(publicado en la Carta Semanal 439)

La prensa coincide en señalar que los cálculos del Gobierno sobre cuánto se reducirá el gasto en pensiones con la reforma que acaba de plantear se han quedado (¿deliberadamente?) cortos. En el anteproyecto difundido por el Ministerio de Empleo, éste calcula que se ahorrará unos 33.000 millones en nueve años. Pero, para elaborar esa estimación, ha partido de que la inflación solo será del 1% anual en ese periodo, lo que no ha sucedido prácticamente nunca en  los últimos años. Si se toma una inflación del 2% (que es la utilizada por el Banco Central Europeo en toda la zona euro), el recorte entre 2014 y 2022 rondaría los 70.000 millones, más del doble que la estimación oficial. Pero si los cálculos se hacen con un 3%, que ha sido el promedio de IPC en España desde la creación del euro, la reducción superaría los 110.000 millones.

70.000 ó 110.000 millones que supondrían un recorte del poder adquisitivo de los pensionistas. Con una inflación del 2% anual, la devaluación acumulada en los próximos seis años equivaldría a 109 euros mensuales, unos 1.527 euros en todo el año. Con el 3% de inflación, cada pensionista perdería 2.460 euros, más de 175 euros en cada paga.

Según el Gobierno, el índice de revalorización de las pensiones reflejará una situación de déficit hasta, al menos, 2018. Solo en 2022, según Empleo, la fórmula empezará a reflejar mejores ingresos. Es decir, entre seis y nueve años de pérdida de poder adquisitivo de las pensiones

¿Qué dicen los sindicatos?

Tanto CCOO como UGT coinciden en que esta reforma va a suponer un durísimo golpe a los pensionistas, así como a la propia recuperación económica.

Así, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, declaró el pasado 18 de septiembre, al salir de la reunión del Comité de Dirección de la Confederación Europea de Sindicatos en Bruselas,  que “el propio Gobierno ha tenido que reconocer, en la memoria del anteproyecto de ley, que de lo que se trata, efectivamente, es de recortar las pensiones”, añadiendo que “la propuesta de reforma del Sistema Público de Pensiones planteada por el Gobierno le va a asestar un golpe muy duro a las posibilidades de recuperación de la economía de nuestro país”, porque, recordó, “en este momento, desgraciadamente, gran parte de las posibilidades de consumo dependen de las modestas rentas de los pensionistas. Pensionistas que, en un porcentaje muy significativo, están bajo el umbral de la pobreza, van a ver agravada su situación”, y afirmó que “las medidas planteadas por el Ejecutivo significan la segunda vuelta de tuerca a la devaluación o recorte de rentas con carácter general en nuestro país iniciada con la reforma laboral”.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha rechazado la propuesta de reforma de las pensiones que plantea el Gobierno  por “injusta” e “innecesaria” y ha denunciado que se traducirá en un “empobrecimiento” de los pensionistas y pondrá en riesgo la recuperación. Además, según los cálculos de CCOO, la reforma supondrá un recorte de las pensiones de entre el 15% y el 28% en 15 años. “No estamos de acuerdo con que esto sea así, con que tenga que ser inevitable un empobrecimiento de los pensionistas actuales y futuros”, añadió.

Por su parte, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, declaró tras la reunión mantenida por los sindicatos con el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, para analizar la propuesta de reforma de las pensiones del Gobierno, que “con estas medidas no se va a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Esta fórmula condena a los pensionistas de este país a una pérdida de poder adquisitivo de entre un 20 y un 28%”, y añadió que “no se puede aprovechar la crisis para que nuestros pensionistas pierdan poder adquisitivo. No es que nuestros pensionistas no se vayan a poder calentar, es que no van a poder comer. Eso sin contar con el esfuerzo que los pensionistas están haciendo por ayudar a sus familias en estos momentos de crisis”

El cálculo inicial de impacto realizado por CCOO, señala que las reformas presentadas por el Gobierno “si se pusiesen en marcha tal cual se han presentado, sin contar con otras medidas adicionales de mejora de ingresos que pudieran corregir total o parcialmente sus efectos, supondrán una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 14,8% y hasta un 28,3% durante los próximos 15 años”.

Por tanto, la valoración de ambos sindicatos es unánime: las propuestas del Gobierno suponen una rebaja muy importante de las pensiones, que ya de entrada no son altas: hay que recordar que la pensión media está en 850 euros.

¿Y entonces?

A la salida de la reunión con el Secretario de Estado, Carmen López, manifestó que los sindicatos habían propuesto a éste “que retire la propuesta que envió a los Agentes Sociales, que se sienten y hablemos realmente sobre qué es lo que necesita el Sistema de Seguridad Social”.

En las declaraciones que citamos antes, Cándido Méndez volvió a decir que el Gobierno “debe retirar esta reforma” porque se trata de una propuesta “injusta” e “innecesaria” y añadió, según la web de UGT, que el sindicato analizará la propuesta en profundidad y “en su momento marcaremos las iniciativas que, en cualquier caso hay que compartir desde los sindicatos con el conjunto de la sociedad porque este es un problema que afecta al conjunto de la sociedad española y no sólo a los trabajadores”.

Sin embargo, no quedó tan claro que es lo que plantea Toxo. Según lo recogido en la web de CCOO, Toxo ha defendido aumentar los ingresos del Sistema y financiar una parte del gasto de la Seguridad Social con impuestos. “No era necesaria esta nueva reforma que plantea el Gobierno porque hay una reforma acordada en el año 2011 que tiene una proyección hasta el año 2027”, a lo que añadió que “aunque nosotros vamos a seguir hablando, no nos resignamos a que el único resultado de las conversaciones tenga que ser una minoración de la calidad de las pensiones”.

Entonces, ¿se va exigir al Gobierno que retire su propuesta o se van a sentar los dirigentes a negociar sobre la base de ésta? La pregunta no es banal, porque la Troika presiona al Gobierno para que rebaje ya las pensiones, y el Gobierno ha marcado una fecha para que la reforma esté en marcha: el 1 de enero del año próximo.

Una exigencia a levantar desde todas partes

Un ataque de tal envergadura no puede pasar sin una respuesta clara y contundente. Desde todos los centros de trabajo y de estudio, desde todas las instancias sindicales, hay que dirigirse a los dirigentes para exigirles que se pongan de acuerdo, que anuncien públicamente su negativa a sentarse a negociar ese recorte de pensiones que exige la Troika y propone el Gobierno, que exijan al Gobierno que retire su propuesta de recorte de pensiones, y que se dirijan a las demás organizaciones que representan a los trabajadores, a la juventud y los pensionistas para organizar las más potentes movilizaciones, fijando incluso una convocatoria de huelga general, si el gobierno sigue adelante.

Está en juego la integridad de los trabajadores. Y también la fraternidad entre los pueblos. Porque el combate en defensa de los pensiones une a los pueblos del Estado español. Forma parte de las conquistas sociales básicas que son el cemento de la unidad de los trabajadores contra la división autonómica.