente su cuantía para “estimular” a los que puedan (aunque sea apretándose más el cinturón) a suscribir fondos de pensiones privados.

Los años de Rajoy, como analizábamos en la última Carta Semanal, han supuesto un vaciamiento continuado de la Caja de la Seguridad Social, que pone las condiciones para “obligar a tomar medidas”, es decir, para imponer recortes.

Rajoy no puede hacerlo solo

Tal y como señalábamos hace un semana, Rajoy y su gobierno no tiene fuerza ni apoyo social suficientes como para intentar algo tan grave como un ataque en toda regla a las pensiones. Para hacerlo, necesita un doble consenso, político y social.

El mecanismo para el consenso político sobre pensiones ya existe, es el Pacto de Toledo, que se creó en 1995 por el Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los partidos políticos representados entonces. Hay que suponer que los “nuevos partidos” mantienen ese consenso, puesto que ni Ciudadanos ni Podemos se han manifestado en contra de él, e incluso el diputado de Podemos Juan Pedro Yllanes presidió la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo durante la anterior- y fugaz- legislatura. Por lo demás, Nacho Álvarez, responsable económico de Podemos, acaba de mostrarse partidario de la financiación vía impuestos, como dice el pacto PP-C’s y como también acepta el PSOE.

En 1995, en el congreso de CCOO, se llevó una batalla contra el pacto de Toledo. Una enmienda que pedía la ruptura con ese pacto obtuvo un tercio de los votos de los delgados en el Congreso Confederal. De esta continuidad nos reclamamos.

En cuanto al “consenso social”, Rajoy necesita, para “reformar” las pensiones, de un acuerdo con los dirigentes de UGT y CCOO que le garantice que se desactiva una posible protesta social. Los dirigentes han dado ya un primer paso, al reclamar que una posible “solución” pasaría por reunir al Pacto de Toledo y debatir en su seno qué medidas tomar. Pero cualquier nuevo acuerdo que suponga una rebaja de las pensiones va a tropezar, sin duda, con importantes resistencias por parte de muchos cuadros e instancias sindicales y provocará el rechazo de afiliados y trabajadores.

Hay que recordar que el de febrero de 2011 los dirigentes de UGT y CCOO llegaron a un acuerdo con la patronal y el gobierno de Zapatero sobre pensiones, en el marco del “Acuerdo Social y Económico” (ASE). Entonces aceptaron retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años (lo que se está haciendo de manera paulatina), incrementar -también paulatinamente- el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, e introducir un nuevo elemento, el “Factor de Sostenibilidad”, que sustituiría a la subida automática de pensiones según el IPC y que se aplicaría a partir de 2019 (Rajoy se ha aprovechado de la creación de esta figura para empezar a aplicarla desde 2014 con las subidas de un 0,25% en las pensiones). Con el ASE, los dirigentes de UGT y CCOO nos aseguraron que el sistema público de pensiones “estaría blindado” hasta el año 2027. Sólo han pasado 5 años y ya ha habido dos reformas de Rajoy “impuestas” y se está hablando de una nueva “reforma”, o sea, de nuevos recortes, eso sí, pactados. No está de más recordar que el ASE fue entonces saludado por Merkel y el presidente de la DGB alemana, presentes en Madrid, como un ejemplo, para toda Europa.

En la lucha contra el ASE, se constituyó la Plataforma de Sindicalistas por la Independencia y la Democracia Sindical, que organizó delegaciones a los dirigentes de UGT y CCOO.

¡Ningún “consenso” para recortar las pensiones! ¡Unidad para defenderlas!

El gobierno Rajoy no puede contar con ningún apoyo, ningún “consenso”, ningún “diálogo social” que le permita recortar el medio de vida de 9 millones de pensionistas, miembros de la clase trabajadora, y de millones de pensionistas futuros.

Por el contrario, sobre la base de la defensa de las pensiones es posible organizar la unidad de todas las organizaciones políticas y sindicales que representan y organizan a la clase trabajadora para hacer frente a los planes de Rajoy, al saqueo de la Seguridad Social que exige el capital financiero. Doscientos militantes sindicales han hecho un llamamiento a la unidad, planteando a los responsables de los sindicatos y los partidos, que digan juntos a Rajoy: ¡Ningún recorte a las pensiones!, y que organicen la movilización para impedirlo. Desde todos los rincones del Estado, desde todas las instancias sindicales es preciso responder positivamente a ese llamamiento, organizar actos, reuniones y delegaciones para que se haga realidad.