(publicado en la Carta Semanal 440)
Por quinto año consecutivo, el gobierno del Reino de España ha aprobado un proyecto de Ley de Presupuestos del Estado basado en la austeridad. Es decir, unos presupuestos de ajuste elaborados siguiendo las órdenes de la Troika y que van a contribuir a profundizar el hundimiento económico, la destrucción de los servicios públicos. Otro 4,5% de recorte en los gastos de los ministerios, una nueva congelación salarial para los empleados públicos (que no han visto una subida de salario desde 2009, y han tenido varias rebajas desde entonces), más recortes de personal en la sanidad, la enseñanza y todas las administraciones públicas (a las que se impone, por cuarto año consecutivo, la prohibición de cubrir las vacantes que se produzcan, excepto un mísero 10% en algunos casos), recortes en el gasto por prestaciones de desempleo… y, según ha desvelado la prensa, una subida del 0,25% para los pensionistas, aplicando ya la nueva reforma del Gobierno mientras finge negociar con los sindicatos, y que legalmente no ha sido aprobada.
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El martes 5 de noviembre, 7 horas después de conocer la sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulando el ERE que supuso el despido de 1.000 trabajadores de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el gobierno valenciano anunció su cierre. “La Generalitat no puede asumir el coste de readmitir a los despedidos (40 millones de euros) y no va a cerrar un hospital o un colegio para mantener RTVV”, declaraba Alberto Fabra, presidente de la Generalitat.
