Carta Semanal 874 en catalán
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La decisión de la dirección nacional del PP de adelantar las elecciones regionales en Castilla y León buscaba aprovechar la victoria de Ayuso en Madrid el 4 de mayo pasado para ir preparando las elecciones legislativas que, según el calendario, si se mantiene, se realizarán en noviembre del 2023, reforzando por ello el liderazgo de Casado amenazado desde el interior del PP y desde el exterior por el trasvase de votos a Vox.
Ello suponía, a la vez, mantener al actual Gobierno, aunque debilitándolo, respetando el calendario electoral, porque es el único que puede en estos momentos realizar la agenda del capital financiero y la monarquía. El rifirrafe de la reforma laboral, el alineamiento total con las aventuras militares de la OTAN y su disponibilidad a continuar con la reforma de pensiones y otros ataques lo certifica.
Los resultados de las elecciones no han satisfecho las expectativas del PP. A pesar de la debacle de Ciudadanos, ha sacado, incluso, menos votos que en 2019 (algo menos de 380.000 votos ahora, frente a 433.905 en 1989). Gana 2 escaños y se queda a 10 de la mayoría absoluta que pretendía. Sólo ha ganado en 4 de las 9 provincias. Y, si buscaba no depender de Vox, no lo ha conseguido, ya que este partido ha pasado de un procurador a 13, ha casi triplicado sus votos y ahora el PP depende de ellos para gobernar en Castilla y León.
En todo caso, la suma de las derechas de PP, Cs y Vox ha sacado ahora 646.000 votos, frente a unos 716.000 en 2019. 70.000 votos, que son casi un 10% menos.
El PSOE pierde 118.000 votos con respecto a 2019. Y Unidas Podemos ha cosechado unos resultados que decepcionan todas sus expectativas: en 2019 se presentaron por separado IU y Podemos, y sacaron entre ambos casi 100.000 votos. Ahora, yendo unidos, han sacado menos de 62.000, y han perdido uno de sus dos procuradores. Los partidos provinciales han sacado 92.000 votos (frente a unos 38.000 en 2019). Y han sido la fuerza más votada en Soria.
El descrédito de las instituciones regionales
A pesar de que todos los dirigentes nacionales han hecho campaña en la región, la elevada abstención muestra el desinterés de la población respecto de las instituciones artificiales de la Comunidad, así como el descrédito creciente de los partidos que han asegurado hasta este momento la estabilidad del régimen.
La autonomía de Castilla y León tiene un carácter absolutamente artificial: Fue creada reuniendo provincias dispares como las de Castilla la Vieja (de la que se separó a Cantabria y la Rioja), y León. La provincia de Segovia hubo de ser incluida a la fuerza por el Congreso de los Diputados, cuando la mayoría de sus ayuntamientos llegó a abogar por una autonomía uniprovincial. El resultado: un ente incapaz de consolidarse como región, a pesar de que la autonomía ha cumplido ya los cuarenta años, y que provoca en la población el no reconocimiento de estas instituciones.
En última instancia, es la constatación del carácter artificial de Estado de las autonomías, diseñado en 1978 para dividir a los trabajadores y desviar las reivindicaciones nacionales de las nacionalidades históricas: Cataluña, País Vasco, Galicia, e incluso de las regiones con clara identidad.
La oposición a la política antisocial del gobierno ha tomado a veces la forma de “reivindicaciones regionales”: En estas elecciones, el voto a los partidos que se han venido en llamar “de la España vaciada” expresa el hartazgo de la población con todos los partidos, a pesar de que los nuevos partidos locales no ofrecen una vía de salida.
Una región destruida por las políticas de la Unión Europea
A la vez que se va construyendo esta autonomía, se van dando los pasos que preparan la entrada de España en la Unión Europea. Un hecho trascendental, porque la aplicación de las políticas impulsadas por la UE –Política Agraria Común y desindustrialización en nombre de la “libre competencia”- es responsable del importante declive de la región.
En este marco, las instituciones regionales han sido incapaces de responder a los problemas de la población. En los últimos diez años, esta comunidad autónoma ha perdido 175.000 habitantes, un 7% de su población. La región ha perdido casi medio millón de residentes (471.093 habitantes menos) desde los años 50, a diferencia de la expansión demográfica que sí se ha dado en el conjunto del país, que ha sumado a casi 20 millones más de habitantes. El 82% del territorio de Castilla y León tiene una densidad poblacional inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado –por debajo de 10 se considera desierto demográfico–, y la región encabeza junto con Aragón el ranking de la despoblación en España.
La huida de habitantes afecta especialmente a la mano de obra más cualificada: el 35,5% de los universitarios nacidos en esta autonomía han emigrado a otra comunidad, un porcentaje superior al de cualquier otra región en España.
Una situación agravada por el cierre de la minería del carbón –sobre todo en León- que ha dejado en el camino más de 5.000 puestos de trabajo en la última década. Los 23 municipios con más relación con la minería perdieron en tres años, según el padrón del Instituto Nacional de Estadística, 2.804 habitantes.
Casi 40 años de autonomía no han servido para desarrollar la región. Las infraestructuras son muy deficientes, con carreteras que llevan casi 30 años en obras y que parcialmente van abriendo tramos inconexos, como la Autovía del Duero, que fue declarada de interés estratégico por la Junta de Castilla y León en el año 1993, o sea, hace 28 años. Y su primera piedra se puso en el año 1997, hace 24 años. Todavía hay tramos que ni siquiera están proyectados.
Con los años, se han agravado los problemas. El transporte público es cada vez más escaso, no hay redes de internet rural, los consultorios locales de sanidad se van cerrando, como las escuelas. Pueblos enteros sin acceso a una sucursal bancaria o incluso a un cajero automático.
Además, ninguna de las fuerzas en campaña –por llamar de algún modo el espectáculo organizado por unos y otros- ha dado respuesta a los problemas que sufre la región y a los que se avistan en el futuro.
Por ejemplo, la gran mayoría de la producción industrial de la región corresponde a la fabricación de automóviles, que contribuye al 25% del PIB de Castilla y León: son 4 factorías: Renault (Valladolid y Palencia), FIAT-IVECO (Valladolid) y Nissan (Ávila) con 26.000 trabajadores directos y 70.000 indirectos, que generan un volumen de facturación de 12.300 millones de euros. Varias de ellas se enfrentan ya a una “reestructuración”, y la implantación del coche eléctrico puede reducir aún más las plantillas o poner fin a todo.
Por la República, por la Unión Libre de Repúblicas
La Monarquía y sus gobiernos han querido, y lo siguen haciendo, enfrentar a los pueblos, fomentando los agravios comparativos, con fiscalidades diferenciadas para fomentar la competencia entre ellas. Desde el punto de vista de los trabajadores y sus organizaciones es más que nunca necesario afirmar los intereses comunes de los trabajadores de todo el país.
El interés común de la clase trabajadora, desde Valladolid a Sevilla, exige la derogación completa de las reformas laborales, la defensa del sistema público de pensiones, de la sanidad pública y la escuela pública, de todos los elementos que realizan la igualdad de derechos.
Al mismo tiempo que exigen la defensa de todas las reivindicaciones particulares, desde la lengua a la cultura y la posibilidad de decidir soberanamente las relaciones a establecer con los demás pueblos del Estado.
El enemigo de todos los pueblos, y el principal obstáculo a las reivindicaciones, es la Monarquía y demás instituciones heredadas del franquismo.
Es por ello que la lucha por la República aúna las exigencias de todos los pueblos y regiones del Estado.
