(Publicado en la Carta Semanal 553)
La mayor parte de los partidos que ocupan espacios en las instituciones del Estado han escenificado esta semana su adhesión al llamado “Pacto Antiyihadista” que firmaron hace unos meses PSOE y PP. Las excepciones han sido por una parte Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana, que no han sido invitadas (Convergencia ha reprochado a Rajoy que no haya dado cabida en su ronda de contactos con los líderes políticos a Artur Mas), por otra parte Izquierda Unida, que se ha negado a hacerlo. Tampoco Podemos lo ha firmado, aunque ha querido dejar claro que no lo rechaza, participando como “observadores” en el acto de firma. Finalmente, tampoco acudió a la firma el PNV, que explicó que el motivo por el que no firma es que ese pacto no tiene en cuenta ni respeta el papel de la Ertzaintza.
El líder de IU, Alberto Garzón, ha declinado la invitación al encuentro, declarando que “no vamos a participar en ninguna justificación de la doctrina que va desde Bush hasta Hollande. Una doctrina que sólo ha servido para crear más caos en Oriente Medio, más fanatismo entre la población que sufre los bombardeos y beneficios multimillonarios para los traficantes de armas, a expensas de la vulneración de los derechos humanos”.
Todos unidos para llevarnos de nuevo a la guerra
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que ha sido uno de los que con más entusiasmo ha promovido esta firma en bloque, declaraba tras la firma que «firmamos una garantía por la cual gobierne quien gobierne, sea quien sea el presidente tras las elecciones, la unidad frente al terrorismo no va a cambiar”. Tras él, todos los firmantes, de una u otra manera, han confirmado que se trata de un “pacto de Estado”. Pero los descuelgues habidos, por A o por B, confirman que la crisis del Estado no se cierra ni para firmar ese papel.
Más allá de su contenido concreto, el pacto supone un compromiso explícito: a sus miembros deberá dirigirse el presidente Mariano Rajoy cuando reciba la petición francesa para participar en las acciones “contra el yihadismo”. Así lo ha confirmado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha explicado que se esperarán las demandas de París, se «compartirán» con los partidos adheridos al pacto y posteriormente se remitirá la oportuna propuesta al Parlamento. Parlamento que en la práctica se verá reducido al papel de cámara de registro de lo ya decidido entre los firmantes del pacto, evitándose así todo debate que pudiera alimentar el rechazo de la población a esta nueva marcha hacia la guerra.
Del mismo modo, todos han acordado que la cuestión de la guerra quedará fuera de todo debate y de toda confrontación en la próxima campaña electoral. Así lo ha explicado Rivera, que ha abogado por «pensar más en España que en las urnas» y ha reclamado no hacer depender la decisión de colaborar con otros países en la lucha contra el “Estado Islámico» «de calendarios electorales». Tanto Rivera como Herzog, de UPyD, han insistido en sumarse cuanto antes a las acciones militares. Algo que no descartan otros firmantes, por más que el temor a la reacción popular les dicte prudencia. Así, el representante del PSOE en el acto de firma, Antonio Hernando, declaraba que “hoy es un día relevante en el que se demuestra que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. España se muestra al mundo como una democracia unida y madura dispuesta a luchar conjuntamente con otras democracias”.
Podemos ha decidido participar como “observadores” en el Pacto, aunque no firmarlo. Rafael Mayoral, que ha asistido a la reunión en representación suya, ha insistido en que su partido no “considera útil” una herramienta como este acuerdo para combatir el terrorismo islámico, y propone otras medidas como “cortar la financiación de los terroristas” e impedirles el suministro de armas. En todo caso, su presencia en la firma quiere dejar claro que no van a ser un obstáculo a la “unión sagrada” ni a las eventuales acciones militares. Pablo Iglesias se ha ofrecido a “colaborar con el Gobierno y todas las fuerzas políticas” dejando a un lado las “etiquetas”, y pidió a Rajoy estar presente en todas las reuniones que se celebren para “buscar soluciones” a la “amenaza terrorista”. No sólo quieren estar presentes. Han pedido, además, que a las reuniones se sumen las organizaciones sociales, de derechos humanos y cooperación. No en vano llevan como uno de sus candidatos “estrella” al general Julio Rodríguez, que dirigió los bombardeos contra Libia, y han dejado clara su aceptación de la OTAN y de las bases militares USA.
Solo les detiene en su empeño de implicarnos en la guerra la prudencia, el temor a la reacción de los trabajadores y del pueblo. Por eso dudan. Por eso un día el ministro Margallo adelanta su compromiso de sustituir a las tropas francesas en Mali (con un gran tino, el día antes del atentado del hotel Radisson de la capital de ese país, Bamako), y al día siguiente otros portavoces del Gobierno le desmienten. El Gobierno no quiere generar un rechazo antes de las elecciones del 20 de diciembre y por eso aplaza la decisión, a pesar de las presiones de Hollande y de los EEUU.
A pesar de todo, el rechazo crece y se organiza
Para cubrir esta ofensiva política, es preciso engañar a la inmensa mayoría. Ocultar el papel de los “aliados de Occidente” como Arabia Saudí y los distintos emiratos reaccionarios del Golfo Pérsico, en el apoyo ideológico, político y militar al DAESH, así como el papel del imperialismo en atizar desde fuera la guerra civil en Siria, impuesta desde fuera, en la que, poco a poco, los “yihadistas” han ido cobrando protagonismo. Ocultar que la financiación del DAESH depende del petróleo que les compra el otro gran “aliado de Occidente”, el Estado sionista de Israel, y del petróleo que exportan a través de Turquía, otro gran socio de los Estados Unidos. Intentar hacernos olvidar que fueron la guerra y los bombardeos ejecutados por los EEUU y la OTAN en Irak y Libia los que llevaron a estos países al caos y la barbarie. Intentar cerrar los ojos de la población ante la riada de refugiados, expulsados de Siria por los bombardeos “democráticos”, que arriban a Europa para encontrarse con muros y alambradas (ahora pretenden pagar a Turquía para que se encargue de mantenerlos fuera de Europa).
Pero a pesar de todos los intentos de acuerdo de la mayor parte de las fuerzas políticas del régimen, esta operación de “unidad nacional” para llevar al Estado Español a la guerra “contra el terror” que se organiza encuentra, sin embargo, obstáculos. Las primeras manifestaciones han roto ya el clima que buscaban de imposición del pacto sin resistencia. Representantes populares, como Ada Colau, expresan su rechazo a la guerra. Diversos manifiestos empiezan a circular.
Si mañana mandan tropas, si pasado mañana llegan ataúdes de Mali o de Siria, la resistencia crecerá y se abrirán grietas entre los mismos que ahora han firmado el papel, que no son todos. Lejos de contribuir a salvar al régimen monárquico, la guerra contribuiría a su ruina.
Los trabajadores, contra la guerra
El movimiento obrero, desde la creación de sus primeras organizaciones, ha inscrito la lucha contra la guerra entre sus principales objetivos. Son los trabajadores quienes sufren en mayor medida las consecuencias de las guerras, tanto en los países atacados como en los que las organizan. El dinero de la sanidad, de la enseñanza, de los servicios públicos es sacrificado para financiar esas guerras. Los derechos democráticos, arrancados en la lucha, son recortados (recordemos que, en Francia, las manifestaciones han sido prohibidas “hasta nueva orden”).
El fin de semana pasado se han organizado las primeras manifestaciones. En todas las manifestaciones de este sábado 28 de noviembre la implicación creciente de trabajadores y responsables sindicales es un elemento clave para el resurgimiento de un masivo movimiento contra la guerra como en 2003. Todos los esfuerzos deben dirigirse a la tarea de implicar en la lucha contra la guerra a las organizaciones de la clase trabajadora. Todas las candidaturas que pretenden defender a las personas trabajadoras deberían inscribir la lucha contra la guerra en su campaña. En particular, Izquierda Unida-Unidad Popular, ¿no debería convertir su no al pacto en actos, utilizando la campaña electoral para llamar a la movilización contra la guerra?
Desde todas partes, organicemos reuniones y delegaciones a las candidaturas para levantar esas exigencias.