Nuevamente, como en otros momentos históricos, la inflación se dispara en la economía española. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC), que publica el INE, el aumento acumulado de precios durante los últimos doce meses asciende al 9,8%. El impacto es inmediato sobre las posibilidades de consumo de la clase trabajadora y, por tanto, sobre sus condiciones de vida, que dependen de su salario real, es decir, de su poder de compra. Pero las revisiones salariales, cuando existen, se hacen a año pasado y mientras en 2021 los precios aumentaron oficialmente el 6,5%, la subida nominal de salarios para 2022 que recogen los convenios es del 1,55% en promedio, la de los empleados públicos el 2% y la del salario diferido que son las pensiones el 2,5% con carácter general. Esto es, se imponen unas rebajas salariales del 4,95%, el 4,5% y el 4% respectivamente. La situación es peor para quienes no tienen convenio (1.500.000 según la ministra de Trabajo), a quienes de hecho no se les amortigua o apenas el impacto de la inflación y que, por tanto, verán cómo su capacidad adquisitiva cae más del 6%.
Conviene enfatizar este punto: la inflación -el aumento generalizado de precios- reduce el poder de compra de la clase trabajadora cuando los salarios no aumentan como ella (por eso se llama evolución del “salario real” a la que pone en relación el “salario nominal” -el efectivamente cobrado en la moneda que sea- con los precios). Pero además reduce un poder de compra ya reducido en los últimos años: entre 2009 y 2019, mientras los salarios nominales aumentan un 8,6%, la inflación es del 12,8%, una caída por tanto de los salarios reales de más del 4%.
En consecuencia, las organizaciones de la clase trabajadora no deben permanecer inmóviles ante esta situación, sino que, de forma acorde con lo que motivó su constitución y debe motivar su existencia hoy, han de reaccionar mediante la movilización que, de forma urgente, luche por la preservación del poder de compra de los salarios frente a la inflación. Precisado esto, conviene abordar las causas del aumento de precios para que, más allá de la medida inmediata mencionada de defensa del salario real, se pueda abrir una salida a los problemas económicos que padece la clase trabajadora, de los que la inflación es sólo uno entre otros.
La inflación, resultado de la dislocación del mercado mundial
¿Por qué se disparan los precios? Esta pregunta sólo puede responderse conociendo cómo se determinan los precio
s, cuáles son sus factores determinantes, para lo que resulta imprescindible el análisis que Marx expone en El capital[1], donde revela que los precios no se determinan de un modo técnico, sino social. Y que no se establecen, fundamentalmente, en el momento del intercambio, sino en la producción, en función de cuánto trabajo cuesta, en cada sociedad y en cada momento, producir cada mercancía. Es la ley del valor, que con la determinación social de los precios identifica que se trata, por tanto, de una determinación conflictiva en una sociedad clasista como es la capitalista. Dicho de otra manera, toda sociedad atrasada como es hoy la capitalista se define por estar presidida por una pugna distributiva (a pesar de las posibilidades que aporta la productividad del trabajo, nada está asegurado, todo depende de cómo le vaya a cada cual en el mercado). Trabajadores y capitalistas pugnan por la distribución del producto, de la tarta, que se divide en una parte de trabajo pagado -el salario, con el que viven los trabajadores-, y una parte de trabajo no pagado -la plusvalía, que se apropian los capitalistas-. Pero los capitalistas pelean también entre sí, por la distribución de la plusvalía total entre sus ganancias individuales. Y todo ello se refleja en los precios.
En el número 110 de nuestra revista teórica, La Verdad, publicamos un artículo titulado “La dislocación del mercado mundial y la crisis del capitalismo”, título que define de forma sintética la situación actual a la que ha conducido la supervivencia del capitalismo:
Caracterizamos como dislocación del mercado mundial el proceso por el que las distorsiones de todo tipo que lo definen, provocando su desbarajuste general, un funcionamiento trabado, irregular, que estrangula los circuitos habituales de valorización del capital, impidiendo, en definitiva, que el mercado mundial albergue un proceso de acumulación del capital mínimamente fluido. Dichas distorsiones no son un resultado circunstancial, sino que reflejan la huida adelante del capital ante la estrechez del mercado mundial para su valorización, en un contexto presidido por la exacerbación de la pugna competitiva entre capitales y la agudización de la lucha de clases. Por tanto, están ligadas al carácter crecientemente contradictorio del capitalismo, expresado en la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia formulada por Marx.
En el desencadenamiento de un proceso inflacionario influyen distintos elementos, incluyendo eventualmente aspectos de demanda, pero lo determinante, el aspecto de fondo es la dislocación del mercado mundial, ligada a la crisis del capitalismo. Es decir, no se trata de que la inflación sea resultado de una conspiración capitalista contra el ingreso de la clase trabajadora, aunque efectivamente se utilice la inflación para ello -así como las políticas que dicen adoptarse contra el aumento de precios- sino que el desbarajuste económico propio del capitalismo es lo que provoca una inestabilidad general que se expresa también en los precios. Esta consideración es importante para entender que la única solución de fondo es, obviamente, la superación del capitalismo que no sólo provoca inflación sino en general una devastación cada vez mayor, una destrucción de fuerzas productivas cada vez más sistemática, concretada en particular en el cuestionamiento de las condiciones de vida de la mayoría. Obviamente que mientras tanto resulta imprescindible luchar por todas las reivindicaciones, incluyendo las más elementales, que permitan a la clase trabajadora sobrevivir.
¿Por qué la inflación se dispara más en la economía española?
Mientras que la inflación aquí trepa al 9,8% interanual en marzo (mayor dato desde 1985), en Alemania se sitúa en 7,6%, en Francia en el 5,1%, en Italia en el 7,0%, en Portugal en el 5,3% y en la zona euro en el 7,5%. Resulta pertinente preguntarse por qué. Al respecto, la primera precisión que ha de hacerse es que la guerra contra Ucrania no explica la inflación, aunque sí contribuya a dispararla. Basta simplemente recordar que la guerra arranca el 24 de febrero y el año 2021 ya había terminado con una inflación del 6,5%. Es falsa por tanto la afirmación de la ministra de Hacienda, Montero, de que “el paquete de medidas que aprobó el Consejo de Ministros viene justamente para hacer frente a esta situación provocada exclusivamente por la guerra de Putin”. Más bien hay que decir que la guerra se utiliza como excusa para camuflar los problemas, así como para intentar aplicar las políticas que exige el capital, a un enorme costo para la clase trabajadora.
La explicación de la mayor inflación española que, por ejemplo, la portuguesa -prácticamente el doble-, se debe sobre todo a la regulación estatal aquí, presidida por el hecho histórico de que las mayores empresas, en gran parte procedentes de las privatizaciones, se han beneficiado de un trato de enorme favor desde el Estado (engrasado personalizadamente a través de las llamadas puertas giratorias). El caso de las eléctricas es inequívoco. La agencia Moody’s explica: “los efectos de la subida de los precios de la energía han sido más pronunciados en España que en el resto de Europa porque la factura de la luz está muy ligada a la evolución de los precios mayoristas del gas. Por ejemplo, en febrero, los precios de la energía en España habían aumentado un 43,7% respecto a febrero de 2021, frente al 32% en la Eurozona”. Así, la electricidad sube un 80% en 2021, frente a un 33% en la zona euro (o los combustibles el 52% frente al 43%). Este lazo tan directo entre grandes empresas y Estado se explica, a su vez, porque los gobiernos se niegan a adoptar las medidas que efectivamente permitirían poner coto a por lo menos este factor inflacionario. Y en este disciplinamiento de los gobiernos europeos la UE desempeña un papel crucial, porque impone una política tarifaria que se convierte en un fardo insoportable, revelándose una vez más su condición de “protectorado de EE. UU.” para favorecer a sus multinacionales.
Qué hacer
El capital exige políticas con las que busca beneficiarse tanto de la inflación como del supuesto remedio contra ella. Promoviendo la idea falsa de que el aumento de precios se debe a un aumento de la demanda, ligado a su vez a los aumentos salariales, formula la idea de una espiral inflacionista, sólo atajable mediante el recorte de salarios (aunque también habla de limitar las ganancias, se trata de mera retórica, estamos por ver alguna vez una medida sustantiva al respecto). Incluso la dotación del acuerdo sobre pensiones, por más limitado que sea en conjunto, ya está cuestionándose por el Banco de España y la prensa, planteando que respetarlo significaría un déficit de más de 13.500 millones de euros. Y en esta orientación se inscribe el “pacto de rentas” que quiere aplicar el gobierno. Es decir, bajo la repetida premisa falaz de que los salarios son responsables de la inflación, se persigue preservar en el tiempo su caída real, que es lo que ocurre cuando los salarios nominales crecen menos que los precios de los productos con los que vive la clase trabajadora.
En otros momentos, que eventualmente podrían volver, con durísimas consecuencias sociales, el capital ha impuesto lo que se conoce como políticas monetaristas, que parten de atribuir la inflación a un exceso de liquidez en la economía. De modo que la inflación se corregiría mediante una política monetaria recesiva, concretada en particular en un aumento de los tipos de interés, ante la que el capital financiero se frota las manos por la posibilidad acrecentada de negocio que se le abre, sirviendo a la vez para debilitar a la clase trabajadora, por el mayor desempleo que deriva del parón de la actividad que suponen esos mayores tipos de interés (ya que desalientan la inversión y el consumo, porque su financiación se encarece). Es lo que ocurrió en Reino Unido a partir del triunfo de Thatcher en las elecciones de mayo de 1979, provocando un efecto nefasto para la clase trabajadora británica y contribuyendo también, decisivamente, a disparar la crisis de la deuda externa que estallaría apenas tres años después.
La perspectiva de la clase trabajadora es la opuesta. Más allá del corto plazo, atajar los problemas de inflación está ligado a atajar los problemas de la explotación, fuerza motriz de la acumulación capitalista. Por eso la expropiación del capital, particularmente en sectores básicos como el energético, las telecomunicaciones o las finanzas, es una reivindicación ineludible si realmente se quieren afrontar los problemas. Mientras tanto, frente al hecho específico de la inflación, una exigencia inmediata debe imponerse: preservar el poder de compra. Por consiguiente, debe reivindicarse, desplegando todos los resortes de los que dispone la clase trabajadora, un mecanismo de revalorización automático del conjunto de los salarios nominales acorde a la subida de los precios. No vale el mal menor -es decir, el mal- de aminorar la parte del poder de compra que la inflación recorta, como cuando se propone una revalorización por la “inflación media”. Tampoco se puede apelar a la cláusula de garantía salarial, tan reducida en los últimos años: mientras antes de 2008 el 70% de trabajadores tenían dicha cláusula en su convenio, hoy, según el Ministerio de Trabajo, son sólo el 16%, apenas 1.200.000.
La reivindicación es elemental: la revalorización de todos los salarios, incluidas por tanto las pensiones, debe garantizar el poder de compra, esto es, alcanzar, como mínimo, el aumento de los precios (que el IPC debe recoger efectivamente). Más aún: la fórmula debe ser un aumento el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación razonablemente prevista para el año que comienza, con cláusula de revalorización automática a final de año si la inflación efectiva supera la prevista. Se trata de lograr la escala móvil de salarios, esto es, que en los convenios y en los contratos en general se asegure el aumento automático de los salarios en correlación con la elevación del precio de los artículos de consumo. Porque está en juego que la inflación deteriore aún más la situación de la mayoría de la población, quienes vivimos de nuestro salario. Planteamos que las organizaciones que levantó la clase trabajadora actúen fuera de todo supuesto interés común del conjunto de la sociedad, imposible en una sociedad clasista, basada en la explotación (por eso es positivo que las direcciones de CCOO y UGT no acepten, al menos por el momento, un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que no incorpore cláusulas de revisión obligatorias y generalizadas). Es imprescindible que actúen de forma acorde a su función constitutiva, la defensa de los intereses de la clase explotada, incondicionalmente, hasta el final. Para eso trabajamos.
[1] La potencia del método de Marx no tiene que ver sólo con su solvencia intelectual, complementada por Engels, sino con el hecho de que ellos representan los intereses de la clase trabajadora, que no tiene nada que perder con la comprensión rigurosa de las causas profundas de sus problemas. A diferencia de la burguesía, que dinamita la ciencia económica porque sus privilegios y nuestros padecimientos tienen el mismo origen, que ella necesita esconder.
