(publicado en la Carta Semanal 482)
El pasado 14 de julio, el Tribunal Constitucional (TC) anunciaba su aval al contrato “de apoyo a emprendedores”, creado en la reforma laboral de Rajoy para empresas de menos de 50 trabajadores, con un periodo de prueba de un año sin indemnización en el caso de no ser superado. Es decir, el despido libre sin indemnización alguna. Como quiera que, según datos del Instituto de Estudios Económicos (vinculado a la Patronal), el 99,1% del total de empresas españolas cuentan con plantillas inferiores a cincuenta empleados, se trata, en la práctica del aval del máximo tribunal del Régimen al despido libre para la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras.
Hay que recordar que el TC ya avaló en el mes de febrero la rebaja a 33 días por año trabajado de las indemnizaciones por despido improcedente y la limitación en el cobro de salarios de tramitación en casos de readmisión que introdujo la reforma laboral, y justificó además este procedimiento de urgencia. También ha avalado la primacía del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, que es parte de la destrucción de la negociación colectiva propiciada por la última reforma laboral. Gran parte de esas medidas contrarias a la libertad sindical y los derechos de los trabajadores fueron formuladas por un “experto” llamado Pérez de los Cobos, nombrado luego por Rajoy presidente del TC, que ni siquiera se ha abstenido ahora en las votaciones para guardar las formas.
Aunque no se conoce aún el texto de la sentencia del TC, las direcciones de CC.OO. y UGT reaccionaron a esta decisión con un comunicado conjunto en el que expresaron que el aval del Tribunal Constitucional al contrato “de apoyo a emprendedores” supone “permitir el despido sin causa, la rotación aún mayor si cabe en el mercado de trabajo y que los trabajadores no puedan desarrollar una vida con estabilidad”.
Como quiera que el TC también se ha pronunciado apoyando permitir que se inaplique un convenio colectivo simplemente con el voto de la Administración en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, que es un órgano administrativo, CCOO y UGT han replicado que eso “es retrotraerse a la época franquista de las relaciones laborales”.
La respuesta de la reacción franquista no se ha hecho esperar: se han lanzado a degüello contra los sindicatos, apoyándose en la persecución judicial y policial.
El Mundo y ABC exigen la dimisión de Cándido Méndez
El 18 de julio (¿será casualidad la fecha?) ambos periódicos abren campaña por la dimisión de Cándido Méndez. Otros medios vinculados al régimen han sido menos directos, pero van en el mismo sentido.
El Mundo dice en un editorial: “no puede pasar ni un día más sin que Cándido Méndez y el resto de los altos dirigentes de UGT asuman sus responsabilidades y dimitan de sus cargos” y añade, en el colmo del cinismo que “es la mejor solución para devolver el prestigio a UGT”. ¡Como si a esta panda de fachas les interesara el prestigio de los sindicatos!
Ese mismo día y en el mismo periódico, el columnista Santiago González dice que “a la familia le hayan salido dos competidores temibles para disputar la condición de espacio privilegiado para la corrupción, véase el estado del arte en Andalucía: el municipio y el sindicato”. Y el periódico abre una encuesta on-line sobre si Cándido Méndez debe dimitir.
Ese mismo 18 de julio, el periódico más vinculado a la Casa Real, ABC, hablaba en un editorial de “la profunda indecencia y absoluta desfachatez que implica robar dinero a los parados que pretenden formarse o a los trabajadores que aspiran a mejorar sus condiciones laborales mediante la realización de dichos cursos”. Y continúa: “La combinación de ERE fraudulentos, facturas falsas y malversación de fondos protagonizada por UGT-A, con la presunta connivencia de la Junta de Andalucía, constituye el mayor escándalo de corrupción de la historia de España, pero, por desgracia, tan solo la Justicia está haciendo bien su trabajo”. Para concluir con lo siguiente: “UGT y PSOE aún tienen que depurar responsabilidades internas, empezando por Cándido Méndez”.
Ya hemos señalado en otras ocasiones nuestra posición sobre la financiación de los sindicatos, y los graves problemas que para la independencia y el prestigio de las organizaciones suponen la financiación por medio de subvenciones. No vamos a insistir en ello, pero ahora se trata de otra cuestión: ¿Van a ser los jueces franquistas, los cuerpos policiales heredados del franquismo y los medios de prensa de la caverna franquista quienes decidan quién debe dirigir los sindicatos obreros?
¿Qué busca esta ofensiva?
Nadie en su sano juicio puede pensar que la Juez Alaya, la Guardia Civil, Intereconomía, El Mundo y ABC sean defensores de los derechos de la clase trabajadora y de la existencia de organizaciones sindicales fuertes y con prestigio. Todo lo contrario, se trata de someter a los sindicatos obreros, de no permitirles el más mínimo resquicio de rebeldía, de contestación frente a la brutal ofensiva contra los derechos y las conquistas. La ofensiva contra los sindicatos es parte de la ofensiva corporativa para integrarlos en el aparato de Estado, para que dejen de ser instrumentos de la clase trabajadora en la lucha de clases.
En última instancia, es la crisis del régimen, reflejada en los resultados de las elecciones europeas, y evidenciada en las movilizaciones masivas contra la sucesión borbónica, la que obliga a intensificar esta ofensiva. Para el aparato de Estado (desde el gobierno hasta el Tribunal Constitucional) no está la cosa para permitirse “frivolidades”. Había que nombrar nuevo rey sin que nadie estorbe, el pueblo catalán y los demás han de ser súbditos obedientes y los sindicatos deben limitarse a la colaboración a través del diálogo social y dejarse de movilizaciones o, incluso de críticas. Y cualquier dirigente que se escantille, que sepa que van a ir a por él. A buscar sustituirle por alguien más dócil (o más dócil, aún).
Una vez más, en defensa de los sindicatos de clase
Como militantes revolucionarios, nos negamos a aliarnos con El Mundo y ABC, con los jueces y policías franquistas en su ofensiva contra los sindicatos. No son perfectos, estamos en desacuerdo con muchas cosas que hacen los dirigentes y con su política general, pero, hoy, son las únicas organizaciones que tiene la clase trabajadora para defenderse. Si son destruidos o completamente integrados en el régimen, es la clase trabajadora la que se queda sin organización. Y la clase sin organización no es más que carne de cañón para la explotación.
Algunos dirán que hay otros sindicatos. Les respondemos poniendo sobre la mesa una cuestión: ¿pueden esas organizaciones convocar por sí mismas la huelga general que necesitamos para acabar con la reforma laboral, con el despido libre, con la persecución contra los derechos sindicales? Es evidente que no. Por eso, luchamos porque nuestras organizaciones recuperen su independencia, rompan con el régimen, abandonen el diálogo social, organicen la lucha por recuperar todos los derechos. Porque ellas son el único instrumento que tienen los trabajadores y trabajadoras para conseguirlo.
Defendemos la democracia sindical, que es el derecho de los afiliados y afiliadas a disponer de sus organizaciones, a elegir a su dirección. De los afiliados y afiliadas, no de los jueces, la guardia civil y los plumíferos del régimen.