(publicado en la Carta Semanal 450)
La campaña desatada “en defensa de la constitución monárquica” en ocasión del 35 aniversario del referéndum que “aprobó” la constitución en 1978, no es sino una tentativa de unos y de otros de salvar al régimen podrido que se basa en esa constitución.
(Publicado en la Carta Semanal 449)
Desde esta Carta Semanal en múltiples ocasiones hemos denunciado la campaña del aparato judicial, los grandes medios de comunicación contra las organizaciones sindicales utilizando casos reales o supuestos de corrupción. Es evidente que esta campaña tiene como objetivo inmediato amedrentar y paralizar la resistencia a las agresiones del capital, y como objetivo final destruir las organizaciones sindicales levantadas por los trabajadores. El capitalismo en crisis no puede tolerar la existencia de organizaciones que son un obstáculo para hundir el valor de la fuerza de trabajo.
El Comité Confederal de la UGT ha publicado una resolución saliendo al paso de los ataques que recaen sobre este sindicato y sus dirigentes desde diversos ángulos. Tiene el derecho y la responsabilidad de defender una organización que es patrimonio vital de la clase trabajadora. Aunque, desde nuestro punto de vista, ¿cómo puede hacerse eso manifestando respeto por la Justicia y los jueces, cuando éstos, mientras atacan a la UGT, absuelven a los del Prestige y a la Infanta, avalan los recortes salariales y sociales, dejan prescribir los delitos de los hermanos de Fátima Báñez, etc. etc. etc.? La defensa incondicional de la UGT frente a la campaña reaccionaria es un deber de todos los militantes y organizaciones del movimiento obrero.
Por nuestra parte, entendemos que esta defensa debe ligarse estrechamente a la defensa de los derechos de los trabajadores, a la movilización unida hasta lograr la retirada de la reforma de pensiones, la retirada de la ley Wert, de la reforma local, de las medidas represivas y demás ataques del gobierno Rajoy.
(Publicado en la Carta Semanal 449)
Hace algo más de un mes, en el Consejo Confederal de CCOO, el responsable confederal de pensiones se refería a la reforma de las pensiones que proponía el Gobierno como “el convenio colectivo de 9 millones de trabajadores y trabajadoras”. Tenía razón: se trata del salario (en este caso, diferido) de todas las personas jubiladas, una reforma que sólo ataca a los trabajadores, porque los empresarios no tienen régimen de jubilación.
(publicado en la Carta Semanal 449)
El 29 de noviembre, a las 12,19 h., un agente judicial, acompañado por policías de uniforme, cortaba las emisiones de Canal 9 a lo bruto, sin ninguna consideración por los daños que podía ocasionar a los archivos y los equipos técnicos, que ahora deberán ser valorados.
En ese momento los trabajadores de la TVV llevaban 12 horas dando nuevas muestras de valor: resistieron e impidieron tres veces la desconexión. En esas 12 horas anteriores al cierre ocuparon los estudios y emitieron un programa especial en el que estuvieron acompañados por diputados del PSPV-PSOE, Compromís y EUPV. Éstos criticaron al gobierno Fabra, se solidarizaron con los trabajadores y convocaron una manifestación por la disolución de las Cortes valencianas para la tarde del día 30. Opinaban, era un parloteo crítico al modo de los tertulianos que, como poco, deja indiferentes a los trabajadores, cuando no los irrita o los indigna por su vacuidad. Los dirigentes de UGT y de CCOO mantuvieron un cauto silencio.
¿Pudo haberse impedido el cierre de Canal 9? Sí, pudo impedirse, la situación hubiese girado 180º si los diputados que dicen hablar en nombre de los trabajadores y del pueblo valenciano hubiesen utilizado esas 12 horas de emisión extraordinaria para llamar al pueblo valenciano a concentrarse ante las puertas de los estudios de Canal 9 en Burjasot para impedir el cierre, si los dirigentes sindicales hubiesen llamado a los trabajadores a concentrarse en las puertas de las fábricas, en los polígonos industriales, en los centros de trabajo exigiendo la derogación del decreto de cierre, la anulación del cierre. Eso hubiese dado el tiempo necesario para organizar la ofensiva y derrotar al Gobierno valenciano y defender Canal 9, impedir el cierre. Un cierre antidemocrático que viola la legislación en vigor.
Pero la batalla no ha terminado. La tarde del 30 de noviembre cerca de 100.000 trabajadores, jóvenes, ciudadanos (más de 60.000 dice la prensa), ocuparon el centro de Valencia. La indignación y el odio hacia los gobiernos del PP eran evidentes, Fabra, dimisión; golpe de estado, ladrones y fascistas era lo menos que se le decía al PP y a sus gobiernos. Trabajadores de Canal 9 amenazaron con seguir emitiendo, un par de decenas de trabajadores se han concentrado estos días ante las puertas de Canal 9 porque, dicen, nadie les ha comunicado el despido, lo que es cierto; aún nadie ha sido despedido, sólo algunos trabajadores recibieron un e-mail a las 3 de la madrugada del día 29 informándoles que se les concedía un permiso retribuido.
Y, aunque la posición de los partidos de la oposición parlamentaria en las Cortes Valencianas es demandar elecciones anticipadas… para reabrir RTVV ¡el 9 de octubre de 2015!, según el PSPV-PSOE, los compañeros de Información Obrera del País Valenciano, que no dan por finalizada la resistencia, difundieron una declaración en la manifestación y han decidido proponer al CATP campaña por la reapertura inmediata de Canal 9.
(publicado en la Carta Semanal 448)
La reciente huelga del personal de limpieza viaria de Madrid –a la que pueden seguir nuevas huelgas de otros servicios municipales privatizados, como la que se anuncia del alumbrado público– ha sido objeto de un importante debate en el movimiento obrero. Información Obrera ha publicado un artículo bastante extenso de balance de la misma, que ha sido también distribuido en forma de separata. No vamos a repetir aquí los argumentos de ese artículo – aunque sí recomendamos encarecidamente su lectura y difusión– pero sí vemos necesario volver a considerar el papel del movimiento obrero y de sus organizaciones en la situación actual.
(publicado en la Carta Semanal 427)
Los trabajadores y sindicatos de la limpieza viaria y la jardinería de Madrid decidieron enfrentarse al ERE de las empresas (FCC, Sacyr, OHL) que suponía 1134 despidos y recortes de salario. “Ningún despido, ningún recorte salarial”.
Consiguieron unir a todos los sindicatos para ir a la huelga indefinida, sobre la que no había acuerdo inicialmente.
(publicado en la Carta Semanal 447)
El martes 5 de noviembre, 7 horas después de conocer la sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulando el ERE que supuso el despido de 1.000 trabajadores de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el gobierno valenciano anunció su cierre. “La Generalitat no puede asumir el coste de readmitir a los despedidos (40 millones de euros) y no va a cerrar un hospital o un colegio para mantener RTVV”, declaraba Alberto Fabra, presidente de la Generalitat.
(Publicado en la Carta Semanal 446)
Podía parecer una minucia dentro de la oleada de recortes presupuestarios, pero cuando se descubrió –de manera casual cuando un estudiante con beca Erasmus lo encontró en el BOE– que la partida destinada a las becas Erasmus, que financian las estancias temporales de estudiantes españoles en el extranjero, se había reducido en un 40% –desde los casi 37 millones del año pasado hasta algo más de 15 millones para este curso en el proyecto de Presupuestos del Estado, nadie podía pensar que el ministro Wert se vería obligado a rectificar en cuestión de días. Primero tuvo que decir que las ayudas se iban a concentrar en los estudiantes a los que se había concedido una beca general, y luego tuvo que anunciar que se iban a corregir los Presupuestos para mantener las becas tal cual, aunque sólo –dice– durante este curso académico.
(publicado en la Carta Semanal 445)
El martes 29 de octubre, el Congreso de los Diputados decidió que los pueblos del Estado español no tienen capacidad ninguna para decidir su futuro. Que están atados, y no por una Constitución que se pueda cambiar o sustituir, sino por una entidad previa a la propia Constitución a la que llaman “nación española”, cosa incomprensible pues una nación es precisamente un sujeto soberano con capacidad plena para decidir en cada momento. Con ello, el Congreso niega de raíz la democracia, que sólo existe en el marco de la soberanía.
(Publicado en la Carta Semanal 444)
En los órganos confederales de UGT y CCOO se ha hablado de convocar movilizaciones entre el 17 y el 24 de noviembre, contra la reforma de pensiones que tramitan las Cortes y contra los recortes. Movilizaciones que deberían coincidir con una “convocatoria europea de la CES”.