Carta Semanal 926 en catalán

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Una fuerte polémica se ha levantado a raíz de las reducciones de condena y las liberaciones anticipadas en aplicación de la reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como “ley del solo sí es sí”, que amplía el contenido de los delitos de  agresiones sexuales y disminuye las penas mínimas en algunos casos. La aplicación de la ley ha llevado a numerosas reducciones de sentencias por violación o abusos sexuales, aplicadas por los tribunales. Hasta ahora, se cuentan cerca de 400 casos, y se calcula que en una de cada cuatro sentencias por estos motivos está siendo reducida la condena.

Los partidos franquistas y los medios de comunicación más potentes han arremetido contra la ley y contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, inspiradora de la misma. La ministra, por su parte, se ha negado obstinadamente a corregir la ley. Finalmente ha sido el propio PSOE quien ha presentado una proposición de ley para modificar la ley del sólo sí es sí, y el PP – con la intención de azuzar el enfrentamiento entre los socios del gobierno de coalición- ha anunciado su apoyo a la propuesta del PSOE.

Hemos de dejar clara una primera cuestión: la polémica nada tiene que ver con los derechos de las mujeres, sino con la naturaleza del régimen y el papel del poder judicial.

Un aparato judicial enemigo de las mujeres y de sus derechos

No cabe la menor duda del deseo de aparato judicial de boicotear cualquier medida que suponga avanzar en derechos para las mujeres, para la clase trabajadora o para los pueblos del estado. De la misma manera que ha avalado todas las reformas laborales, todos los recortes aplicados a los empleados y empleadas públicos y todos los recortes de derechos. Basta con señalar una cuestión: esos mismos jueces que tardan años en dictar una sentencia han revisado y reducido 400 en apenas 5 meses.

Ahí está el nudo de la cuestión, en la propia naturaleza del aparato judicial español, un poder ultrarreaccionario, heredado del franquismo sin depuración alguna y que, por tradición, es enemigo de todo progreso y de los derechos de las mujeres. Hay que recordar los cientos de actuaciones judiciales que durante años cerraron los ojos ante los malos tratos y agresiones machistas y cómo los jueces animaban a las mujeres maltratadas a retirar las denuncias y “sufrir en silencio”.  Porque, en el fondo, muchos opinan como el juez al que se le escapó, cuando creía que tenía el micrófono cerrado, llamar “bicho” e “hija de puta” a una mujer que denunciaba actos de violencia de género. Tan reaccionarios que no dudan en algo tan miserable poner en libertad a un violador con tal de atacar al gobierno.

Del mismo modo, hay que destacar las actuaciones bochornosas de decenas de jueces que, en casos de agresión sexual o de violación, insistían en preguntar a la mujer por la longitud de su falda o la profundidad de su escote, o consideraban como determinante tener en cuenta las horas en que transitaba por la vía pública o si había bebido o no. O el voto particular de uno de los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra que, en la violación múltiple cometida por los energúmenos de la Manada, veía actos consentidos en «un ambiente de jolgorio y regocijo entre todos ellos», incluida la víctima.

Al margen de los límites de la ley del “sí es sí”, ésta trataba de establecer que la cuestión a determinar es si ha habido o no consentimiento expreso de la mujer ante un acto sexual, para determinar si se trata de una agresión sexual.

Recordemos otro hecho: casi todas las condenas por agresión sexual o violación reducidas por los jueces en aplicación de la ley  sólo sí es sí lo han sido porque en su sentencia se les aplicaba a los violadores la pena mínima prevista (y, al bajar ahora la pena mínima, eso puede llevar a revisar la sentencia según el principio penal de que se aplica un cambio legislativo cuando es más beneficioso para el reo). Por tanto, hay que constatar que, al menos, en una de cada cuatro sentencias por violación los jueces han aplicado la pena mínima prevista.  Parece que a sus señorías les parecía excesiva la pena prevista en el código penal contra los violadores y abusadores, y procuraban irse a la pena mínima.

Ahora, ese mismo aparato judicial ha actuado contra la nueva ley, reduciendo las sentencias que ya antes consideraba “excesivas”.

Las instituciones heredadas del franquismo, contra todo progreso

En los pactos de la Moncloa y los acuerdos que llevaron a la constitución del 1978, los dirigentes del PCE, del PSOE y de algunas de las organizaciones “nacionalistas” aceptaron mantener lo esencial del aparato de Estado del franquismo, bajo la presidencia de Juan Carlos de Borbón, el heredero designado por Franco. El Rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62 de la Constitución), y las sentencias de los tribunales se dictan “en  nombre del Rey” (art. 117 de la Constitución). Se mantuvo, por tanto, el aparato represivo, el aparato judicial, el ejército… se respetaron las fortunas amasadas bajo el franquismo (incluso las edificadas sobre el trabajo esclavo de los presos), se dejaron impunes todos los crímenes franquistas.

Con estas instituciones, que conservan enormes poderes, se pretende convencernos de que es posible llevar a cabo una política progresista. Y luego pasa lo que pasa, como en el caso de Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por el Parlament y las Cortes, ratificado por el pueblo catalán en referéndum… y anulado por un puñado de jueces reaccionarios. 

Los dirigentes de los partidos “de izquierda” que viven en las instituciones del régimen se quejan de lo que se llama lawfare, la persecución del aparato judicial contra políticos de izquierda. Y tienen razón en hacerlo: son numerosas las actuaciones judiciales contra Podemos, anunciadas y coreadas en la prensa, que luego se quedan en nada por falta de pruebas. Así ha sido Mónica Oltra expulsada del gobierno valenciano. Así han estado durante 10 años procesados por corrupción dos concejales de IU de Sevilla, para que la Audiencia Nacional establezca al final que no había ninguna prueba que justificara su procesamiento. Encima, con sus “códigos éticos”, que establecen -contra la presunción de inocencia- que la mera imputación debe llevar a la dimisión del afectado, las organizaciones ponen en bandeja a cualquier juez facha la posibilidad de expulsar de su puesto a cualquier electo de la izquierda.

Hay que acabar con las instituciones del franquismo, traer la República

La ingenuidad de Irene Montero y de muchos de sus defensores es olvidar la existencia de ese poder judicial, que va a obstaculizar y, si puede, impedir, cualquier avance social o en beneficio de la mujer, de la mayoría trabajadora o de los derechos de los pueblos. Pretender poner una vela a dios y otra al diablo, gobernar respetando las instituciones reaccionarias heredadas, legislar como si este poder judicial no tuviera enormes poderes.

Todo verdadero avance, incluso la defensa de los derechos conquistados y ahora cuestionados, exige dar pasos para acabar con la herencia franquista. Los derechos sólo van a estar plenamente garantizados acabando con el régimen, trayendo la República.