¡Unidad para salvar las pensiones!

(Publicado en la Carta Semanal 586)

Carta-586En más de un centenar de años de lucha de clases, la clase trabajadora, con sus organizaciones al frente, ha arrancado a la burguesía sus conquistas sociales, que no son sólo patrimonio de los trabajadores y trabajadoras, sino del conjunto de la sociedad.

Conquistas como el derecho a la educación y formación, garantizado por la Escuela Pública gratuita y la Universidad Pública con matrículas simbólicas. Como el derecho a la salud, garantizado por la existencia de un Sistema Sanitario Público. Como la jornada de 40 horas semanales, el descanso semanal, las vacaciones pagadas. Como el derecho a la jubilación, garantizado por la existencia de un sistema de Seguridad Social.

Para los defensores y portavoces del capital, todas y cada una de esas conquistas eran “imposibles” y “utópicas”, enemigas de la productividad, y pondrían en peligro el futuro de las empresas. ¿Cómo se iba a limitar la jornada laboral, poniendo límites a la explotación del obrero por el patrón? ¿Cómo se iba a pagar al obrero un mes al año por no trabajar? ¿Cómo iba a cobrar un trabajador a partir de una edad por no trabajar? Y sin embargo, todas han sido posibles.

Fueron posibles como resultado de la lucha revolucionaria de la clase obrera, con sus organizaciones, sobre todo los sindicatos, a la cabeza. La lucha revolucionaria del proletariado francés arrancó en 1936 el derecho a vacaciones. La Revolución Rusa creó el primer servicio estatal de salud, copiado por el gobierno laborista británico en 1945, en la euforia obrera tras la derrota del nazismo. La lucha de los primeros socialdemócratas alemanes en el siglo XIX llevó a la creación del primer sistema público de pensiones.

Estas conquistas, arrancadas por la lucha de clases en un país, se extendían a otros. Así, el sistema de pensiones tal como lo conocemos hoy fue introducido en España bajo el régimen de Franco. En 1919, dos años después de la huelga general revolucionaria y de la Revolución Rusa, se crea el Retiro Obrero Obligatorio, para trabajadores con remuneraciones bajas, gestionado por el Instituto Nacional de Previsión. La dictadura de Franco modificó el retiro obrero (SOVI) y en 1963, dos años después de las huelgas de Asturias, creó la Seguridad Social. Los Pactos de la Moncloa estructuraron el actual sistema de seguridad social.

Ahora, todas esas conquistas están en peligro por la ofensiva del capital financiero, que quiere recortar todos y cada uno de esos derechos y entregar lo poco que quede de sanidad, enseñanza, pensiones, a la rapiña de la privatización. En el Estado Español, el sistema público de pensiones está en grave peligro de manera inminente.

Rajoy saquea la caja de las pensiones

El sistema de Seguridad Social se basa en la solidaridad entre generaciones de trabajadores, por medio de la cual las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados actuales. Cotizaciones que no son una carga sobre los patronos, un impuesto, sino salario diferido de los trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo, la existencia de una caja única de la Seguridad Social a escala estatal garantiza la solidaridad de la clase obrera entre los trabajadores de los diversos ramos, de las diversas categorías y de todas las regiones y nacionalidades.

La II República no llegó a aprobar la participación sindical en la gestión de las pensiones. La dictadura franquista mantuvo el control total de la caja de las pensiones por el Estado. A la muerte del dictador, la “democracia” no dio a los sindicatos ningún grado de control sobre esos fondos, que son propiedad de los trabajadores cotizantes, y no del Estado. Lo cual permite al gobierno cercenar o anular derechos.

En 1997-2004 el sistema público de pensiones acumulaba superávits año tras año, y gracias a esos superávits se constituyó un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la “hucha” de las pensiones, que debería garantizar las pensiones futuras. Ese fondo llegó a acumular 66.815 millones en 2011 y los gobiernos lo han utilizado para comprar deuda del Estado u otros valores financieros. La mayoría del PP en Cortes votó que en 2015 y 2016 el Gobierno podía vaciar el Fondo de Reserva sin limites. Y ha utilizado los recursos del Fondo para abonar las pagas extra y garantizar el pago de las pensiones.

Durante la legislatura que terminó en diciembre de 2015, se retiraron 45.451 millones del Fondo de Reserva, que quedó reducido a la mitad, desde los 66.815 millones de 2011 hasta los 34.221 millones con los que cerró 2015.

En junio de 2016, para pagar la paga extra, el gobierno Rajoy sacó de la “hucha” 8.700 millones. Acaba de sacar otros 1.000 millones para pagar las retenciones de IRPF de esa paga.

El saldo que queda es de 24.604 millones. Sólo queda disponible por tanto el 37% del saldo que había hace cinco años. Con este nuevo rescate el Gobierno suma la utilización de 56.901 millones del Fondo de Reserva y de sus rendimientos, así como otros 8.612 millones procedentes de los excedentes de las mutuas de accidentes. El ministerio de Empleo ya ha anunciado para diciembre otra nueva disposición de otros 8.700 millones. Si las cosas siguen así el Fondo desaparecerá a finales de 2017.

CCOO y UGT han exigido al Gobierno que finalice “el uso indebido y excesivo del Fondo de Reserva”. Que en 2017 se vuelva a respetar el límite del 3% para disponer de Fondo. Que dejen de reducirse los ingresos de la Seguridad Social recortando las cotizaciones patronales con el pretexto de fomentar la contratación.

Sin embargo, el borrador de programa de gobierno que Rajoy ha entregado a los grupos parlamentarios estipula exactamente lo contrario: generalizar la “tarifa plana de cotizaciones empresariales”, que está pagando la Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los anuncios del Gobierno y las constantes noticias de prensa sobre el Fondo de Reserva buscan crear un clima de pánico para justificar nuevos recortes de pensiones y, como denuncia el secretario general de UGT, José Mª Álvarez, detrás de “esta campaña de desgaste del Fondo de Reserva de las pensiones hay otra para aumentar los fondos privados. Pero estos fondos han fracasado en todo el mundo y esto la gente lo debe saber”.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

¿Por qué tiene déficit la caja de la Seguridad Social? Es el resultado de las altas tasas de desempleo, así como de las diversas bonificaciones de cuotas patronales (tarifas planas, bonificaciones con cargo a cuota…) pero también de las rebajas salariales y la precarización del empleo, que hace que habiendo crecido el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en cerca de un 4%, los ingresos lo hagan solo en un 0,8%, mientras crece el volumen de pensionistas.

Conviene recordar que el bajón de los salarios es resultado de las reformas laborales de 2010 y 2012. Sin derogarlas, sin recuperar también el salario de los empleados públicos, seguirían hundidos los ingresos de la Seguridad Social.

Pero el problema no es solo una mala gestión de la crisis. En septiembre pasado un artículo de Juan Miguel Fernández en IO 297 señalaba que se cosechan hoy los frutos de una política desarrollada desde los pactos de la Moncloa de 1977 e instrumentada a través del Pacto de Toledo: reducir las cotizaciones patronales, esquilmar la caja de la Seguridad Social con subvenciones a las empresas y prestaciones que debería pagar el Estado. (Léase ese artículo en http://sio.informacionobrera.org/?p=336).

De reforma en reforma, hasta la muerte

Conforme el sistema se deteriora a pasos agigantados, las sucesivas reformas van atacando a los pensionistas. Un reciente informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) escrito por Ignacio Zubiri (Universidad del País Vasco) repasa las dos últimas reformas –la de 2011 y 2013– para concluir que “son poco más que una rebaja generalizada de las pensiones que afectan a todos sus elementos”. El informe advierte de que las pensiones serán un 35% más bajas tras los cambios introducidos, que “han ignorado los derechos morales de los pensionistas y les han hecho cargar con todo el coste del envejecimiento de la sociedad”.

En febrero de 2011, los dirigentes de UGT y CCOO firmaban con el gobierno Zapatero el Acuerdo Social y Económico (ASE) por el que se aceptaba una rebaja de pensiones y el retraso de la edad de jubilación. Los dirigentes se defendieron entonces de las críticas generalizadas de trabajadores y afiliados alegando que con ese acuerdo se iba a salvar el sistema de pensiones hasta 2027. Hoy no está garantizado que sobreviva a 2017.

El balance del ASE es el balance del llamado “diálogo social”: implicó a los sindicatos en un recorte de derechos, generando un rechazo de los trabajadores y la juventud que ha debilitado gravemente a las organizaciones, y todo para no garantizar nada.

¿Otro pacto de pensiones?

El borrador de programa de Gobierno repartido por Rajoy a los grupos parlamentarios propone un nuevo pacto para hacer sostenibles las pensiones. Primero vacía la caja y luego exige que las pensiones se ajusten a la ruina.

Por su parte, el PSOE ha presentado una Proposición no de Ley instando al Gobierno “a reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, especialmente las pensiones mínimas, así como fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones”.

¿Va a salir del Pacto de Toledo la salvación del sistema de Seguridad Social? Permítasenos dudarlo, puesto que ese mismo pacto ha tenido como función desde 1995 avalar los sucesivos recortes de pensiones con la excusa de “salvar el sistema”. Volver al Pacto de Toledo sólo supone la voluntad de los dirigentes del PSOE y de las principales organizaciones de “consensuar” medidas para que los trabajadores paguen más y reciban menos.

Continuando con la línea de rebajar las cotizaciones patronales, que son parte del salario, parece crearse un consenso de los partidos parlamentarios para complementar la recaudación de la Seguridad Social con impuestos. Algunos han propuesto hacerlo con una subida del IVA. Los dirigentes sindicales lo están aceptando. Pero esto convertiría un sistema garantizado con las cotizaciones obreras en algo que queda en manos del gobierno de turno. Como sucedió con la sanidad, que así ha llegado a una situación límite.

La única garantía de salvar el sistema es la actuación unida de las principales organizaciones obreras para organizar la movilización de todos los trabajadores del Estado en defensa del sistema de pensiones solidario, de reparto, lo que incluye necesariamente la derogación de las reformas de las pensiones de 2010 y 2013 y la defensa de la Caja Única de la Seguridad Social. Recordemos que el pacto de Toledo, mecanismo del consenso para todos los recortes, surge de una iniciativa de CiU. Y que a partir de ahí los sucesivos robos perpetrados por los gobiernos centrales han dado espacio a la demagogia de una mal llamada Seguridad Social Catalana o Vasca, cuando en realidad el PNV y el PDC quieren llevarse “su trozo de la caja” para entregar el dinero de las pensiones a los Fondos privados, rivalizando con Rajoy.

La necesaria –y urgente– movilización en defensa de las pensiones debe partir de exigir la subida del salario mínimo, la derogación de las contrarreformas laborales, la eliminación de toda bonificación con cargo a la caja de la Seguridad Social, con devolución de las que ya se han cobrado, y la puesta en marcha de un verdadero plan de empleo y de medidas de urgencia para salvar la Seguridad Social.

Todo ello tiene un norte: una verdadera defensa de las pensiones sólo puede partir de una recuperación de las cotizaciones.

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