¿Van a negociar los dirigentes de UGT y CCOO una nueva rebaja de las pensiones?

(publicado en la Carta Semanal 438)

Carta-438Como señalábamos en la anterior Carta Semanal, la debilidad del Gobierno le impide llevar a cabo de inmediato el recorte de pensiones que recomendaba la “Comisión de Expertos” nombrada por el Gobierno y en la que la mayoría abrumadora de los miembros eran representantes de la banca o las aseguradoras, de los fondos de pensiones privados.

Y, sin embargo, la Unión Europea y la Troika exigen que se recorten ya las pensiones. El Gobierno, que comparte esa decisión, es consciente de que, para poder hacerlo, necesita neutralizar la posible oposición de los sindicatos mediante un acuerdo explícito o un acuerdo tácito y por eso ha decidido aplicar a plazos las recomendaciones de los “expertos”, y abrir unas supuestas mesas de “diálogo social”, que permitan asociar a los dirigentes de UGT y CCOO a la nueva reforma de las pensiones.

El Gobierno se apoya en los pactos anteriores

Para implicar a los dirigentes en este nuevo recorte, el Gobierno puede apoyarse en dos “consensos” previos, el acuerdo de pensiones ASE, firmado el 2 de febrero de 2011 por los dirigentes de UGT y CCOO, y la aceptación por esos mismos dirigentes del marco del Pacto de Toledo, consenso establecido en abril de 1995 y que desde entonces ha propiciado varios recortes de pensiones.

Cuando se firmó el ASE, los dirigentes nos explicaron que era un acuerdo necesario para salvar las pensiones públicas. CCOO publicó una Gaceta Sindical especial bajo el título “Un acuerdo equilibrado para blindar las pensiones públicas”, en la que se decía que “gracias al Acuerdo de diálogo social se blinda el sistema público de reparto como único modelo de pensiones” y se añadía que “hasta el año 2027 la reforma no estará plenamente implantada, con lo que significa de modulación de los esfuerzos de los trabajadores en un periodo amplio de tiempo”.

El secretario de Acción Sindical de  Comisiones Obreras , Ramón Górriz, declaraba entonces que “para nosotros es muy importante haber blindado el sistema público de pensiones, que vaya a seguir existiendo es un elemento fundamental porque estaba anclado en el pacto de Toledo que corría serio peligro por la política del Gobierno y de la derecha, y ahora se garantiza más allá de 2040”.

Ahora, el proyecto de reforma de pensiones que ha presentado el Gobierno, para empezar a aplicar en enero de 2014, el documento titulado “El factor de sostenibilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social y el índice de revalorización de las pensiones”, comienza precisamente recordando cómo ese pacto introdujo el “factor de sostenibilidad de las pensiones: por medio de la ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, se introdujeron en nuestro sistema de Seguridad Social diversas reformas de los parámetros configuradores de las prestaciones del mismo, afectando de modo especial al ámbito de la pensión de jubilación, a la vista de los recientes desafíos de índole demográfico y económico que se vienen observando en el entorno de los países de la Unión Europea”. Y en concreto cómo “el artículo 8 de la citada Ley 27/2011, de 1 de agosto añade una nueva disposición adicional (…), introduciendo en nuestro sistema la figura del factor de sostenibilidad”

Es decir, que ¡el Gobierno se apoya en las condiciones pactadas por los dirigentes en el ASE para incumplir éste y tratar de forzar nuevas concesiones! ¿No sería necesario, para defender las pensiones, empezar por repudiar este nefasto acuerdo y retirar la firma del mismo?

Pero, el Gobierno, para amarrar al banco de los recortes a los dirigentes sindicales (y a los del Partido Socialista e Izquierda Unida), recurre también en su documento –al hablar del nuevo “índice de revalorización de las pensiones”– al otro consenso: “Además del Factor de Sostenibilidad, y para afrontar los retos de naturaleza económica a los que se enfrenta el sistema, dado el crecimiento continuado del gasto en pensiones que se produce, es preciso adecuar las reglas de indexación de las pensiones de manera acorde con la evolución de otras variables económicas. Esta modificación ya está prevista en las recomendaciones vigentes del Pacto de Toledo (Recomendación 2ª) donde se plantea [y aquí comienza la cita del Pacto de Toledo] la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social …”

De este modo, amarrados al ASE y al Pacto de Toledo, los dirigentes de UGT y CCOO se ven abocados a colaborar en los planes de recorte de pensiones.

¿Qué propone el Gobierno?

Las propuestas del Gobierno recogen, en lo esencial, las recomendaciones de los supuestos “expertos” pagados por la banca y las aseguradoras: poner en marcha dos mecanismos para rebajar las pensiones, el factor de sostenibilidad, que vincularía la pensión inicial a cobrar a la esperanza de vida de los pensionistas en el momento de la jubilación, y que empezaría a actuar a partir de 2019 (adelantándose 8 años a lo pactado en el ASE), y una nueva fórmula para la revisión anual de las pensiones, que sustituiría al IPC, y que tendría en cuenta las situación de las cuentas de la Seguridad Social. Aplicando esta fórmula, las pensiones podrían subir anualmente entre el 0,25% y el IPC más 0,25%.

Con la propuesta del Gobierno, UGT calcula que las pensiones perderían un 20% de poder adquisitivo en los próximos diez años, mientras que Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CCOO, ha declarado que en 15 años perderían entre el 14,5% y el 28,3%.

De acuerdo en acuerdo…

Cuando firmaron el ASE, los dirigentes de UGT y CCOO nos dijeron que las concesiones que habían hecho, garantizaban el futuro de las pensiones, “blindaban” el sistema de Seguridad Social. Que si no hubieran firmado, habríamos tenido una reforma peor. Los hechos demuestran otra cosa. El Gobierno se apoya en las concesiones hechas en el ASE y el Pacto de Toledo para imponer nuevos recortes. A este paso, de acuerdo en acuerdo, nos quedamos sin pensiones de jubilación o con unas  pensiones de absoluta miseria.

Los responsables de UGT y CCOO han dicho que el Gobierno debe retirar su propuesta de cálculo de la actualización de las pensiones, pero no han dicho nada respecto del  factor de sostenibilidad. Difícilmente podrían pedir al Gobierno que retirara una propuesta que ellos ya han aceptado al firmar el ASE (aunque fuera para 2027). Tampoco han dicho si, a pesar de todo, van a seguir sentándose a negociar con el Gobierno si éste no retira su propuesta.

Y sin embargo, está claro que difícilmente podría el Gobierno hacer pasar un recorte tan brutal de las pensiones sin provocar un estallido social si los sindicatos no le facilitaran el camino. La Plataforma de Sindicalistas –a la que hacíamos referencia en la anterior Carta Semanal– organizó el pasado mes de junio delegaciones a las direcciones de UGT y CCOO. A esas delegaciones, los dirigentes de ambos sindicatos les manifestaron que no aceptarían ningún recorte más. Hay que continuar esa campaña. La defensa de las pensiones exige en este momento que los dirigentes de UGT y CCOO den un paso adelante y anuncien públicamente su negativa a negociar el recorte de pensiones que exige la Troika y propone el Gobierno, exijan la retirada inmediata de la propuesta y anuncien verdaderas movilizaciones, incluyendo una huelga general, si el Gobierno sigue adelante. Esa es la exigencia que hay que hacer llegar a los dirigentes desde cada centro de trabajo y de estudio, desde cada instancia sindical.

A lo que hay que añadir una reflexión que debe ser objeto del más amplio debate: defender el derecho a la jubilación exige hoy retirar la firma del ASE y el sometimiento de los sindicatos al consenso contra las pensiones del Pacto de Toledo

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