(Publicado en la Carta Semanal 803 – veure en català)

Las cifras de la pandemia de COVID-19 son cada vez más alarmantes. Y no sólo en Madrid, sino en todas las autonomías. Madrid va un paso por delante, pero de las 10 regiones europeas con mayor índice de contagios, 9 son españolas, y la única no española es el departamento francés de ultramar de Guadalupe, un enclave colonial en el Caribe.

La enfermedad se ceba con la clase trabajadora, que difícilmente puede evitar los “contactos estrechos” cuando una familia entera vive en un piso de 40 ó 60 metros cuadrados, cuando tienen que ir a trabajar hacinados en el transporte público y cuando tienen los parques cerrados.

En todas partes, la población trabajadora ve cómo sus servicios públicos están colapsados. Dentro de los recortes sanitarios a todos los niveles, la Atención Primaria ha sido llevada al desastre.  Conseguir una cita telefónica en un Centro de Salud es muchas veces una proeza, y conseguir una cita presencial un verdadero milagro. En la educación, aulas masificadas, recurso generalizado a la “enseñanza telemática”, que destruye la calidad de la enseñanza, bibliotecas cerradas y, a pesar de esa medida, cada vez hay más aulas cerradas. La epidemia vuelve a entrar en las Residencias de Mayores, amenazando con otra ola de fallecimientos masivos. En cuanto a las demás administraciones, el servicio público se ve gravemente deteriorado por el recurso generalizado al teletrabajo y la población no puede acceder a las oficinas por el rígido sistema de citas (hasta para echar un papel en el registro se está exigiendo cita en muchos lugares).

Mucha gente se pregunta: ¿Qué han hecho los gobiernos, tanto el central como los de las 17 autonomías, durante los 99 días de confinamiento? ¿Por qué no se han habilitado más aulas y contratado más profesores y personal de servicios en la enseñanza? ¿Por qué no se han habilitado las salas de espera y las consultas de los centros de salud? ¿Por qué no se han contratado más médicos, enfermeras y personal administrativo? ¿Por qué no se han reformado las Residencias de Mayores, se han aumentado las dotaciones de personal y se ha incluido personal sanitario? ¿Por qué se sigue teniendo que ir al trabajo hacinados en el metro o en autobús? ¿Por qué no se ha aumentado al número de trenes y de vagones, el número de autobuses?

Es más, ¿por qué no se han contratado y formado rastreadores para detectar los casos de COVID-19? Mientras que los casos iban aumentando a lo largo del verano, parece que lo único que saben las autoridades es hacer más pruebas PCR. Es cierto que ahora, a diferencia de marzo, hay más pruebas y hay más EPI (aunque no en todas partes). Pero nada más parece haber cambiado, y los contagios escapan al control.

Otra vez  nos llevan al confinamiento. Ahora, más “selectivo”, hasta el punto de que en barrios y ciudades obreras se denuncia con razón su contenido segregador. Es decir, que se confina a barrios y localidades obreras, y sólo al final, y con bronca entre administraciones, a los del barrio de Salamanca, que burlaban el confinamiento en marzo-abril. Entre los diversos gobiernos combinan arbitrariedades en las prohibiciones, dan un lugar privilegiado a las iglesias, que deberían estar sometidas al régimen común y despreciando las necesidades de la población y del movimiento obrero. Y otra vez nos amenazan con la ley mordaza (que se comprometieron a derogar y que ahora no para de recibir alabanzas por parte del ministro del Interior, Grande Marlaska), y mandan cientos de policías y de militares a los barrios obreros. “Más sanitarios, menos policías (y no digamos militares), consigna de los barrios obreros de Madrid, es una consigna general”.

Además, han legislado por decreto recortes de derechos y movilidad forzosa del personal de la Sanidad Pública, medidas que echan gasolina al fuego de la indignación de unos profesionales ya sobrepasados, agotados y cada vez más indignados.

La crisis institucional

A la fuga a los emiratos árabes del rey emérito, que se pone así a distancia de los tribunales, a pesar de su “inviolabilidad” (es decir, impunidad), decretada por el poder judicial franquista, se suma el conflicto entre el rey y los jueces contra el Gobierno, que no es un problema de protocolo, respecto de la visita anulada del actual rey a Barcelona, donde tenía previsto presidir, como siempre, la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. La oposición franquista acusa al gobierno de haber cedido a las “presiones de los separatistas catalanes”, mientras que el gobierno se defiende alegando que anuló la visita de Felipe VI para evitar que tuviera que enfrentarse a movilizaciones populares en el momento en que el Tribunal Supremo decreta la destitución del presidente electo de Cataluña, por haber colgado una pancarta en defensa de los presos a quienes ese mismo tribunal condenó.

En efecto, la última visita del Borbón a Barcelona fue recibida por una manifestación antimonárquica de decenas de miles, y este año, en la ronda de visitas del rey a las autonomías, se anuló la visita a Barcelona, donde había manifestaciones ya anunciadas. Lo mandaron a un lugar apartado como el Monasterio de Poblet, y a pesar de ello fue recibido allí por una movilización popular. Ahora, en el lugar elegido para el acto de Felipe VI en Barcelona, los mandos policiales advirtieron de que el escenario podía ser fácilmente rodeado por las masas de manifestantes.

Ante la agitación de la derecha, la Casa Real declaró que ellos no tenían nada que ver con la decisión. De inmediato, hubo la protesta pública de Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, quien, según explica la web del propio Consejo, citando el art. 585 de la Ley Orgánica del Poder Judicial “es la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo”. Protesta que corearon buena parte de los nuevos jueces y de las autoridades judiciales presentes al grito de “¡Viva el Rey!”. Felipe VI se apresuró a telefonear a Lesmes, desautorizando públicamente al gobierno cuando el Gobierno es el que puede decidir. Esto desenmascara la trampa de la Constitución, en que hay poderes como el rey y los jueces, que están por encima de los diputados elegidos.

Qué duda cabe de que a los representantes del poder judicial franquista y al máximo representante de la Monarquía heredera del franquismo les habría encantado un espectáculo de Barcelona tomada por miles de policías que aplastaran a palo limpio la movilización de miles de catalanes, como intentaron hacer con el referéndum del 1 de octubre de 2017, acción jaleada por el rey en su infame discurso del 3 de octubre siguiente, en el que azuzó al poder judicial  a que persiguiera por todos los medios a sus “súbditos sediciosos” de Cataluña.

La crisis económica y social

Los expertos vaticinan una caída del PIB de entre el 12 y el 15% este año, mientras la deuda escala hacia un insostenible 120% o 130% del PIB, según el FMI. Y eso si no hay un nuevo confinamiento generalizado.

El gobierno, que parece haber renunciado a sufragar los enormes gastos de los ERTE y las ayudas de distintos tipos a los empresarios con subidas de impuestos a los ricos, y prepara, según la mayoría de fuentes, unos presupuestos continuistas, lo fía todo ahora a las prometidas “ayudas europeas”. Pero la Comisión Europea ha dejado claro que sólo se recibirán ayudas si se cumplen determinadas condiciones, sobre todo un nuevo recorte de pensiones y una nueva reforma laboral.

Ahora bien, con los pensionistas movilizados y organizados en una COESPE que sigue sin admitir ninguna componenda para recortar derechos y que se niega a pasar por el aro del Pacto de Toledo y cuando muchos dudan de que los sindicatos tengan la fuerza y la disposición para pactar nuevas recortes de pensiones y derechos laborales en el “diálogo social”, ¿se atrevería el gobierno a legislar “a la brava”? No parece que hoy por hoy sea viable.

Las movilizaciones de barrios y pueblos de Madrid contra el confinamiento “segregador” dictado por el gobierno Ayuso, y las movilizaciones que empiezan a armarse a lo largo y ancho de todo el Estado contra los recortes en Sanidad y Enseñanza, demuestran que la crisis social puede convertirse en movilización de masas, a pesar de la pasividad de los dirigentes sindicales y políticos, que temen que una potente movilización, en estas condiciones, ponga en entredicho las propias bases del régimen. Porque la mayoría trabajadora lleva meses de aguantar situaciones difíciles, y cada vez le llueven exigencias peores.

En efecto, la voluntad de movilización de la mayoría está fuera de toda duda, como revela la huelga de la enseñanza pública preuniversitaria madrileña, las iniciativas de los sanitarios, la resistencia de los sectores amenazados por la desaparición como en la escasa industria que sobrevive y, muy particularmente, en la mencionada lucha de los pensionistas en defensa del sistema público de pensiones basado en el reparto. Es necesario avanzar hacia una salida política. Para ayudar a superar el bloqueo del movimiento de masas hay que insistir en que hay una salida política democrática. Salida que sólo es posible relacionando la lucha por las reivindicaciones, bloqueada dentro de los límites del régimen de la Monarquía, con la búsqueda de un nuevo marco político. Dar paso en ese sentido es el objetivo del encuentro estatal por las libertades, los derechos sociales y la República que prepara el CATP para el próximo 7 de noviembre, y de las reuniones y encuentros locales que lo preparan.