(Publicado en la Carta Semanal 535)
El jueves 23, de visita en Barcelona, el nuevo Borbón reafirmó la autoridad del Estado contra toda posible expresión soberana del pueblo de Cataluña. Recordemos: según la Constitución del 78, el Rey es garante de la unidad del Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, representante del país en el exterior y supuesto árbitro de la vida política. Funciones adquiridas por ser heredero del heredero del dictador Franco al margen de la soberanía popular.
(publicado en la Carta Semanal 493)
La prensa del régimen, en sus distintas versiones, arremetía el pasado fin de semana contra los partidos que defienden el derecho del pueblo catalán a decidir libremente y se resisten -con más o menso entusiasmo- ante la imposición del máximo tribunal de la Monarquía.
(descarga la declaración del POSI en PDF para impresión – 29 de septiembre de 2014. Además también podéis descargar la declaración que ha publicado el Comitè de Catalunya del POSI)
Este lunes 29 de septiembre el gobierno Rajoy ha impugnado ante el Tribunal Constitucional la ley de Consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña y el decreto del gobierno Mas convocando consulta para el 9 de noviembre. El TC ha procedido admitiendo a trámite la demanda del Gobierno y suspendiendo provisionalmente por un máximo de 5 meses la ley y la convocatoria del 9 de noviembre.
(publicado en la Carta Semanal 491)
En el momento en que escribimos esta Carta el país esta pendiente del momento en que el govern Mas decidirá publicar en el boletín oficial de la Generalitat la ley de Consultas catalana y promulgará acto seguido el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre amparándose en esta ley. El gobierno Rajoy espera esta decisión para, previo dictamen del Consejo de Estado, dirigirse al Tribunal Constitucional impugnando la ley y la consulta. En el momento en que el TC admita tramitar la impugnación, quedarán suspendidas ambas. Nadie puede prever con certeza los acontecimientos posteriores pero de inmediato esto plantea una cuestión central de democracia: en el marco de este régimen monárquico, de su Constitución y sus tribunales y leyes, es imposible ejercer los derechos más elementales, en particular que los pueblos, en este caso el pueblo catalán, puedan decidir. No es secundario recordar que es el mismo tribunal que el 16 de julio avaló el despido libre y la prevalencia de los acuerdos de empresa sobre los convenios de sector, cuestión justamente caracterizada por las ejecutivas confederales de CCOO y UGT como sentencia que nos “retrotrae a las relaciones laborales franquistas”.
Ho ha dit repetidament Rajoy, avalat fa poc per Merkel: la consulta no es pot fer perquè ho impedeix la Constitució. Cada dia que passa es fa més evident que la legalitat que representa el Tribunal Constitucional i el règim de la Monarquia, no serveixen per garantir la democràcia, i són contraris als interessos dels treballadors i dels pobles. Ja s’ha demostrat prou. La última vegada, avalant els aspectes més durs de la reforma laboral contra la que milions de treballadors varen anar a la vaga general. Si la legalitat constitucional nega els drets nacionals i socials, el que està en qüestió és la continuitat del règim monàrquic.
(publicado en la Carta Semanal 489)
1. Lo que en la “corte” (que no tiene nada que ver con el pueblo de Madrid) se llama despectivamente “el problema catalán” está inundando la actualidad política de esta vuelta a la actividad tumultuosa. Se ha hecho y se hace todo para que olvidemos la creciente descomposición de la Unión Europea, las medidas desesperadas de Draghi intentando reactivar la economía a golpe de impresión de billetes, o sea aumentando la espiral especulativa. Para que olvidemos los nuevos recortes, los desastres del principio de curso, la ley antiaborto, el ataque a los sindicatos y la ley mordaza, el falseamiento de la elección de alcaldes… O la multiplicación de conflictos armados a escala internacional, que recuerda viejas épocas que sin embargo no se pueden repetir de la misma manera. El mantenimiento del régimen capitalista en crisis exige barbarie y destrucción, en él no caben ni derechos obreros, ni soberanía de los pueblos. Al mismo tiempo, la resistencia del pueblo palestino ha demostrado al mundo que se puede hacer frente a esta catástrofe.
(Publicado en la Carta Semanal 488 – versión separada en castellano – versión separada en catalán)
De nuevo, centenares de miles de ciudadanos se van a manifestar el próximo 11 de Septiembre para demostrar a quienes niegan el derecho de los pueblos a decidir su destino que no están dispuestos a permitirlo. Independientemente de la voluntad de los convocantes, esta manifestación es un llamamiento a todos los pueblos del Estado español a combatir juntos por la soberanía, por el derecho a decidir.
(Publicado en la Carta Semanal 487)
En las últimas semanas, el Tribunal Constitucional toma un desdichado protagonismo.
El 15 de julio, las ejecutivas confederales de CCOO y de UGT tuvieron que denunciar que ese “tribunal” nos retrotrae a la época franquista de las relaciones laborales pisoteando los criterios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Ahora, todos los grandes medios de comunicación, siguiendo al gobierno Rajoy, hacen campaña para sostener una futura sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que debería prohibir la consulta a los ciudadanos decidida por los representantes elegidos del pueblo catalán. Cifran en esa prevista intervención del TC la legalidad y la democracia, exigiendo los peores castigos para el pueblo de Cataluña y sus representantes si no se sometiesen al veredicto del TC.
(Publicado en la Carta Semanal 485)
La reunión del 30 de julio entre Rajoy y Mas dejo las espadas en alto. Mas presentó 23 reivindicaciones “económicas” que en otras condiciones serían objeto de un nuevo Pacto Fiscal como piden la mayoría de los grandes capitalistas catalanes.
Pero las circunstancias políticas están lejos de un “acuerdo” de este tipo. El 11 de septiembre se anuncia aún más masivo que los años anteriores (se anuncian alrededor de dos millones de participantes), y las principales organizaciones sindicales convocan con cortejo propio a la manifestación de la Diada.
(publicado en la Carta Semanal 475)
Como se decía en la declaración del POSI del pasado 27 de mayo, la principal conclusión política que debe extraerse del resultado de las elecciones al pseudo parlamento europeo es que ha habido un inmenso rechazo a las políticas de recortes y ajustes patrocinadas por la Troika y a los gobiernos e Instituciones responsables de las mismas. En el caso del Estado español, este rechazo se ha expresado en la pérdida espectacular de votos de los partidos más asociados a las políticas de ajuste y al sostenimiento del entramado antidemocrático de la UE y de la Monarquía. Por un lado, del PP, partido del aparato de Estado franquista (que pierde 6,5 millones de votos en relación con las generales de hace dos años y medio, 2,6 en relación a las europeas del 2009). Por otro lado del partido tradicional de los trabajadores, el PSOE (pierde 3,4 millones y 2,5, respectivamente). Los periódicos del régimen monárquico hablan de derrota del “bipartidismo” para tapar que el régimen está desahuciado y que el problema central que se plantea es resolver la crisis de representación de la mayoría trabajadora. La votación del 25M es una derrota para todos aquellos que defienden que no hay otra salida que aplicar los tratados, que no hay otra salida que la política de ajustes y privatizaciones. Y esa derrota pone contra las cuerdas al régimen.