(publicado en la Carta Semanal 491)
En el momento en que escribimos esta Carta el país esta pendiente del momento en que el govern Mas decidirá publicar en el boletín oficial de la Generalitat la ley de Consultas catalana y promulgará acto seguido el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre amparándose en esta ley. El gobierno Rajoy espera esta decisión para, previo dictamen del Consejo de Estado, dirigirse al Tribunal Constitucional impugnando la ley y la consulta. En el momento en que el TC admita tramitar la impugnación, quedarán suspendidas ambas. Nadie puede prever con certeza los acontecimientos posteriores pero de inmediato esto plantea una cuestión central de democracia: en el marco de este régimen monárquico, de su Constitución y sus tribunales y leyes, es imposible ejercer los derechos más elementales, en particular que los pueblos, en este caso el pueblo catalán, puedan decidir. No es secundario recordar que es el mismo tribunal que el 16 de julio avaló el despido libre y la prevalencia de los acuerdos de empresa sobre los convenios de sector, cuestión justamente caracterizada por las ejecutivas confederales de CCOO y UGT como sentencia que nos “retrotrae a las relaciones laborales franquistas”.
